¿Qué podemos conocer de la realidad social? La ayuda de las ciencias sociales

Iván F. Mejía Álvarez

0. El marco teórico de referencia para nuestra investigación.

Pretendemos mostrar la multifacética convergencia de los diferentes aspectos de la vida social para configurar lo que en general hemos denominado “lo social” de un País. Y dado que lo social posee tantas dimensiones y aspectos en completa unidad, ello exige intentar el análisis de cada uno de ellos distinguiéndolos, primero, para reconocer luego su mutua interdependencia y su recomposición total.

Comenzaremos describiendo en cada caso los elementos primarios, a saber: la población, lo económico, lo social, lo político y lo cultural; de los cuales derivan los secundarios, un conjunto de “indicadores” que nos permiten conocer mejor el problema colombiano, y la posterior confrontación de éste con la reflexión teológica y magisterial. Obsérvese, pues, que en este momento de nuestra investigación prima la investigación socio-analítica (sociográfica, estadística, sociológica...) y que no es éste el momento de hacer valoraciones morales o enjuiciamientos de dicha situación. Eso será objeto del segundo momento de nuestra metodología.

Cuadro sinóptico:

a) Indicadores de Demografía:
 Número de habitantes
 natalidad
 Mortalidad
 Fecundidad
 Estructura de la población

b) Indicadores de Economía:
 Producto nacional bruto
 Ingreso “per cápita"
 Ingreso nacional.
 Índice de precios al consumidor
 Consumo
 Ahorro
 Inversión
 Fuerza de trabajo:
o Productividad
o Ocupación
o Población económicamente activa
o trabajadores asalariados
o Empleadores
o Salarios
 Recursos materiales:
o Minas y petróleos
o Agricultura
o Ganadería
o Recursos naturales
 Balanza de pagos:
o Comercio exterior
o Relaciones monetarias con el exterior
o Pagos por servicios financieros al exterior

c) Indicadores Económico-sociales:
 Vivienda.
 Hábitat
 Ecología,
 Salud
 Educación
 Seguridad social
 Turismo

d) Indicadores Sociales:
 Estratificación social
 familia
 Religión
 Moral
 Delincuencia

e) Indicadores Culturales:
 Educación
 Medios de comunicación
 Religioso
 Étnico

f) Indicadores Políticos:
 Estabilidad política
 Participación:
o Juntas administradoras locales y de A. Comunal
o Veedurías ciudadanas
 Partidos
 Organizaciones comunitarias:
o Sindicatos
o Usuarios campesinos
o Organizaciones no gubernamentales

1. Aspecto demográfico

Este indicador es fundamental porque nos permite conocer cuál es el potencial humano que posee una sociedad. Recuérdese que el organismo oficial de estadísticas del País es el DANE. Además de las informaciones de los Censos, por ejemplo de población y vivienda, elabora frecuentemente su Boletín Estadístico.

La estructura de la población se ve modificada por los procesos de natalidad y mortalidad, que contribuyen al aumento o disminución de la población. La fecundidad indica la capacidad de crecimiento de la población y tiene implicaciones sociales por las dificultades, mayores o menores, que en ella se originan para satisfacer las necesidades mínimas y básicas, o para determinar el factor económico que representa una familia numerosa.

El número de habitantes calculado para el momento en que se escribe este texto (1997) es de alrededor de 37 millones. Un hecho consiste en que desde hace unos treinta años la distribución porcentual por zonas geográficas varió de su predominio rural al urbano, de tal forma que se calcula que hoy más del 60% de nuestra población es urbana. Dicho cambio se debe, en gran parte, a factores como la industrialización que se ha realizado en el País, a la baja tecnificación de la zona rural, y, especialmente en los últimos años, a los “desplazamientos” (La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en asocio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dieron a conocer el 13 de marzo de 1997 el informe sobre el problema en 1996: “El total de población desplazada desde 1985 hasta hoy asciende a 900.000 personas. Las acciones desatadas por los paramilitares han generado un éxodo sin precedentes. Fueron ellos en 1996 responsables del 33% del fenómeno... seguido por el causado por los grupos guerrilleros, que ascendió al 29%, por las fuerzas militares, con un 14%, por diversas causas no especificadas, con un 15%, por milicias urbanas, con un 6%, por la policía, con un 2% y por los narcotraficantes, con un 1%... 36.202 hogares -aproximadamente 181.000 personas- fueron desplazados por la violencia, fenómeno que afecta más a las mujeres y a los niños, que generalmente huyen tras haber perdido al esposo o padre... Los departamentos que más reportaron expulsión fueron Antioquia (45%), Cesar (10%), Córdoba (8%), Santander (7%), Sucre (5%) y Caquetá (5%). Bogotá y los municipios aledaños reciben el mayor número de desplazados de todo el territorio nacional (27%). Las personas que huyen se concentran en barrios subnormales en condiciones de marginalidad y pobreza... Uno de cada 40 colombianos huye de su región por razones de violencia. Las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los atentados y las torturas son, en su orden, las razones que finalmente los han llevado a tomar esa decisión”: en El Tiempo 30103 (14 de marzo 1997) 7A: “En el 96 hubo 181.000 desplazados”).

El crecimiento de la población se atribuye fundamentalmente a los bajos índices de mortalidad que ha ido alcanzando el País como consecuencia de la medicina preventiva, del acceso de cada vez mayores grupos de población a la seguridad social y de los más extendidos servicios públicos y de unas mejores condiciones de vida generales de la población. Se detecta, así mismo, una incidencia alta de los medios anticoncepcionales sobre las tasas de natalidad, aunque ésta y la de fecundidad se consideran “elevadas” todavía en Colombia.
De igual manera, el crecimiento de la población colombiana, que había sido considerado hasta hace poco como uno de los más acelerados del mundo, se refuerza con la amenaza de que podría ser progresivamente mayor si continúan las actuales expectativas de vida al nacer, es decir, el número de años que tiene la posibilidad de vivir una persona, de acuerdo con el promedio de edad de la población (hace 30 años ésta estaba en 58 años para los hombres y 62 para las mujeres; hoy las cifras promedio se han incrementado.).

La estructura de la población es cada vez más joven y crece el número de personas dependientes que deben ser mantenidas por el sector económicamente activo.

Las tasas de fecundidad (número de embarazos por cada mil mujeres) se consideran bastante altas, pero se constata la tendencia a descender.
Las tasas de mortalidad han decrecido, pero todavía se considera grave la situación para los niños entre 0 y 4 años. La de mortalidad mayor, proporcionalmente hablando, la presenta la población mayor de 65 años.
Un factor de gran importancia en este campo lo conforman las “estadísticas femeninas” referentes a demografía, educación, trabajo, salud, legislación, participación socio-política. Debemos referir a nuestros alumnos a obras especializadas sobre el tema (Para una muestra de dichas estadísticas, cf. el texto de Álvaro Montenegro: “Estadísticas femeninas” en El Tiempo (30 enero 1994) 6C, en el que extrae alguna información de la obra conjunta del Ministerio de Asuntos Sociales de España y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: Mujeres Latinoamericanas en Cifras).

El número de abortos en una sociedad evidencia la crisis que ella experimenta en su dimensión de potencial humano. Se considera que el número de abortos se ha incrementado constantemente y es más frecuente el número de abortos provocados que el de abortos naturales, así como es mayor su incidencia en las áreas urbanas que en las rurales. Por eso se considera que es éste un grave problema, para las mujeres que corren ese riesgo, atentando contra su propia seguridad y salud, incluso mental, como por el efecto directo que se obtiene sobre esas vidas que apenas están surgiendo. Los datos que se manejan sobre este aspecto son abultados, pero todavía inciertos y aún, contradictorios.

2. Aspecto económico.

Entendemos por aspecto “económico” de la realidad social, el funcionamiento de todos aquellos elementos que satisfacen las necesidades materiales del hombre. Se trata, sin duda, de un factor que desempeña una función vital en el ámbito de toda sociedad.

Comencemos diciendo que quizás el aspecto más sobresaliente señalado por los expertos ha sido el “cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana” (Este es, precisamente, el título del ensayo del economista y politólogo Andrés López Restrepo, publicado en la revista Análisis Político de la Universidad Nacional de Colombia, 21 (1994) 14-35) ocurrido desde 1990 en la Administración Gaviria, tras cuarenta años de vigencia del “modelo proteccionista” de la economía. La “apertura económica” ha querido dar una reorientación general a todos los elementos que veremos enseguida. Con todo, nos referiremos a los indicadores que mejor permiten detectar no sólo la situación general del País, sino esta situación bajo los efectos de dicha actual reorientación.

El aspecto “económico” se describe en términos de actividad económica: la producción de bienes y de servicios en una sociedad (su totalización anual representa el Producto Nacional Bruto = PNB), a cambio de una remuneración (Ingreso Nacional); se incluyen, además, los demás factores ligados a la producción: la capacitación profesional y la ocupación (lo denominado por ciertos círculos como “recursos humanos”), los recursos naturales y materiales, y el factor del capital. En el mismo contexto ha de considerarse la relación de un país con la comunidad internacional en términos económicos, que se denomina Comercio Internacional, y que incluye aspectos tales como la ayuda extranjera y la asistencia técnica.

El producto nacional es tradicionalmente considerado el indicador fundamental porque revela el grado de industrialización y el tipo de bienes sobre los cuales recaen básicamente los mayores esfuerzos productivos, así como el grado de dinamismo de la actividad económica desarrollada por la sociedad.

Desde este punto de vista puede afirmarse que, en términos macroeconómicos, la economía colombiana ha sido considerada por parte de muchos especialistas una de las mejores de América Latina (Véase el comentario respectivo de Javier Fernández Riva: “cf. informe de la CEPAL en El Tiempo: “La CEPAL divulgó informe preliminar sobre crecimiento. Colombia, entre las mejores economías de América Latina” (18 diciembre 1993) 1B. De igual modo: “La cartera del sistema financiero aumentó 42,5%. ¿Por qué creció la economía en 1993?” en ibid. (11 enero 1994) 6B. Y para ver, sin embargo, la vulnerabilidad de la economía, la ausencia de políticas económicas consistentes e inclusive la importancia de controlar “éticamente” sus posibles desbordamientos, cf. el análisis de Javier Fernández Silva en Prospectiva Económica y Financiera de la semana correspondiente al 23-30 de Marzo de 1997, extractos del cual reprodujo El Tiempo (1 abril 1997) 9B, a quien citamos: “1996, el peor año en el campo económico. Recesión: la culpa fue de los intereses. El hecho de que 1996 pase a la historia colombiana como uno de los peores años en materia económica, será responsabilidad, en gran medida, de las altas tasas de interés que sólo comenzaron a ceder al finalizar el año. “El consultor privado, Javier Fernández Riva... hizo un balance de los resultados en 1996 y señaló que el costo del dinero tiene mucha culpa. „Sería injusto pretender que la única causa del desastre fue la política de elevadas tasas de interés adelantada desde finales del pasado Gobierno. Sin embargo, esa política fue la causa principal de la recesión porque las tasas de interés reales tienen efectos rezagados, pero poderosos sobre la producción...”).

Con todo, si bien el incremento de la tasa ha sido significativo en los últimos años, el crecimiento de la población ha sido grande y no ha permitido un incremento real del ingreso “per cápita”.

El mayor porcentaje del producto nacional, a partir del “redescubrimiento” del petróleo, proviene de su explotación y comercialización, seguido del café y de otros productos agrícolas, lo cual indica que todavía nuestro País es básicamente productor de materia prima y alimentos (sector primario de la producción) antes que de productos elaborados, que han recibido más “valor agregado” (sector secundario), o de servicios (sector terciario de la producción). Con todo, se ha venido notando un incremento constante en los sectores de transformación industrial y de servicios, síntoma del compromiso real del País por incorporarse en el proceso de industrialización.

También es básico el análisis del ingreso nacional. Este permite comprender la situación económica de la población, nos revela su nivel de vida y el grado de capacidad adquisitiva que posee. En este sentido, se puede señalar que este factor ha tenido un crecimiento geométrico en Colombia. Pero, en precios constantes, vemos que el influjo de la devaluación constante de la moneda y del incremento permanente del Índice de Precios al Consumidor = IPC han reducido dicho ingreso a dimensiones menores, sobre todo si se piensa en términos de una economía dinámica y progresista.

Además, históricamente se demuestra que el ingreso ha tenido una desigual distribución entre la población. Sólo una pequeña parte ha tenido ingresos superiores a un salario mínimo mensual vigente= smmv; el medio rural, a pesar de esto, ha sido más favorecido por las variedades en los productos y las facilidades para complementar su subsistencia; lo mismo se puede decir acerca de los hombres, con relación al ingreso de las mujeres, lo cual señala una evidente inferioridad para éstas en términos de participación económica. Con todo, las condiciones de la familia campesina no han sido más favorables por cuanto mayor es el número de sus miembros.

Colombia, en el contexto latinoamericano, no escapa al problema de la concentración del ingreso. A ésta se la puede considerar de “grave” si se considera que un 68% del mismo se distribuye entre un 28% de la población, y que tan sólo un 9% de las personas percibe el 43% del ingreso total.
En relación con el consumo encontramos cómo el conjunto de los gastos, así sean los del gobierno como los de la población, nos permiten conocer el grado de utilización que se hace de los bienes disponibles en el mercado y el margen de dinero que dicho consumo permite para ahorrar o para invertir.
Tradicionalmente en Colombia el presupuesto dedicado a la administración pública ha sido el que más porcentaje ha recibido, y, después de él, el dedicado a la defensa. Según la Constitución Nacional de 1991 el porcentaje dedicado a los ítems sociales (educación, salud, etc.) ha sido determinado y creciente, con una redistribución del mismo en las “transferencias” a los municipios. Pero bien sabemos cuán poco es el destinado a tales aspectos, y cuántos subterfugios o “dificultades” se presentan para que se presupuesten y se ejecuten debidamente. (Para citar un ejemplo de lo que estamos diciendo tomemos el caso de 1993, cuando el “gasto público -según informó oficialmente el Gobierno de entonces- subió más que la inflación” “poniéndose al día con el Emisor, los pensionados y el ISS”: “La seguridad sigue siendo prioritaria: del total de gastos que llegan a $608 mil millones, la mitad se dirigirá a las Fuerzas Armadas y los sueldos de los militares aumentarán en 50%”: cf. El Tiempo (24 de julio 1993) 1B. Era el año del ministro Rudolf Hommes. Véase su posición en “La transparencia del presupuesto de 1993”, artículo aparecido por esa fecha en el mismo periódico, sobre todo lo referente al “tamaño del Presupuesto y el Gasto Social: “Sin embargo, vale la pena señalar que, en 1993, el 38.6% del presupuesto corresponde a gasto social, cifra superior en 7.3% a la participación de 1992”).

De la utilización de los ingresos hay que indicar que la propensión al consumo absorbe casi el total de los ingresos disponibles de las personas que los perciben en Colombia; las razones que poseen las personas de ingresos altos son diferentes de las de ingresos bajos: Mientras en el caso de las primeras existe una clara tendencia hacia el consumo suntuario, hacia los bienes lujosos innecesarios, en el caso de las segundas apenas si alcanza para cubrir sus necesidades en orden a su subsistencia. Sin duda seguimos estando ante un hecho grave, la imposibilidad de que la población en general pueda obtener un ingreso real suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las que la estructura social les vuelve imperativas.

Por su lado, la parte destinada al ahorro es mínima y éste ofrece alternativas muy limitadas; sin embargo, el rendimiento del capital es un factor sumamente alentador para los inversionistas, incluso extranjeros.

El ahorro, por parte del gobierno, es mayor que el que realizan las familias y las sociedades de capital. En cambio, las tasas de inversión son mayores en el sector privado que en el público, índice del predominio de la empresa privada en nuestra sociedad. Debemos hacer notar al respecto que el cambio arriba anotado en la dirección de la economía general del País se ha puesto de manifiesto en las “privatizaciones” de empresas que eran de propiedad del Estado (13 La lista de privatizaciones entre 1991 y 1994, por ejemplo, incluye: Banco de Colombia, Banco Tequendama, Banco del Comercio, Banco de los Trabajadores, Termobarranquilla, Termoeléctrica de Las Flores, Planta Autogeneradora de Mamonal, Copescol, Texpinal, Prodesal, Conastil, Penwalt, Corfidesarrollo, Terpeles, Masificación del consumo de gas, Ferrocarriles Nacionales, Colpuertos, y otras que han estado en proyecto, y en las que la participación del Estado va desde el 11% hasta el 100%, sin incluir empresas en las que ECOPETROL posee participación. El valor total de la venta de las empresas mencionadas, según los informes, ascendió a $3” 433.884‟000.000. La fuente, El Tiempo de diversas fechas).

La inversión en estudios e investigaciones científicas y tecnológicas es ínfima, en un sector que es de importancia si se quieren buscar soluciones a los problemas del país y entrar en los nuevos desafíos mundiales como actores. (En varios países se está abriendo paso la ingeniería genética en busca de soluciones curativas a diversas enfermedades atribuidas a defectos genéticos.). De las otras investigaciones, ni se diga...

El estudio de la distribución y canalización de la fuerza de trabajo del país es indispensable para conocer su grado de productividad y de organización económica para relacionar el aprovechamiento de dicha fuerza con el logro de sus frutos positivos. En primer lugar se ha de considerar la íntima relación existente entre la ocupación (o empleo) y la producción global, ya que un aumento en la producción debería conducir a abrir nuevas fuentes de empleo, y, a su vez, el adecuado empleo de esa fuerza origina el crecimiento de dicha producción, dentro de un sano desarrollo económico.

Se considera como población económicamente activa a todas aquellas personas que, aunque no estén en edad legal para hacerlo, laboran como mano de obra empleada en la producción de bienes y servicios. Los datos nos indican que no hay una adecuada y eficiente utilización de la mano de obra disponible, ni una suficiente y actualizada capacitación en varias áreas, con lo cual se da un número excesivo de personas económicamente dependientes mantenido por una escasa parte de la población que es económicamente activa.

Dado que el número de personas en edad de trabajar crece notoriamente en Colombia, a pesar de los esfuerzos por irrigar más un período mayor de escolaridad, se ve difícil que toda esa fuerza laboral encuentre posibilidades de empleo actual y futuro si no se realiza una planeación racional de la economía que tenga en cuenta la crónica abundancia de mano de obra en el País (“La cifra de desempleo es uno de los indicadores económicos más importantes. Esta aparece publicada cuatro veces al año, usualmente en los meses de enero, abril, julio y octubre, La estadística de desempleo se calcula como el número de personas que no están trabajando pero que están buscando empleo y no lo encuentran (desempleados), como porcentaje de la suma total de personas que están trabajando o están buscando empleo (fuerza labora)... A la gente se le pregunta si trabaja, en qué, cuántas horas a la semana. Y si no trabaja, entonces le pregunta si está buscando trabajo.- La estadística de desempleo tiene varios problemas que la hacen difícil de interpretar como indicador de lo que pasa con el desempleo o con la calidad y composición del empleo.- Un problema es que el entrevistado queda clasificado como empleado con solo contestar que trabaja por lo menos una hora remunerada a la semana... Así, podría suceder que todos los empleados del país pasen a trabajar una hora a la semana y la estadística de desempleo no cambie.- Lo anterior no sería grave si la proporción de personas que trabajan una cinco, cuarenta, etc. horas a la semana no cambiara con el tiempo. El problema es que, por ejemplo, en una recesión económica la gente de pronto trabaje menos tiempo pero la estadística siga contando al mismo número de empleados... - Otro problema tiene que ver ya no con la intensidad de la mano de obra sino con la calidad del empleo o, aún, con qué tipo de empleo sea socialmente deseable... si alguien llegara a contestar en la encuesta que trabaja de sicario o atracando gente en las esquinas, quedaría clasificado como empleado.- Por otro lado, la definición de empleado sólo requiere que haya alguna remuneración a la actividad desempeñada; pueden ser cinco mil pesos a la semana o cien mil pesos a la semana, da igual.- Existe otra estadística, menos conocida y publicitada... Se llama subempleo y mide la proporción de la fuerza laboral que quiere trabajar más horas o que está buscando otro empleo diferente. La estadística de subempleo es complementaria a la de desempleo e indica, en cierta forma, el grado de insatisfacción de la fuerza laboral. En los últimos años, mientras que el desempleo ha permanecido cerca del diez por ciento, el subempleo se ha elevado hacia el catorce por ciento...”: Álvaro Montenegro: “¿Qué cuentan las cifras de desempleo?” en El Tiempo (25 julio 1993) 4C.).

Entre las actividades más generadoras de empleo se destaca aún la agricultura, no sólo por su importancia para la economía global, sino por la escasa tecnificación en la explotación agrícola, y la construcción, que sigue exigiendo mano de obra relativamente poco calificada y remunerada. Podemos decir que en Colombia se observa un proceso de cierta capacitación en la población, pero ésta se orienta principalmente hacia el sector terciario, el menos productivo de la economía y el menos capaz de contribuir a dinamizar el proceso propiamente productivo.

El mayor porcentaje de mano de obra empleada corresponde a los trabajadores asalariados y es mínimo el que corresponde a empleadores. De igual forma, es mayor el porcentaje de trabajadores por cuenta propia, aumentado por el de las mujeres que cada día engrosan en mayor proporción la fuerza laboral. Estas, en efecto, en muchos casos todavía se dedican a labores más o menos artesanales sin salir de su casa, o hacen labores del hogar juntamente con actividades fuera del hogar, e incluso como “jefes” del hogar...

Los adolescentes (10-14 años) participan en buen porcentaje en la fuerza de trabajo nacional. Su escasa protección se agrava por el abandono del ámbito escolar (Cf. “Niños: trabajo mal pagado” en ibid. (27 octubre 1991) 1C.).

El desempleo se encuentra mayormente en la zona urbana que en la rural a causa del exceso de oferta de mano de obra. El subempleo se considera una forma de desocupación disfrazada por una aparente ocupación (Al respecto se puede estudiar con buen provecho el texto producido por el Seminario Interdisciplinar Permanente: Universidad y Marginalidad, promovido por nuestra Facultad de Teología sobre "Ingeniería Industrial y Marginalidad" (Santafé de Bogotá 1997)). Los desocupados acuden a trabajos improductivos, no necesariamente carentes de rentabilidad, pero sí ordinariamente con bajo nivel de utilidad y de estabilidad.

Como ya lo hemos advertido, se detecta que, aún económicamente, la mujer se encuentra en situación de inferioridad e incluso discriminación, al considerar que, aunque sus índices de empleo no se diferencian grandemente de los de los varones, sí percibe salarios menores que los de éstos en todos los casos; y su actividad como madre y esposa, en la práctica, no se le acredita por su valor incluso económico.

Ahora bien: Si se tiene en cuenta el proceso inflacionario que registra desde hace décadas nuestro País -recuérdese la existencia de las antiguas UPACs (hoy UVR)-, bien se entiende que las elevaciones de los salarios no compensen ni la devaluación monetaria ni el crecimiento en el costo de la vida, de modo que realmente se da un desequilibrio en los salarios debido a dicho proceso acelerado de inflación. Y menos puede lograrse un equilibrio que se base solamente en el índice de inflación previsto para el año siguiente o en curso (Tomemos el caso de 1993. En ese año, por decreto, el Gobierno reajustó el salario mínimo en 21,09% y quedó para el año siguiente en $98.700 más un reajuste del 19% en el subsidio de transporte, que pasó de $7.542 a $8.975. Pero, en ese mismo momento se anunció que la gasolina y los servicios públicos aumentarían 19% y el transporte intermunicipal en 15%. Cf. El Tiempo (21 diciembre 1993) 1A, 1B-2B.).

El análisis en este punto, es pues, ya, significativo. Con todo, no se debe concluir lo referente al mismo sin mencionar, al menos de pasada, algunos factores más: los recursos materiales (principalmente el cemento y la energía eléctrica), las minas y sobre todo los petróleos, la agricultura y la ganadería, reportan cierto grado de crecimiento, no obstante los problemas propios a que se enfrenta cada sector. Lo mismo podemos decir, con particular pesar, de los recursos naturales, cada día en mayor deterioro.

En cuanto se refiere al comercio exterior y a las relaciones monetarias con el exterior podemos decir que la balanza de pagos, que indica la relación que tiene nuestro País con los demás y el equilibrio de la misma, la ventaja o desventaja de los intercambios comerciales, se ha caracterizado por un constante déficit, lo cual representa una desventaja en el mercado externo pues nuestras importaciones superan a las exportaciones. Colombia tradicionalmente ha exportado materias primas, con prevalencia de un solo producto, el café, y de nuevo, recientemente, el petróleo. (Se consideró 1993 “año récord” en la exportación de esmeraldas: US$ 400 millones. Cf. Diario Económico en El Espectador (5 enero 1994) 1B). En cambio, la demanda de artículos importados se orienta a los bienes elaborados y a los bienes de capital, no sin olvidar las atractivas tasas de inversión para los mercados internacionales, con lo cual se puede señalar el insuficiente apoyo que se ha brindado al proceso de sustitución de importaciones. Con todo, no ha de olvidarse que se han diversificado e incrementado significativamente las exportaciones. Un detalle adicional al respecto es el todavía escaso intercambio con los demás países latinoamericanos dentro del conjunto de las importaciones y exportaciones, inclusive teniendo en cuenta el Convenio del Pacto Andino. Se ha mantenido, por otra parte, a lo largo de los años una devaluación de la moneda “por cuentagotas” (Cf. Antonio Urdinola: “Nuevo manejo cambiario” en El Tiempo (enero 1997) Sección C, en el que el autor comenta la eliminación del “mecanismo de los certificados de cambio por medio del cual se venía regulando el precio del dólar en el mercado cambiario”).

Por último debemos referirnos al total de pagos por servicios financieros al exterior, lo que se denominan los servicios económicos al capital extranjero. Dichos pagos han correspondido al menos a una tercera parte del presupuesto nacional. El panorama de la deuda externa se ensombrece con las pesadas cargas de interés que se deben pagar por ese concepto, a pesar de las renegociaciones de las deudas y del mayor ingreso de dólares por diversos conceptos. Tales deudas, contraídas inicialmente para impulsar una economía estancada, conservan y mantienen mayores vínculos de dependencia, principalmente con los Estados Unidos de América. Pero se refuerzan tales vínculos con la asistencia técnica y la inversión extranjera. Los sectores energético, de petróleos e industriales son los que mayores compromisos han establecido en este sentido. En efecto, los márgenes de utilidad a dichas inversiones -no exentas las meramente financieras- son amplios y crecientes, particularmente en las áreas de la química y la farmacéutica, el petróleo y las manufacturas (El balance final que hacen los expertos economistas a partir de los aspectos mencionados es el siguiente: “En los últimos doce años la política económica en Colombia vista desde la óptica fiscal ha mostrado un cambio sustancial tanto en sus estrategias como (en sus) objetivos propuestos. Si bien el marco de crecimiento económico muestra una tendencia alcista en todos los agregados económicos, gracias al manejo de las finanzas públicas, el panorama social sigue siendo desolador para la distribución del ingreso. Hoy en Colombia el 50% de las personas más pobres sólo reciben el 18% del ingreso generado por la economía... En Colombia, el bienestar social se asume en los planes de desarrollo económico de las administraciones. Todos, aunque han hablado de la pobreza, la pobreza absoluta y la focalización de los sectores más deprimidos, han fracasado en su intento porque en la práctica las finanzas públicas han tenido que resolver los problemas del crecimiento económico. La lucha por lograr una inflación baja, la estabilidad monetaria, la internacionalización de la economía han hecho que el Estado colombiano, a través de sus finanzas, asuma más el comportamiento de una empresa privada y la salvaguarda del mercado; esto último en finanzas se conoce como el Estado Gendarme; en la medida que los gastos públicos se utilizan en un alto porcentaje para la Seguridad y Justicia, éstos de por sí garantizan la transparencia del mercado, la libre movilidad y competencia de los factores productivos en economías sometidas al juego de la oferta y la demanda... La política fiscal restrictiva viene aumentando la brecha entre ricos y pobres por el lado de la contribución al Estado... La pregunta que queda, a manera de conclusión, es saber si en el largo plazo el crecimiento económico manejado a través de las finanzas públicas traerá aparejado el desarrollo social o, por el contrario, el Estado estará contribuyendo cada vez más a una redistribución inequitativa y, por lo tanto, al fomento de la pobreza”: Especial para el Diario Económico: “Colombia ante el dilema del crecimiento y el bienestar social” en El Espectador (6 enero 1994) 2B.).

3. Aspecto económico-social.

Tratamos aquí factores que tienen implicaciones económicas pero que se refieren directamente al ser humano en cuanto persona social y a sus necesidades básicas.

Y entre ellos, debemos mencionar, en primer término, la vivienda. Este es uno de los elementos que mejor indican el nivel de vida de una población. Se entiende por vivienda el lugar que da albergue al individuo y es el centro para la integración de la familia. Sus condiciones y características revelan el grado de capacidad de una sociedad para responder, en forma adecuada o no, a las exigencias más inmediatas del ser humano y a necesidades planteadas por procesos de importancia social como las migraciones.

El pago de vivienda constituye en Colombia uno de los renglones que más afectan porcentualmente los egresos de una familia (no menos del 22% de las clases de menores ingresos, con incrementos substanciales de esta proporción en las clases de mayores ingresos).

No es de extrañar que el crecimiento demográfico y el alto número de personas por familia determinen que el promedio de personas por vivienda sea de casi seis en la globalidad del País. Principalmente las capitales de Departamento atraen la migración campesina, por lo cual allí se siente más la falta de vivienda y se obliga a la población a vivir en lugares que no pueden siquiera llamarse viviendas, en condiciones deplorables de hacinamiento, ausencia de servicios sanitarios y falta total de higiene, proliferando los tugurios, inquilinatos y otros tipos de alojamientos casi inhabitables, en los cuales es común una anormal densidad de residencia por unidad de habitación, con deficiencia en la disponibilidad de los servicios de agua, alcantarillado, luz eléctrica... (La cobertura de agua potable en 1993, según información oficial, era de 66% y la de alcantarillado del 51%. Las políticas latinoamericanas al respecto se plantearon en la II Reunión de Vivienda y Desarrollo Urbano de Latinoamérica y el Caribe, reunida en Cartagena en diciembre de 1993. Véanse algunos aspectos en la crónica de Gloria Vallejo: “Gobierno dijo que atacará déficit de alcantarillado rural. América Latina buscará plata para agua” en El Tiempo (4 diciembre 1993) 19A. No han de olvidarse las políticas gubernamentales sobre “vivienda de interés social” cuyas metas, según las mismas fuentes, han ido creciendo y “alcanzando”, como señalaba un informe de 1994 (cf. “Aplazan aumento de recursos para vivienda de interés social” en El Tiempo, 4 enero 1994, 1B).).

Ligado a este aspecto de la vivienda, pero considerándolo en un ámbito más amplio y más complejo, se encuentra toda la problemática del hábitat y de la ecología, cuyas implicaciones sociales, culturales y económicas son de relevancia. Se trata de aspectos, sin duda, urgentes, sobre los que falta aún mucha conciencia y decisión de actuar:

Nuestras grandes ciudades, en general, han crecido en desorden, y son muchos los aspectos que las deterioran.

Así mismo, el cuidado por las forestas y el “medio ambiente” natural ha recibido un fuerte golpe debido a la industrialización, a la tala para dedicar terrenos a la agricultura, al efecto de las migraciones, a la demanda de productos narcóticos y a la creciente cantidad de vehículos (Nuestro País ocupa menos del 1% de la superficie emergida de la Tierra. Sin embargo agrupa el 10% de todas las especies animales y vegetales del globo. Con todo, es uno de los 10 países en donde se está extinguiendo un mayor número de especies vivas, y una de las 16 naciones que generan la mayor cantidad de gases que originan el calentamiento de la Tierra. A la falta de conciencia ambiental y de educación se han de añadir, entre las causas de esta problemática el rápido y desordenado crecimiento industrial y demográfico, la continua ampliación de la frontera ganadera y agrícola en zonas de vocación forestal, el uso de tecnologías no apropiadas en áreas vulnerables, y la falta de poder coercitivo en la aplicación del extenso y complejo Código de recursos naturales. Cf. la síntesis de algunos apartes del libro de Claudia BLUM: Última oportunidad (Cali 1993) aparecida en Cromos (13 septiembre 1993) 97-98. Por eso “comienza a hacer carrera la idea de que las guerras del próximo siglo no serán por petróleo sino por el agua... Los científicos señalan al agua como el recurso más valioso del futuro. Depende de todos que conservemos este privilegio”: en: “País del agua” en En cuenta 1 (octubre 1993), publicación del BIC. Sea la oportunidad para recordar que nuestra Universidad tiene una Maestría en estudios ambientales y para el desarrollo.).

Ciertamente, uno de los aspectos más novedosos de la Constitución Nacional vigente se refiere a la participación ciudadana en las decisiones que afectan al ambiente. Nos referimos a las audiencias públicas y a las acciones de cumplimiento, con las cuales, entre otros derechos, los ciudadanos pueden reclamar el cumplimiento de los deberes por parte de las entidades y de los funcionarios que no están actuando conforme a la ley. En esa misma línea, se han creado Ecofondo y el Fondo Nacional Ambiental, que canalizan dineros de ONG, de Gobiernos extranjeros, y del Ministerio de Ambiente, para financiar proyectos y programas de entidades territoriales y de corporaciones autónomas regionales. También el ICFES apoya seminarios y cursos cortos. Se ofrecen créditos para recuperación y protección de cuencas, parques nacionales, monitoreo, cooperación técnica...

Consideremos ahora el aspecto salud. Se trata de otro factor básico en múltiples sentidos y posee también implicaciones fundamentales que nos refieren la situación del País al determinar su capacidad productiva, económica y sus condiciones básicas para responder a diferentes situaciones, indicando el grado de bienestar social e individual que el País ha logrado obtener para sus miembros.

Al respecto ya señalábamos que el nivel general de salud de la población es deficiente, especialmente en el sector infantil, donde las tasas de mortalidad son elevadas por causa de enfermedades de la niñez, la gastroenteritis por ejemplo, y, lo que es aún peor, por desnutrición (Nos permitimos recomendar al respecto el muy completo, incisivo y sugerente texto “Carrera de Nutrición y Dietética y Marginalidad” (1997) fruto del Seminario Interdisciplinario Permanente sobre Universidad y Marginalidad de nuestra Facultad de Teología, Programa de Ciencias Religiosas.).

La zona rural, los territorios indígenas y los negroides, por su parte, presentan una mayor incidencia que la urbana, inclusive marginal, en la desprotección de servicios de salud y en la carencia de elementos destinados a la curación de enfermedades. En ellos se presenta una relación directa entre el grado de instrucción alcanzado y la tasa de enfermedad. Lo mismo ocurre en la relación entre ésta y los niveles de ingreso, lo cual indica que gran parte de nuestra población no logra tener acceso a la consulta médica, ni siquiera primaria, y sí en muchos casos se ven compelidos a acudir a personas que no están capacitadas para la atención médica (“Aprovechando las críticas que se hacen a la medicina alopática, las medicinas tradicionales o folklóricas, junto con otras de nuevo cuño, francamente heterodoxas, han encontrado en todas partes un escenario propicio para exhibirse y recibir aplausos”: Fernando Sánchez Torres: “Un asunto preocupante. Panorama sanitario internacional” en El Tiempo (4 enero 1994) 4A.).

El SIDA es en Colombia una enfermedad que cada día cobra más víctimas. El paludismo prácticamente erradicado, tiene, con todo, en otros países tercermundistas, fuerza de azote, y lo mencionamos por la vacuna que nuestro compatriota ha desarrollado. Y se desconoce generalmente un hecho preocupante que los especialistas advierten, que un buen porcentaje de la población padece alguna forma, más o menos grave, de afección mental (Patricio García Caro, MD.: “Obstáculo para la higiene mental. `Vainazos‟ antipsiquiátricos” en "Lecturas Dominicales" de El Tiempo (30 enero 1994)12.).
En lo que se refiere a los recursos indispensables para satisfacer las necesidades de salud en las zonas rurales se da una deficiencia notoria, aún con las actuales leyes que regulan el sistema general de pensiones y de salud (Ley 100 de 1993, que ampliaremos más adelante) y aquella que favorecen un mayor situado fiscal en todos los municipios, puesto que ellos se concentran en las grandes y medianas zonas urbanas. De igual manera, existe déficit en cuanto al número de hospitales y de camas por número de habitantes. Y la disponibilidad de personal capacitado, especialmente médicos, enfermeras, odontólogos que orientan su acción a la labor preventiva, y no sólo curativa, no sólo está en desproporción frente al número total de habitantes, sino que se ubican preferentemente en las ciudades principales. Por eso, a nuestro juicio, son dignos de particular mención los profesionales de las ramas de las ciencias de la salud que van a trabajar en dichas zonas marginales, aunque la tendencia preferencial de muchos sea ejercer su actividad en los centros urbanos con mayores ayudas tecnológicas. Otros profesionales de la salud tienen una presencia aún menor (bacteriólogos, nutricionistas, ingenieros sanitarios, veterinarios, fisioterapeutas...).

Un país con malos índices de nutrición no puede poseer altos niveles de salud. En Colombia, además de que la población no consume la cantidad de alimentos necesarios para poseer una buena salud, se ha conducido por un tipo de régimen alimentario inadecuado con exceso de harinas y escaso equilibrio proteico. De ahí el uso de alimentos poco nutritivos y de escasas vitaminas. Fuera de las raíces y los tubérculos, como la yuca y la papa, y los azúcares, la mayoría de los productos nutricionales faltan en la alimentación de la generalidad del pueblo colombiano, inclusive en sus clases de mayores ingresos.
Pasemos ahora a la educación. Entendemos por educación todo el proceso de transmisión de cultura entre generaciones y entre comunidades por medio del cual se instruye y se forma el hombre para su autonomía y autorrealización en la vida social. Se trata de un indicador social que nos permite conocer el grado y el nivel de capacitación que ha alcanzado una población y, a la vez, el potencial que posee de formación para el futuro.

La educación está regulada en Colombia mediante la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y la Ley de la Educación Superior (Ley 30 de 1992).
El acceso a la educación en Colombia se halla restringido a muchos por diversos factores (Cf. “Educación, el gran embudo” en El Tiempo (16 febrero 1992) 1E.), comenzando por la escasez de recursos destinados a este aspecto dentro de los presupuestos del Estado (“La Misión Social quiere referirse y aclarar las informaciones del artículo titulado „Salud y Educación: migajas y las cenicientas del gasto‟... que incluye cifras inexactas e incompletas sobre la evolución y los niveles de gasto en los sectores sociales... A partir de 1970, el gasto público en educación en pesos constantes tuvo una fase de crecimiento permanente hasta la mitad de la década de los ochenta, seguida por un período de estancamiento hasta el año 1991, luego del cual se presentó un vigoroso crecimiento que elevó su participación en el PIB al 3,6%, uno de los más altos registros históricos...”: Misión Social/ DNP: “DNP defiende gasto social” en El Tiempo (15 mayo 1994) 10C. El texto termina con una Nota de la Redacción que dice: “La información publicada por El Tiempo, el lunes pasado... se basó en el informe final „El gasto público en salud y distribución de subsidios en Colombia‟ elaborado por los investigadores de Fedesarrollo... Así mismo, se tomaron datos del documento „Educación, mercado de trabajo y desarrollo en Colombia‟, elaborado por algunos investigadores de Fedesarrollo”. De hecho, la Contraloría General de la República había señalado que “en el período 1990-1994, el gasto público social en su conjunto ha perdido participación en el Presupuesto General de la Nación... La Contraloría advirtió también que el sector de la educación ha perdido significativamente participación en la distribución de los recursos... en promedio (consiste) en (un) promedio del 2,51% del PIB...”: “Gobierno disminuye recursos en gasto social” en El Tiempo (23 octubre 1993) 2C.), y continuando por los bajos ingresos de gran parte de la población. Estos factores inciden en que las personas tengan que convertirse en población económicamente activa abandonando su formación o sin capacidad de pagar por ella. Se ha buscado un mayor alcance y participación de la población para que ésta acceda a niveles educativos más altos.

Comparativamente con otros países, Colombia se ubica en una posición intermedia; pero sus presupuestos dedicados a cultura, recreación y educación son bastante bajos.

A pesar de ello, la inversión en lo educativo en, por ejemplo, la educación superior, es mínima (3%).

Las experiencias de “escuela nueva” y “escuela abierta” han producido buenos efectos generales, reduciendo la ineficacia de procesos que duran entre 17 y 19 años y generan tal deserción escolar. Hay que mencionar también a este propósito, los avances impulsados por los cambios introducidos en la Constitución de 1991 como la obligatoriedad de la educación primaria hasta el noveno grado.

No hay duda, por otra parte, de que uno de los campos que requiere una participación apropiada del Estado es éste, precisamente, el de la educación, pues se trata de uno de los bienes públicos que, por su naturaleza, no puede confiarse exclusivamente a la iniciativa privada. Sostienen los expertos, además, que “la principal forma de aumentar el ingreso real de una población consiste en el incremento de la productividad... y el conocimiento aumenta la productividad...” (Miguel Urrutia, en un editorial de la Revista del Banco de la República, citado por El Tiempo (4 enero 1994) 3B: “Las economías educadas producen más. Educación no puede ser solo privada”, con cuadro comparativo de niveles de educación de personas de 15 y más años en varios países, según la CEPAL (1989).).

En lo que se refiere al tipo de preparación y de especialización que se está dando en el País, -indicador que permite reconocer con qué potencial humano capacitado contamos y hacia qué sectores se pretende orientar los intereses individuales-, podemos señalar que, a nivel de la educación secundaria, existen grupos muy importantes dedicados a la capacitación técnica industrial, con tendencia a un incremento cada día mayor (“Según el ICFES, del total de colegios del país, el 51% se ubica en la categoría de rendimiento bajo; el 32% en medio, y tan sólo el 17% en alto, lo que refleja el bajo rendimiento de un alto porcentaje de bachilleres en el país”, titulaba El Tiempo (22 noviembre 1993) 17A, su informe sobre el análisis del nivel académico de los planteles de educación media en todo el País.). En lo que se refiere al nivel de educación superior, han aumentado, sin duda, los estudiantes de humanidades y ciencias sociales, pero el mayor número de egresados proviene de las ingenierías (A vía de ejemplo, mencionemos la información de nuestra Universidad en 1997: “Según la oficina de Admisiones y Registro de la Universidad Javeriana, Ingeniería Industrial, Electrónica, Medicina, Comunicación, Arquitectura y Derecho son las carreras más apetecidas por los nuevos estudiantes. Ingeniería Industrial es la carrera que más llama la atención entre los bachilleres. Este año entre hombres y mujeres se inscribieron 542 aspirantes y fueron admitidos 184 estudiantes. Le siguen en su orden Ingeniería Electrónica, Medicina, Arquitectura, Comunicación Social, Derecho y Estudios Musicales. En Estudios Musicales se presentaron más hombres que mujeres. Las carreras preferidas por las mujeres fueron Bacteriología, Psicología, Arquitectura, Comunicación, Derecho y Diseño Industrial. En Medicina fueron admitidos (sic) este año más mujeres que hombres”: en: Hoy en la Javeriana (enero 1997) 5.). Todavía es insuficiente el número de profesionales de diferentes áreas respecto del conjunto de la población, especialmente en el campo de la educación. Últimamente se han venido incrementando las facultades que ofrecen derecho, medicina y odontología...

Por el contrario, encontramos que la capacitación pedagógica de los educadores de las diversas ramas es muy baja, sobre todo en la educación primaria y en la media, aunque apenas se está tomando conciencia de esta necesidad imperiosa (Cf. Ingrid MILLER DE CEBALLOS, de la Universidad Pedagógica Nacional: “Fallas en la calidad docente” en El País (9 febrero 1992) 7C.).

Se ha dicho respecto a la educación “no tiene norte educativo” a propósito de la falta de incentivos, de los vigentes programas curriculares y de las condiciones para estudiar: plantas físicas deterioradas, no hay bibliotecas, faltan ayudas didácticas, existe poca participación de la comunidad, y la intensidad del año escolar se ve notablemente reducida... (El estudio en el que participaron Enrique E. Batista, María Eugenia Villa, y otros, denominado “Calidad y futuro de la educación en la región de planificación del Occidente colombiano”, que bien puede extenderse en diversos aspectos al resto del País, fue galardonado con el Premio a la investigación Universidad de Antioquia”. Puede verse un resumen de algunos de sus aspectos en “Algunos proyectos educativos no tienen ningún apoyo y pueden perderse. El occidente no tiene norte educativo” en El Tiempo (11 enero 1994) 15A.).

Los últimos puntos que trataremos en relación con los aspectos económico-sociales tienen que ver con lo que denominamos seguridad social. Se trata de un conjunto de mecanismos mediante los cuales la sociedad protege a los individuos contra riesgos acarreados por diversas circunstancias adversas, compensándolos y asignándoles medios de vida suficientes para un mayor bienestar. Es, igualmente, un mecanismo que busca distribuir el ingreso. La legislación colombiana, especialmente el régimen de Ley 100 de 1993 ha querido reorganizar lo que desde hacía cuarenta años y más existía a este respecto en pensiones y en salud. Está, pues, el marco legal, pero aún falta que los grandes sectores desprotegidos, los que se encuentran en las peores condiciones y necesitarían más de estos servicios, lleguen a quedar integrados en estos avances hacia su verdadera dignificación. Los proyectos gubernamentales han insistido en que la mayoría de la población quedará cubierta por la seguridad social en el año 2000 (¡!).

En efecto, el porcentaje de la población que pertenece a un sistema de seguridad social es pequeño aún, aunque creciente, y se concentra, sobre todo, en el ISS. Esto significa que buena parte de la población no económicamente activa está marginada de todos estos servicios de salud y de pensión, especialmente si nos referimos a aquellas edades en las que con más urgencia se plantea la necesidad de esas ayudas. Mayor y mejor seguridad se ofrece, sin embargo, en lo que se refiere a los servicios de salud, que en los relativos a la estabilidad del empleo y al desempleo, a la vejez, a la viudez y al subsidio familiar. La protección de la infancia se ha desarrollado bastante en los últimos años. Pero, por supuesto, los sectores de mayores ingresos obtienen una mayor cobertura de servicios sociales, con despilfarro aún de los mismos (Los sistemas de “salud prepagada” han pasado por épocas de auge y de depresión. Aunque un poco viejo, es ilustrativo el reportaje sobre la “salud prepagada” en El Tiempo (29 diciembre 1991) 1F.), siendo que, para ser efectivos, la relación de dichos servicios para los más necesitados de ellos, debería ser a la inversa. De ello son testigos las zonas rurales. Pero se debe reconocer que las inversiones en estos campos han crecido especialmente con la creación de los Fondos Privados de Pensiones y las EPS (El ISS, como las demás EPS, no está obligado legalmente a atender casos de beneficencia, y su función básica consiste en darles protección a sus afiliados. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló en 1993 que “la caridad, ennoblecedora virtud, que así constituya un deber para todo cristiano, sólo puede ejercitarse con el propio peculio de quien lleva a cabo el acto caritativo y no con los bienes públicos, o ajenos, y so pretexto de amparar un derecho fundamental”: cf. El Tiempo (16 diciembre 1993) 13A. En cuanto a las cotizaciones, las de jubilación, a partir de 1996 quedaron en 13,5% del salario, y quienes ganen más de cuatro SMMV hacen un aporte adicional de 1% para el Fondo de Solidaridad que cobija a las personas de bajos ingresos que no alcancen a pagarlo. Así también, la edad de jubilación, para quienes continúen afiliados al ISS quedará en 55 años para las mujeres y en 60 para los hombres. Pero, a partir del año 2014, estas edades se incrementarán a 57 años para las mujeres, y a 62 para los hombres. En cuanto a la salud, los aportes se fijaron en el 12% del salario.).

Dentro de estos aspectos digamos, por último, algo referente al turismo. Revela la apertura del País hacia el exterior y la promoción que el País hace ante propios y extraños. Posee una dimensión económica en términos de beneficio material y producción de riqueza, y una dimensión social en razón de sus implicaciones de transformación o descomposición social referidas a la dimensión económica.

En términos generales podemos decir que el flujo turístico se ha mantenido con cierto crecimiento a pesar de situaciones coyunturales. Se ha orientado principalmente hacia las ciudades de la Costa Atlántica y San Andrés, aunque ya están insinuándose otros polos, como la región cafetera. Las perspectivas son halagüeñas en términos económicos, pero el impacto social y moral no ha sido suficientemente analizado, inclusive en sus connotaciones ecológicas (Cf. “La apertura le puso „alas` al sector: ANATO. Turismo muestra signos de recuperación” en El Tiempo (4 enero 1994) 2B.).

4. Aspecto social.

Comprende todos los factores en los que el individuo interviene como ser en relación con otros individuos.

Entre los diversos factores se menciona, en primer lugar, la estratificación social. Esta consiste en el conjunto de posiciones que ocupan los individuos dentro de una sociedad. Su estructura se encuentra determinada por el grado de dinamismo y de flexibilidad que dichas posiciones adquieren. Cuando tales posiciones varían se produce la denominada “movilidad social”, lo cual puede ocurrir en forma “vertical” (una persona pasa de una posición a otra ubicada en un grado diferente de inferioridad o de superioridad) u horizontal (la persona pasa de una posición a otra ubicada en el mismo nivel). Para determinar esta estructura se utiliza técnicamente como criterio el tipo de trabajo desempeñado por los individuos según la escala ocupacional.
Conforme a esta descripción, Colombia ha presentado un carácter de sociedad tradicional, dividida por estratos rígidamente definidos que han mostrado escasa posibilidad de cambio de posiciones entre sus integrantes. Con todo, existe una clase media con cierta movilidad, que le permite acceder a la clase alta gracias, sobre todo, a factores de índole preferentemente económica.

La proporción de población ubicada en estratos socialmente bajos es notoriamente alta respecto a los sectores medio y alto, que comprenden una proporción mínima dedicada a ocupaciones de los sectores secundario y terciario de la economía, mientras que aquéllos tienen ocupaciones del sector primario productivo. En realidad, cada vez se nota más la existencia real de dos estratos opuestos, ya que la clase media se encuentra permanentemente dispuesta a engrosar la clase alta.

Así también, los factores de movilidad social son, básicamente, la ubicación geográfica y los procesos de urbanización y de industrialización, que demuestran la permeabilidad del sistema a los cambios de posición social.
En razón de estos factores, los analfabetos son un sector que ve notablemente restringida su posición y ascenso en la escala social, menguándose notablemente su participación en los diferentes ámbitos. De igual modo, el acceso a la escolaridad marca las posibilidades de ascenso a sectores privilegiados. Así mismo la migración a la ciudad ocasiona diversos tipos de movilidad vertical y horizontal.

Por otra parte, la familia, considerada unidad fundamental de la sociedad, refleja muchos aspectos de ella, y, más aún, los explica.

La familia colombiana conserva una gran importancia comparativa frente a otras instituciones, y cumple funciones que, en otras sociedades, realiza el Estado.

El grado de integración familiar es básico para la formación social del individuo, determinando su futuro comportamiento interactivo. Este grado de integración se refleja en el número de miembros que la conforman, en el tipo de vínculo que une a los padres, y, en cierta forma, también los índices de fecundidad de la población. Veamos estos aspectos.

En Colombia se presenta la forma de estructura familiar “extendida”, en la que los miembros de la familia son, muchas veces, además de los padres y los hijos, los otros parientes. Ello determina el elevado promedio de componentes de una familia. En la zona rural este promedio es más alto, conservado por las pautas tradicionales. Allí mismo es mayor la integración familiar, cosa que no ha ocurrido en la familia urbana gracias a las condiciones adversas con la que ésta ha tenido que enfrentarse para impedir su descomposición.

La religión y en especial la religión católica es un factor de una gran importancia en nuestro País. Ella ha influido para determinar por ejemplo que, en buena parte de su tradición, el matrimonio socialmente aceptado fuera el matrimonio católico. A este respecto las estadísticas son inseguras, puesto que muchos no confiesan la ausencia de tal vínculo, contestando, simplemente, que los encuestados son “casados”.

Íntimamente unida a la religión ha estado en Colombia la moral que se funda sobre principios del orden de fe y de la recta razón. Debemos referirnos, una vez más, -y a él remitimos-, a nuestro Curso de Introducción a la Teología Moral Fundamental, en el marco del cual elaboramos las nociones de “ética” y “moral”, así como hacemos un diagnóstico más detenido de la situación moral colombiana, y así como penetramos en el problema del que tratan autores contemporáneos, el del “vacío ético” de nuestra sociedad (Mencionemos, simplemente, como ejemplo de muestra de este aspecto de la sociedad colombiana, un punto protuberante, si bien, todavía -esperamos- no generalizado: de Carlos G. Álvarez: “Análisis. Honradez, cuánto valés”: “¿Le enseña usted a sus hijos a ser honrados? ¿a proceder con rectitud e integridad? ... Se equivocan quienes piensan que las personas honestas pasaron de moda...”: en El Tiempo (1 agosto 1993) 5B.

El tema de la unión entre religión y moral en Colombia, además de haber sido tratado por el P. Gerardo Remolina en su exposición sobre “el vacío ético en la sociedad colombiana”, también fue examinado por Fernán E. González: “Ética pública, sociedad moderna y secularización. Una mirada desde la historia de Colombia”. Ambos artículos en la obra de AA.VV.: Colombia, una casa para todos (Bogotá 1991).).

Un factor social de gran importancia es la delincuencia. Ella es causa de otros graves problemas sociales y refleja el nivel de seguridad del país.

El número de delitos cometidos anualmente en varias de sus especificidades es quizá el más elevado en promedio (y en números absolutos) entre muchos países. Especialmente el de homicidio, que es la primera causa de muerte en varios años consecutivos, ascendiendo hasta cerca de 28 mil.

El incremento de delitos expresa una profunda situación de inseguridad y de violencia social. Digno de especial mención, por sus secuelas así como por la ignominia que expresa, es el caso del secuestro, del cual sufren en la actualidad muchos colombianos y extranjeros en nuestro País. Se han pedido altas penas para los culpables, pero, en verdad, sólo se llega a juzgar un mínimo de personas implicadas y reconocidas (La Corte Constitucional ha cuestionado en varias ocasiones la falta de resultados en materia de investigación criminal y en lo que se refiere a la sanción de los autores de ese crimen. Apenas un 4,35% de los secuestros conocidos por la policía culminaron con sentencia condenatoria. Cf. John GUTIÉRREZ: “El por qué de los 60 años de prisión para delitos de secuestro y homicidio” en El Tiempo (18 diciembre 1993) 14A.

Los procesos “penales” llegan a tardar en sus diversas etapas, hasta 1200 días; en lo civil, hasta 938 días; en lo laboral hasta más de 1600; y en lo de familia, hasta 4153, según los datos elaborados por la Universidad Nacional -Departamento de Matemáticas y Estadística- en asocio con el Consejo Superior de la Judicatura. De ahí se comprende por qué “es evidente, entonces, que una de las mayores preocupaciones de la administración de justicia es allegar y encontrar pautas que permitan agilizar las etapas de los procesos”. En lo penal, “los procesos más frecuentes tienen relación con los delitos contra el patrimonio económico -hurto, estafa, extorsión, fraude mediante cheque-; el hurto calificado y agravado y los homicidios y las lesiones... En lo civil, (por) las consecuencias que trae el cambio de defensor (durante) el estudio de un expediente. (así como) las audiencias de conciliación en los despachos judiciales... En lo laboral, los motivos más frecuentes de desacuerdo llevados a los estrados son los despidos injustos, la indemnización, la terminación del contrato, la jubilación y las prestaciones sociales... En asuntos de familia... la mayoría de procesos de esta naturaleza están relacionados con separación de bienes, divorcios, separación de cuerpos y liquidación conyugal... y alimentos...”: en El Tiempo (13 abril 1997) 14A.).

Así mismo, han aumentado las quejas por la violación de los derechos humanos, ya no sólo por parte de los grupos terroristas y narcotraficantes, sino por las propias Fuerzas Militares y de Policía (El denominado Alto Comisionado de la Policía, recogiendo los informes de la Procuraduría General de la Nación al respecto, señaló que existe un alto grado de violaciones a los derechos humanos. Más de 1500 casos en 1991. Ciertamente, la Policía se encuentra por todo el País, y las quejas contra ella no se dejan esperar. Pero...).
En un sólo año (1993), y en una sola ciudad (Cali) hubo 478 homicidios en accidentes de tránsito (Cf. Occidente (11 enero 1994) 2A.). Y, a nivel de desaparecidos, en esa misma ciudad y en el mismo año, fueron reportados más de 300 (Ibid.).

No menos importantes son las “coimas”, sumas considerables que se ofrecen y reciben para adjudicar contratos, o para no imponer multas establecidas por incumplimientos en los mismos. ¡No podemos cuantificarlas! (Que el fenómeno no se dé exclusivamente en Colombia, sino también en países como Estados Unidos y México, ha puesto a pensar a muchos más: cf. Jaime LOPERA GUTIÉRREZ: “Caras de la corrupción. Mordida, serrucho, soborno...”: en Lecturas Dominicales de El Tiempo (1 agosto 1993) 2-3.).

En cuanto al sexo, la diferencia es bastante grande con relación a los delincuentes: baja proporción entre las mujeres, alta entre los hombres. Por el contrario, la diferencia entre personas sentenciadas y el incremento de delitos no es demasiado grande, con lo cual se compensa, en parte, la situación.
Un factor que se estima importante con relación a la comisión de delitos es la ocupación o no del delincuente. A este respecto, los trabajadores por cuenta ajena, en primer término, y luego los trabajadores por cuenta propia, forman quizá la mayor parte de los sumariados y condenados. Se ha incrementado enormemente el número de delincuentes menores de edad.

5. Aspecto cultural.

Entendemos aquí por cultura el conjunto de normas, valores y objetos materiales considerados como válidos para una sociedad y transmitidos por dicha sociedad a sus miembros a través del proceso de socialización. Como puede notarse, esta concepción no coincide exactamente con la que propone GS 53ss, y ello será objeto de nuestro examen en clase. La noción que hemos expuesto nos es muy útil para examinar algunos aspectos de nuestra situación colombiana.

Y, en primer lugar, a la educación, por ser un factor fundamental de la socialización. Como ya hemos tratado sobre el tema, referimos a nuestros estudiantes a lo dicho.

Otro factor contemporáneo importante de socialización son los medios de comunicación, especialmente los masivos. Indican el progreso técnico alcanzado por la sociedad y la apertura hacia la información de cuanto ocurre en el propio país y en el mundo.

Hasta 1950 el predominio en este campo lo ejerció la prensa escrita, aunque ya desde 1930 se había introducido la radiodifusión. El influjo mayor de la televisión comenzó hacia 1960, y desde los „80s de los medios informáticos y computerizados. Aun cuando todavía existen zonas que reciben influencia importante de los medios más tradicionales de comunicación, con todo el ámbito de los medios electrónicos es cada día mayor, particularmente en los grupos económicamente más fuertes, y se puede considerar el peligro de que la dirección de dichos medios y su propiedad se concentren aún más en pocas manos.

El índice de asistencia a cine es bastante elevado, lo cual se entiende en parte, por las pocas formas de recreación social existentes, las cuales, en muchos casos, se reducen sólo a ésta. Hoy se acude cada día más a las TIC como internet como recurso no sólo para información sino también para la recreación.

Las publicaciones especializadas son muy escasas en Colombia y las de libros muy costosas, incluso las de los editados en el País.

La elaboración y distribución de videos, etc. hechos en el País, es nula, no así la de discos de músicos y cantantes colombianos.

Dentro del aspecto cultural también hay que destacar campo religioso, al cual nos hemos referido antes. Sirva la oportunidad para destacar el así llamado “hecho católico” de la sociedad colombiana, cuyas normas, valores y creencias, lamentablemente no siempre en forma muy consciente, se han difundido, hasta llegar a tener un peso social en la consideración del conjunto de los problemas y de las situaciones del País; de esa manera, existe ampliamente un estricto control del cumplimiento externo de sus pautas, llegándose en algunos casos al uso de la sanción social. Junto con la religión católica, se han incrementado notablemente otros grupos religiosos cristianos con un ámbito de influencia importante, así como otros judíos, e inclusive musulmanes, y, por supuesto, grupos de espiritualidad hindú, animistas, “ecuménicos”, indiferentistas, agnósticos, ateos, etc., que actúan en la vida social colombiana y reclaman el debido respeto a sus convicciones, como, por otra parte, lo defiende la Constitución Nacional de 1991, y lo reconoce y claramente lo expresa, por supuesto, dentro de la obligación moral de las personas a buscar la verdad y en especial la verdad acerca de Dios, el Concilio Vaticano II.

Un último campo que debemos mencionar es el étnico. Hemos mencionado ya el origen predominantemente triétnico de nuestra población, lo cual la ha caracterizado con unos rasgos distintivos de heterogeneidad y de mezcla de razas, de tal modo que es bien difícil hablar hoy de razas puras, aunque sí se puedan diferenciar grupos étnicos subculturales: La costa atlántica, los llanos, etc. A grandes trazos podemos decir que una parte considerable de la población fue formada por la mezcla de blancos y aborígenes, y luego vienen los grupos, blanco, mulato y negro.

La situación en la escala social de aquellos grupos que no son blancos o mestizos es, en general, y a pesar de las normas de la Constitución Nacional, de inferioridad, y, en muchos casos, su participación en la vida social es restringida.

6. Aspecto político.

En este factor se incluye todo cuanto tiene que ver con las fuerzas, las instituciones y la forma de organización de una sociedad a quienes se les reconoce como poseedoras de la autoridad más amplia y última de esa sociedad, de modo que establezcan y mantengan el orden, ejecuten los propósitos conjuntos de sus miembros y concilien las diferencias que se originen entre ellos.

Este indicador, por tanto, nos refleja la forma en que una sociedad se ha organizado y ha distribuido el poder, y el grado de participación de sus componentes que ella misma se ha dado.

El primer y principal aspecto que habríamos de resaltar es el de la reforma constitucional realizada en 1991, que produjo, en realidad, una nueva Carta Constitucional de la República, con relación a la centenaria de 1886. Cambio que se produjo por vías “novedosas” de la expresión popular no violenta (“El valor jurídico del acto, hoy está fuera de toda duda; y por lo mismo la obligación moral de acatar la Constitución. No es igualmente claro su valor democrático. No se conoce el pensamiento de las mayorías reales que conservan siempre su derecho a nuevas manifestaciones democráticas que reafirmen o reformen lo actuado en un determinado momento de la historia del país”, decían los Obispos en la Asamblea Extraordinaria con motivo de la Nueva Constitución (cf. El Catolicismo -13 octubre 1991- p. 1). El encabezado de la noticia en la edición de El Tiempo respectiva era el siguiente: “Evaluación de los obispos de Colombia. La Constitución falló en el aspecto religioso. Con el texto „Reflexiones sobre la Nueva Constitución‟, los obispos hacen „un juicio objetivo de la Constitución, desde el ángulo de la fe católica y de la doctrina social de la Iglesia, y que sirva de orientación a los católicos”.).

En efecto, un aspecto notable entre los países latinoamericanos es la estabilidad política de nuestro País, signo de su madurez política y de sus posibilidades hacia el futuro. Se ha tratado de una de las trayectorias relativamente más tranquilas con sólo un derrocamiento de gobierno realizado durante el siglo XX.

Sin embargo, entre los años 50 y 60 se dieron luchas partidistas que dividieron de modo insospechadamente violento al País. Lucha que quiso ser neutralizada por la creación del Frente Nacional, que unió en el poder a los partidos liberal y conservador.

No ha de olvidarse, de otra parte, la lucha por el poder que han entablado los diversos grupos guerrilleros, asunto sobre el que volveremos más adelante.
La participación política es otro elemento a tener en cuenta. Se considera que el voto es una forma eminente de expresarse la democracia. A este respecto debemos señalar la evolución que se ha dado en cuanto a la edad y al sexo y a otras condiciones para votar, ahora en 18 años, tanto para mujeres como para hombres.

Con todo, los índices de votación son bajos, causantes de la falta de intervención y de participación de los colombianos y muestra de la pasividad, el desinterés, la desilusión y la ignorancia que a muchos caracteriza. En casos recientes y de mucha monta se piensa que apenas un 30% de la población ha expresado en el voto su opinión. La abstención ha crecido, aunque las mujeres han significado una parte sustancial de los resultados. Cuando se miran las razones de los abstencionistas se encuentran, entre otras, la simple falta de interés por las elecciones, especialmente entre los ciudadanos entre 23 y 30 años, y el descontento con los candidatos propuestos, especialmente entre los ciudadanos entre 50 y 60 años. Algo semejante ocurre, con relación a la primera razón, entre las mujeres, y con relación a la segunda, entre los hombres. Por clases sociales se puede decir que la alta poco sabe por qué vota; la media, expresa su descontento con el sistema; la obrera, manifiesta su descontento con el candidato; la baja, su falta de interés.

La nueva Constitución de 1991 alentó la consolidación de un “estado social de derecho” más participativo, en el que se consagran, además de las elecciones de representantes del pueblo, otras formas de expresión del mismo pueblo en las decisiones sobre los asuntos más importantes que les propongan los gobernantes o que ellos mismos propongan (La Constitución entera debería ser leída y analizada. Recordemos sólo algunos pocos textos de la misma respecto a nuestro punto: Art. 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Art. 2.: „Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo... ” Véanse también arts. como el 95 y el 103, por ejemplo.).

Con todo, se piensa que son a veces tantas las exigencias para una actuación originada en los mismos ciudadanos para alcanzar tales medios constitucionales, que, en la práctica, poco fue lo que se avanzó. Sobre tales mecanismos nuestros alumnos también podrán animarse a investigar y aportarnos en clase.

Con relación a los partidos hay que señalar que las elecciones realizadas a partir de 1990 han querido expresar un cambio no sólo en el sistema electoral utilizado sino en las maneras de proceder en la captación de los votos, pues uno y otras más han indicado el apoyo electoral de los partidos liberal y conservador, que la cuota de poder que les corresponde. En efecto, se considera por parte de muchos expertos que las fronteras ideológicas y doctrinarias entre los dos partidos, liberal y conservador, se encuentra actualmente muy diluida. Tal hegemonía no ha impedido el surgimiento de otros partidos, como la ANAPO, y aquellos provenientes de la desmovilización de antiguos grupos guerrilleros.

Hechos como los recién anotados tienden a demostrar que el grupo abstencionista no está compuesto por personas por principio renuentes a la participación política, y que se trata, más bien, de individuos que poseen un concepto político de dicha abstención y que se movilizan ante la presencia de nuevos estímulos. Esto tiene especial validez cuando se trata de la población urbana, pues en el sector rural se presentan reales impedimentos como las distancias de los puestos de cedulación, la falta de inscripción, etc.

Con todo, las formas de participación y de acceso de los ciudadanos en la cosa pública no se agotan en los partidos políticos: individuos, grupos y aún el gobierno mismo del Estado han dado origen a organizaciones comunitarias que reúnan los esfuerzos hacia unos fines predeterminados por ellas mismas, tanto en el campo como en la ciudad, y a escalas nacional, regional, departamental, municipal, local y aún vecinal o funcional. Entre estas formas asociativas debemos mencionar, por ejemplo, los sindicatos, las juntas de padres de familia, la acción comunal, los usuarios campesinos, las juntas administradoras locales, gremios, etc.

En Colombia, como en otros países, los sindicatos surgieron como organizaciones de los obreros que canalizaron su actuación sobre la vida social y sobre el poder político. Aquí surgieron después de la Primera Guerra Mundial por iniciativas de la izquierda. Pero pronto se respondió con la fundación de sindicatos de inspiración cristiana, inicialmente en el ámbito campesino y luego entre los obreros. Estos organizaron, inclusive grupos de Juventud Obrera Católica. Con tales movimientos se fundaron Centrales obreras como la UTC y la CTC, hasta llegar a nuevas organizaciones y confederaciones como las actualmente existentes (Confederación General de Trabajadores Democráticos= CGTD; Central Unitaria de Trabajadores= CUT; Confederación de Trabajadores de Colombia= CTC; Confederación de Pensionados de Colombia= CPC).

La tasa de sindicalizados no ha sido muy elevada, a pesar del creciente número de personas que ingresan a la fuerza laboral. Con todo, los sindicatos, en razón de su politización y del descrédito en que han caído algunos de sus dirigentes, han perdido auge y eficacia.

Algo similar puede decirse de las organizaciones de usuarios campesinos, creadas originalmente como política del Estado para mejorar la situación del sector rural a través de asociaciones y el desarrollo de un plan nacional. La infiltración marxista que tuvieron hace varios años terminó dividiéndolas y enfrentándolas, hasta asumir una connotación más política que social.
Las juntas administradoras locales, fruto de las reformas políticas recientes a los municipios colombianos, han cobrado importancia, con sus veedurías, asignación de recursos para obras, etc.

Con relación a los denominados “gobiernos escolares”, “asociaciones de padres de familia”, y otras nuevas formas de participación generadas por la Constitución de 1991, nuestros alumnos encontrarán puntos de propio interés en sus investigaciones. (En nuestra Universidad, dentro del Sector Pastoral, ha venido trabajando un grupo de universitarios denominado “Ser-Paz: Servicio Universitario Javeriano para la Justicia y la Paz”, que ha tomado diversas iniciativas, entre ellas, la de mejor conocer y animar a una mejor puesta en práctica de la Constitución Nacional.).