APROXIMACIÓN A ALGUNOS FACTORES DE PODER Y VIOLENCIA EN COLOMBIA (1948-1997)

Equipo Ecoteo - Publicaciones

Carlos Enrique Angarita.

El presente capítulo forma parte del libro (del mismo autor): Estado, poder y Derechos Humanos en Colombia, Editorial Códice, Corporación René García, Bogotá 2000.


En el presente capítulo queremos aproximarnos a una caracterización de cómo ha funcionado el poder dentro de la sociedad colombiana, tratando de identificar, de manera especial, el papel y el peso real del Estado dentro de esa pugna por el mismo. Con esta reflexión aspiramos a plantearnos más adelante la pregunta sobre cuál es el sujeto garante de los derechos humanos en nuestro país y en qué medida real el Estado puede serlo o puede llegar a proponérselo.
Para el caso colombiano -como para el de la mayoría de países latinoamericanos- sería insuficiente pretender asumir una comprensión de la lógica del poder acudiendo a la referencia abstracta del Estado Moderno, dentro de un esquema de pensamiento en el que, diríamos, nos confrontamos con un paradigma previamente establecido. En cambio, más objetivo y fructífero nos parece adelantar una explicación de cómo nuestro trasegar histórico se ha insertado conflictivamente con la práctica del poder que ha propuesto la cultura moderna, en tanto nuestras élites dirigentes han recurrido a ella al menos como su modelo teórico a lo largo de la historia nacional pero, al fin de cuentas, haciendo su propia interpretación de dicho modelo. Esta interpretación sui generis se ha reflejado, fundamentalmente, en el uso de instrumentos materiales de fuerza más allá del régimen legal y en la radicalización sustantiva de la ley bajo normas extremas de vigilancia y castigo. En este capítulo nos interesa desarrollar la primera parte de lo enunciado; la segunda será objeto del siguiente.
A este respecto nos parece muy oportuna la apreciación del filósofo e investigador social Helio Gallardo: "Resulta improbable que pueda hablarse de un Estado latinoamericano actual. El Estado es no sólo una estructura, sino sobre todo su funcionamiento, y éste varía de acuerdo a antecedentes y a factores económico-sociales y culturales específicos. Igualmente, su funcionamiento se relaciona muy estrechamente con la situación social o coyuntura larga" (nota 01).
Esta alusión nos permite clarificar algunos criterios centrales para entender cómo se expresa de manera sintética el poder en la formación de un Estado.
En primer término, se trata de mirar el funcionamiento del Estado, pues la estructura del mismo no nos da cuenta de su naturaleza: el Estado se constituye de acuerdo con su comportamiento social, no tanto conforme a su ordenamiento interno, de tal suerte que un mismo aparato, instancia o institución estatal puede operar o cumplir funciones distintas en una u otra sociedad, modificando así el contenido formal que representa.
En segundo lugar, se nos propone que el conocimiento de dichas funciones se alcanza a través de la lectura de factores o de hechos producidos por agentes varios, a través de las relaciones económico-sociales y a lo largo de la producción de sentidos (cultura) que se incorporan en esa sociedad determinada. Lo cual implica la identificación de los acontecimientos "fundantes" de esa sociedad y de su expresión de Estado correspondiente.
Y en tercer lugar, esos hechos que configuran el funcionamiento estatal se manifiestan no en el corto plazo, sino en la "coyuntura larga", esto es, en eventos de más o menos extensa duración. En consecuencia, una descripción nos exige remontarnos lo necesario para lograr la reconstrucción de su secuencia histórica fundamental.
Siguiendo esos pasos podremos llegar a precisar lo que es objeto de nuestro interés : si es factible o no, hablar de Estado Colombiano o del papel que ha jugado éste en el ejercicio del poder en Colombia.
En este punto asumimos, junto con Rodrigo Losada, que el poder no se tiene (como bien se podría presumir al hablar del Estado) sino que se ejerce (nota 02), y al entender quiénes y cómo lo han hecho y lo hacen en nuestro país, tendríamos claridad sobre la existencia o no del sujeto real de los derechos humanos.
Inicialmente asumimos una idea de poder que implica relaciones de "superioridad/subordinación" en la que por los menos dos sujetos se relacionan de manera asimétrica y uno de ellos logra modificar las formas de actuar, de pensar y de sentir del otro, mediante diversos mecanismos. En particular vamos a encontrar que el tipo de subordinación predominante en el caso de Colombia, ha supuesto el uso primordial y recurrente de la fuerza y de la amenaza de parte de las instancias que se han constituido en superiores, lo que Losada llama estrictamente "poder" (nota 03). Por esta última razón asumimos este concepto de poder, aunque no desconocemos y aceptamos otras nociones, una de las cuales asumiremos más adelante en línea de propuesta.
Para la recopilación de nuestra secuencia histórica, a fin de explicar la práctica del poder en Colombia, tendremos como referencia principal el 9 de Abril de 1948, fecha en la cual se sintetiza el culmen de una etapa y el inicio de otra desde cuando se privilegiará sistemáticamente el uso de la violencia como forma de ejercer el poder o de hacer política. Esta nueva etapa la dividiremos en 4 fases, donde van apareciendo, según nuestro criterio, ingredientes adicionales para ese uso recurrente de la fuerza, poniéndose en evidencia, a su vez, cambios sustantivos en las relaciones económico-sociales y en las formas y funciones del Estado.
1ra. FASE: LA VIOLENCIA (1948-1960).
La violencia es la forma fundamental como se ha ejercido el poder en nuestro país. Ésta ha aparecido en la dinámica nacional no de manera espontánea y fortuita sino, al contrario, dentro de cauces que progresivamente han ido mostrando mayores niveles de organización y sofisticación. Bajo la impronta de la violencia se han tratado de determinar los destinos del país, en uno u otro sentido, por unos y otros grupos, incluído el Estado, por medio de los sucesivos gobiernos que lo han controlado en los años recientes de nuestra historia. En razón de que diferentes sectores de la sociedad optaron por la violencia como la forma primordial de hacer política nos encontramos con la realidad de hoy día : una guerra dentro del país donde se entrecruzan diferentes violencias, después de cuarenta años de confrontación ininterrumpida.
Para explicarnos el fenómeno actual, aunque bien podríamos remontarnos hasta el siglo pasado en búsqueda de sus raíces más profundas, en función de nuestro interés y en aras de evitar discusiones innecesarias según nuestro objetivo, nos basta comprenderlo en su última etapa, desde la llamada Violencia a partir de los años 40. Todavía es objeto de examen el asunto de las continuidades entre las guerras del siglo XIX y las del siglo XX en Colombia, como para aventurar una tesis que sostenga el engendro de las mismas en la dinámica interna de nuestra sociedad, desde la formación de la República (nota 04).
Siguiendo la periodización que propone Gonzalo Sánchez podemos señalar como un tipo de guerra el vivido entre los años 40s y los años 60s, a partir de una crisis permanente del país, que se va traduciendo en la confrontación cada vez más abierta entre las clases dominantes y las clases subalternas. El autor encuentra como rasgo común con las guerras civiles el que la dirección ideológica de las mismas la llevan a cabo las fracciones de la clase dominante, a través de los dos partidos tradicionales, pero establece como elemento diferenciador que esta vez la conducción militar la hace el pueblo, particularmente los campesinos, de tal manera que no hay un solo dirigente de la oligarquía que se haya desempeñado como jefe militar durante la Violencia (nota 05).
Aunque no es posible precisar un momento claro de inicio -como bien lo indica Daniel Pécaut (nota 06)-, para nuestro análisis definimos como referencia especial del proceso de Violencia el 9 de Abril de 1948, día del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y del consecuente levantamiento de masas en Bogotá, la capital del país. Los acontecimientos de ese día son el resumen de una serie de fenómenos que van a desencadenar La Violencia y que interpreta muy bien Herbert Braun en una reconstrucción crónica de los hechos del Bogotazo.
Para Braun el 9 de Abril representa la ruptura definitiva entre "el país político y el país nacional". Ese día la multitud, compuesta por clases medias asalariadas y desempleados (la coalición urbana que quiso formar Gaitán), se olvidó de ser liberal o conservadora y se levantó para atacar los edificios públicos del Estado, las iglesias y los comercios, porque, quizás inconscientemente, "...querían invertir todo lo que conocían y destruir lo que antes había sido respetable. Lo que había sido legítimo dejó de serlo. La multitud se apoderó y sistemáticamente destruyó todos los símbolos de poder, injusticia y exclusión, que antes habían aceptado con tanta deferencia" (nota 07) .
"La conducta de las multitudes en Bogotá la tarde del 9 de Abril significó que se rehusaban a regresar al pasado, a retroceder la distancia que ya habían recorrido. Pero el pueblo no podía seguir su camino sin Gaitán" (nota 08).
De tal manera, el movimiento murió con el caudillo, porque el movimiento era eso, era caudillista, o era el mismo caudillo. Lo social se acababa de derruir porque el movimiento obrero, que había sido el más fuerte, carecía de autonomía : o había dependido desde su nacimiento sindical del liberalismo o dependía de Gaitán, y entonces con él moría. En consecuencia las aspiraciones democráticas perdieron toda posibilidad de materialización y se trasladaron a la fórmulas guerrilleras que, aunque en un primer momento estuvieron manipuladas por gamonales politiqueros y por la propia policía, prosperaron en la medida en que no se podían alcanzar sus objetivos en la sociedad a través de otros medios.
El 9 de Abril, en cambio, las masas dejaron intactas las grandes propiedades de los sectores dominantes. Entonces ellos no fueron identificados como enemigos del pueblo sino en tanto partícipes del poder del Estado. Dicha percepción permitió que de ahí en adelante los líderes de los partidos tradicionales tuvieran un margen de maniobra para destruir el símbolo que atentaba contra la legitimidad de su poder político (el del caudillo), el mismo que se opuso al bipartidismo y quería abrir la democracia. "Sin proyecciones democratizantes, lo único que quedaba para movilizar y desmovilizar al pueblo era la violencia, la cual es el método del último recurso en la historia" (nota 09).
La pugna durante los años de La Violencia estará alimentada por la defensa de las banderas partidistas, nuevo eje aglutinador, pues la instituciones estatales aparecían como "culpables" del asesinato de Gaitán. En torno a la causa del partido en verdad se adelantaba la defensa de intereses económicos de los grandes gremios y las aspiraciones políticas personalistas de algunas figuras nacionales. Muchos colombianos murieron (alrededor de 300mil, se estima) pero la mayoría de ellos desconoció los verdaderos móviles de la guerra civil.
Al insistir en convocar a las masas en torno a la identidad partidaria, los sectores dominantes consiguieron desmantelar la ideología de regulación estatal, referente simbólico que de algún modo pretendieron constituir entre 1930 y 1942. El esfuerzo por hacer del Estado la instancia convocante en aquellos años, se echaba por la borda mediante una nueva estrategia que erigía al partido como la razón por la cual el colombiano medio entregaba su vida, mientras los gremios económicos conseguían internamente acuerdos bipartidistas e ingerían de forma desmesurada las decisiones de Estado que más les convenían. Al respecto reflexiona Daniel Pécaut :
¿Qué relación hay entre esta profesión de fe liberal, este poder de los gremios y la violencia ? Simplemente : Que las élites económicas contribuyen desde un comienzo a despojar al Estado de su función simbólica de regulación en el campo económico ; que estas mismas élites están en capacidad de adaptarse a la crisis institucional y en especial a la del Estado ; y que además pueden tolerar el desarrollo de una lucha partidista que no las afecta directamente (nota 10).
EL FONDO DEL CONFLICTO : LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL CAMPO.
Entonces, ¿qué disputaban las élites? ¿Cómo fue que despojaron al Estado de su "función simbólica de regulación en el campo económico"?
El conflicto social y económico -el móvil real- se había generado a partir de los profundos cambios en la estructura de tenencia de la tierra y por la producción capitalista que se introduce en ella durante estos años. Este fenómeno está reseñado en dos disposiciones legislativas de contenido distinto.
Por un lado, "la Ley 200 de 1936 expresaba en forma ambigua las dos vías que podía seguir el desarrollo del capitalismo en el campo colombiano. Si por una parte se prescribía la distribución de aquellas tierras que no estuvieran explotadas por sus dueños, por otra se le otorgaba a los grandes propietarios un plazo de diez años para que se decidieran a explotar sus predios en forma capitalista, es decir, con base en el trabajo asalariado. Para forzar la rápida transformación de los terratenientes la ley prohibía las rentas en trabajo, en especie y el pequeño arriendo en dinero. Se sentaban así algunas bases para la posterior generalización del trabajo asalariado..." (nota 11).
El efecto de esta ley fue notorio en "la siembra de pastos y el aumento de la ganadería extensiva en aquellos territorios que pudieran caer bajo el dominio de colonos. En este sentido, Mardonio Salazar afirma que "frente a la pretensión de atentar tan rudamente el derecho a la propiedad (...) el propietario se defendió : se hizo ganadero" (nota 12).
Daba la impresión, entonces, que "López quería demasiado : que los terratenientes dejaran de devengar rentas y obtuvieran plusvalía, que de propietarios rentistas pasaran a empresarios. Y este camino sería seguido por algunos, mas no por todos" (nota 13).
La resistencia se convirtió en presión permanente de los grandes hacendados para derogar dicha reforma que alcanzó sus propósitos con la ley 100 de 1944, la cual "prohibió los cultivos permanentes por parte de los aparceros y restableció el pleno derecho de propiedad de los terratenientes, que podían lanzar a sus arrendatarios en caso necesario, restableciendo algunas normas de evaluación de las reformas introducidas por los últimos. La misma ley les prorrogó a los terratenientes por cinco años el plazo fijado por la legislación de 1936 para presentar la prueba de explotación adecuada de los latifundios. En la práctica, la prórroga se prolongó hasta la conformación del Incora, casi 20 años después. (...)" (nota 14). De esta manera el Estado apoyaba al mismo tiempo el desarrollo capitalista en el campo y la gran propiedad y los protegía frente a las aspiraciones democráticas del campesinado...
El Estado otorgó muchos incentivos para el nuevo modelo de explotación del campo : "Entre las medidas adoptadas figuran el crédito subsidiado, cuyo volumen se duplicó entre 1940 y 1945 y se multiplicó por cinco para la ganadería, como también el aumento del gasto público que se elevó de $9 a 70 millones e incluyó obras tan importantes como la readecuación de tierras en Armero, una de las primeras regiones que saltaría al cultivo comercial de algodón, la represa del Neusa y el Distrito de riego de Coello y Saldaña. Además, se brindó financiación barata para la importación de maquinaria a partir de 1945 y asesoría técnica y protección arancelaria de 1948 en adelante, restringiendo aún más la competencia extranjera contra la producción de la propiedad terrateniente. Como parte del plan de desarrollo de 1940, la Caja de Crédito Agrario fue separada del Banco Hipotecario Agrícola, aumentadas sus reservas de capital y facultada para otorgar préstamos de largo plazo con tipos de interés del 1 y el 2% menores que los comerciales, o sea, tasas del 5 y el 6% al año, préstamos que en muchos casos se convirtieron en cartera morosa de la Caja" (nota 15).
Pero la agricultura y la ganadería siguieron produciendo poco y caro hasta 1945. De este año en adelante se inicia la mecanización de algunas regiones en el campo, con la importación de tractores, que se quintuplica después de la guerra mundial. El cultivo de la caña de azúcar ocupa 140.000 hectáreas (30% de la superficie del Valle del Cauca) ; en el valle de Armero se cosechan a gran escala arroz y algodón mientras que se expanden la siembra de trigo, cebada y la ganadería en la Sabana de Bogotá. Complementariamente se desarrollan industrias lecheras en los valles de Ubaté, Chiquinquirá, el Valle del Cauca, la regiones de Rionegro y la Ceja, en Antioquia, la misma Sabana de Bogotá y las tierras fértiles del departamento del Atlántico (todo lo cual representa el 15% de las tierras del país). Con todo, este gran cambio significó un aumento de la producción agrícola de un 3% entre 1945 y 1949, que va a descender entre 1950 y 1951.
Los años de mayor auge representan el despegue de la agricultura comercial y, por tanto, la consolidación de un nuevo sector de la burguesía dedicada a esa actividad (representando al nuevo gran arrendatario en el campo). Se opondrá a los intereses tradicionales de los terratenientes y estos dos, a su vez, mantendrán una seria tensión con los oligopolios industriales.
Desde el punto de vista social se estaba produciendo la expulsión de los campesinos de las tierras y la migración progresiva hacia pequeños y medianos centros urbanos, hacia algunas grandes ciudades y hacia nuevas zonas de colonización, montaña adentro. Dicho proceso tan vertiginoso acaeció en medio de la creciente violencia, pues no podía ser de otra forma.
Así la industria, fundamentalmente artesanal, ya que en el 63% de ella predominaba la mano de obra, empezó a crecer gracias a la sobreoferta de la misma, garantizada por la existencia de entre un 12 y un 15% de desempleo, proveniente de la emigración del campo a la ciudad. Mientras que la productividad y los ingresos empresariales aumentaban, los salarios reales en este sector caían en un 11% entre 1948 y 1954, política basada en la represión y persecución a la organización sindical. Reflejo de ello es que los salarios pasan de representar la mitad del producto nacional en 1945 al orden del 38% en 1954.
Los cambios en la estructura de propiedad que ya se habían operado y la propuesta de librecambio económico que inauguraba Laureano Gómez terminó siendo una política económica en franco deterioro durante el régimen militar de Rojas Pinilla, quien de manera pragmática fue tomando medidas coyunturales muy de acuerdo con las presiones de los distintos sectores de la burguesía, acostumbrados ya en este entonces a "usar" los mecanismos estatales para impulsar sus proyectos específicos de acumulación (nota 16).
Este agresivo y rápido proyecto de acumulación por parte de los sectores élites (terratenientes, industriales y comerciantes agroexportadores) fue posible en virtud de su decisión para armarse a través de los chulavitas y de los pájaros. Por los primeros, desnaturalizaron el carácter público de la defensa ciudadana que podía representar la policía -aparato estatal- en la medida en que esta institución terminó profundamente involucrada en la contienda; por los segundos, se sentó el precedente de la defensa autónoma de los agentes privados que le disputan el monopolio de la fuerza al Estado y que será el antecedente más inmediato del fenómeno actual conocido como paramilitarismo.
La interpretación general de esta situación la sintetizan Sánchez y Meertens en la siguiente discusión:
"La tesis del 'derrumbe parcial del Estado' de Oquist no está lejos de la tesis de la 'disolución progresiva del Estado', planteada por Daniel Pécaut, aunque los mecanismos que explican uno y otro proceso sean bien diferentes. El 'derrumbe' de Oquist se explica por la desintegración de aparatos institucionales, tales como el aparato judicial, el aparato armado, el parlamento, etc. La 'disolución' de Pécaut está, en cambio, ligada al debilitamiento del papel interventor del Estado como mediador y unificador de (y entre) las clases dominantes en beneficio de los más poderosos organismos gremiales, cafeteros e industriales. El derrumbe de Oquist es resultante del grado anormal de enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales. La disolución de Pécaut es el resultado de la creciente implantación de un modelo liberal de desarrollo económico que hace perder al Estado su carácter autónomo, fragmentándose su poder en manos de 'diversas corporaciones económicas'" (nota 17).
Si bien "no están lejos", las dos interpretaciones no son completamente coincidentes. La explicación de Oquist presupone en buena medida la preexistencia de un Estado relativamente fuerte que se desintegró por un enfrentamiento interpartidista, que lo califica de "anormal", pero cuyas causas terminan por no ser desveladas. La tesis de Pécaut, en cambio, plantea un desacuerdo entre las clases dominantes sobre el papel del Estado en relación a sus intereses económicos particulares y de, fondo, sobre la validez o no de construirlo o de obtener los beneficios buscados mediante otros mecanismos, lo que a la postre sucedió en el período analizado. Desde aquí se puede entender el porqué de la lucha entre los partidos, es decir, los objetivos económicos y políticos que estaban en disputa.
Como lo veremos, en adelante sobrevendrá una lenta discriminación de la violencia, como un hecho de dominación desde arriba (lo cual implicó una serie de acuerdos básicos sobre las divergencias que traían las diferentes fracciones élites), de la violencia como rebelión desde abajo (o las expresiones más o menos cualificadas de resistencia y oposición al poder que se instauraba). Esta manera de ver las cosas en el caso colombiano, la introdujo Camilo Torres Restrepo con su ensayo La Violencia y los cambios socio-culturales en las áreas colombianas, presentado en 1963, en el Primer Congreso Nacional de Sociología, realizado en Bogotá.
2da. FASE: EL FRENTE NACIONAL (1960-1974).
El Frente Nacional fue un proyecto de dominación política de los sectores élites de la sociedad colombiana, algunos de los cuales habían protagonizado la reciente violencia que acabamos de describir (nota 18). Durante 16 años, además de la cuota de poder dentro del Estado, estos sectores salvaguardaron sus márgenes de utilidades en la actividades económicas que desempeñaron, garantizando índices regulados de acumulación, aunque ninguno lograra imponer su plena hegemonía en ningún terreno. En la medida en que las clases dominantes no incurrieron en los exabruptos que habían cometido anteriormente, el aparato Estatal recuperó algunas funciones estabilizadoras en la convivencia social y en la vida política, mientras que el uso de la fuerza desde las instancias oficiales se concentró contra quienes se oponían al acuerdo de las cúpulas.
Simultáneamente, nacerá con una identidad más definida y se irá cuajando a modo de poder subalterno, la insurgencia armada, con expresiones orgánicas diferenciadas a consecuencia de serias polémicas y de sectarias posiciones ideológicas, aunque teniendo de común denominador su carácter autónomo y contestatario con respecto al poder dominante, que a toda costa hará prevalecer sus privilegios y un difuso proyecto de reconstrucción del Estado.
LA ESCASA ACCIÓN SOCIAL EN EL NUEVO PROYECTO POLÍTICO.
Una buena referencia para captar la conducta del establecimiento frente a la crisis general que aún se vivía, es el análisis a la Comisión Especial de Rehabilitación, creada en Septiembre de 1958 e integrada por 7 ministros del gabinete y bajo la coordinación de un Consejero Presidencial, con la misión de preparar y ejecutar el plan de rehabilitación en las zonas afectadas por la violencia (nota 19).
Un primer aspecto a considerar de esta Comisión, que estuvo en funciones hasta diciembre de 1960, fue la dicotomía que estableció entre pacificación y rehabilitación, lo cual se tradujo en una discordia frente a la destinación de los recursos, bien para programas de desarrollo social o bien para el control del orden público mediante el robustecimiento del aparato represivo. De acuerdo con las actas de la Comisión, esta divergencia se dirimió desde Abril de 1959, en favor de la segunda causa.
En segundo término, era manifiesto el temor de que si se desarrollaba un programa de inversión social de envergadura, se despertarían expectativas más allá de las que podía y estaba dispuesto a colmar el Estado, según lo advertía el entonces ministro de Obras Públicas, Virgilio Barco: "las medidas sobre ocupación de tierras en zonas afectadas deberían adoptarse en forma muy prudente, pues de otra manera se corría el riesgo de revivir una situación que en alguna parte ya se encuentra prácticamente estabilizada si no solucionada ... pero que ante una medida oficial tendiente a restituirlos de inmediato en sus posesiones primitivas podrían regresar en masa provocando un problema social" (nota 20).
Un tercer aspecto que afectó la acción de esta Comisión fue la puesta en término de la Comisión de Paz -como se le conocía- o Comisión Nacional Investigadora de las causas de la Violencia, a comienzos de 1959, en tanto le correspondió asumir asuntos de orden político tales como la amnistía y los procesos de negociación, que se confundieron y le restaron energías a las tareas de rehabilitación para las cuales había sido creada.
En cuarto lugar, la Comisión se encontró en la práctica con la necesidad apremiante de ampliar su cobertura más allá de las zonas declaradas como de violencia, lo que en realidad no podía llevar a cabo dados los nimios recursos económicos con los que contaba ella y el Estado en su conjunto. Además, dicho reconocimiento ponía en evidencia que el problema traspasaba los límites que inicialmente se habían delimitado.
Y, de otro lado, ya para entonces se presentó la disyuntiva en la aplicación de los rubros entre los criterios técnicos de los Comisionados y los intereses politiqueros de los gobernantes regionales, pues estos últimos debían satisfacer las demandas bipartidistas y controlar situaciones inminentes de desorden público.
Estas situaciones y comportamientos que se repetirán en momentos posteriores de nuestra historia, nos demuestran la escasa decisión política de los sectores dirigentes para impulsar desde el Estado un proyecto verdaderamente nacional, es decir, que respondiera a las aspiraciones de otros sectores sociales distintos a los suyos y que habían sido víctimas profundas de la confrontación civil acabada de suceder. Sus esfuerzos, en cambio, tenderían a consolidar el proyecto político bajo el control restringido de los dos partidos, que se repartían milimétricamente la burocracia estatal y que pretendían nuevamente devolverle la confianza al ciudadano promedio sobre la bondad y validez del Estado como símbolo y representación de la unidad Nacional.
ARRAIGO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA POLÍTICO CLIENTELISTA.
Como acabamos de afirmarlo, el sistema político que entra en vigencia en Colombia desde 1958 se caracteriza por ser cerrado a la participación de las mayorías del país. Este sistema, en sus elementos medulares, no se ha modificado, así hayan ocurrido intentos de reformas o efectivamente se hayan llevado a cabo algunas, como las introducidas en la nueva Constitución de 1991. De tal manera, los rasgos que aquí consideramos creemos que aún persisten en la actualidad política de nuestra patria.
"Probablemente la teoría más ampliamente expuesta se relaciona con la creencia de que las élites políticas han fracasado en la tarea de modernizar el sistema político de acuerdo con las transformaciones dramáticas que han tenido lugar en el período de la posguerra, especialmente a lo atinente al desarrollo económico y la modernización social. De acuerdo con esta teoría, los líderes de los partidos tradicionales contemporizaron durante el período del Frente Nacional y se resistieron a reformar el sistema político de acuerdo con las necesidades de una sociedad cambiante que buscaba una mayor participación política y una distribución más equitativa de la riqueza" (nota 21).
Desde esta perspectiva se puede sostener que las clases dominantes quisieron revitalizar el Estado colombiano con la propuesta del Frente Nacional, utilizando los instrumentos de poder legales que tenían a mano -los propios partidos liberal y conservador- los cuales, sin embargo, levantaban serias sospechas como hacedores de dicho proyecto, en la medida en que habían traicionado las expectativas de las masas, especialmente aquellas partícipes de la Violencia en la fase anterior. En consecuencia, los partidos tradicionales debían entrar a operar, en adelante, como partidos de cuadros, con la grave deficiencia de carecer en cuanto tales de programas elaborados para gobernar, de ideologías sistemáticas, diferenciadoras e identificadoras y de organizaciones de base bien estructuradas; así, se generaría una crisis de representatividad del conjunto de la sociedad colombiana en estos dos partidos.
Sucede que si un partido deja de traducir los intereses sociales y económicos como intereses políticos, renuncia a una de sus funciones principales en cuanto tal y termina representando "aquellos intereses que dominan la estructura de poder, inclinando casi inevitablemente el proceso de representación hacia el statu quo (sic)" (nota 22). En otras palabras, la organización política se limita a ser reproductora de un sistema dado y a otorgarle a quienes controlan el poder partidario la porción de beneficios que cree le deben corresponder.
La situación que se impuso condujo a que los partidos tradicionales colombianos se convirtieran en partidos de cuadros supremamente excluyentes, sin ningún asiento orgánico en las bases, alimentando en su dinámica los intereses personalistas, lo cual, a su vez, ha favorecido la continua aparición de facciones que limitan su quehacer al propósito de controlar las corporaciones y cargos públicos. En este sentido el sistema político colombiano da una clara muestra de inercia crónica, al conservar ciertos rasgos distintivos desde la formación de la República en el siglo pasado (nota 23).
Este reducido objetivo político le restó a los partidos capacidad de convocatoria (nota 24) pero le permitió mantener su existencia durante el Frente Nacional, como pieza decisiva del engranaje de dominación, mediante el mecanismo supremo del clientelismo (nota 25). Así lo señala Leal Buitrago : "... el medio clientelista no es un factor más dentro de la política. Con el fin de cumplir su función de apoyo para que el liberalismo y el conservatismo prácticamente monopolicen el sistema político, se requirió que las relaciones de clientela se convirtieran en el articulador principal de éste, es decir, de la manera como se ponen en práctica las normas que regulan el ejercicio de la política. De esta forma, el sistema colombiano ha llegado a ser el "sistema político del clientelismo"" (nota 26). En consecuencia "la novedad del clientelismo como fenómeno contemporáneo no radica tanto en su caracterización, sino, sobre todo, en que logró convertirse en el principal soporte de funcionamiento del sistema político" (nota 27)
Este tipo de relación de intercambio (nota 28) fue el reemplazo del sectarismo partidista de otrora y se desplegó con la modernización de un Estado que supuestamente se descentralizaba pero que, a la postre, creó entes paralelos o instituciones especializadas a través de las cuales creció la burocracia y se pusieron a disposición de intereses privados, bajo el nombre de los partidos, los recursos oficiales. En adelante, la fortaleza de los gobiernos estribará en su capacidad de suministrar recursos para conservar su capital político, aprovechando que la mayoría de grupos sociales no cuentan con un Estado que estructuralmente satisfaga sus necesidades más apremiantes.
El clientelismo terminó por fracturar los aparatos y la dinámica del Estado, lo que en otras palabras significa la multiplicación de las instancias de decisión sobre los destinos de la sociedad. Por una parte, el Congreso, al renunciar a su ejercicio político pleno se conformó con ser el principal agenciador del clientelismo hacia las regiones y municipios y mediante los recursos presupuestales del Estado nacional ; de otro lado, el Ejecutivo se limitó a mantener su "legitimidad" atendiendo las presiones de los grandes gremios económicos, principalmente los de la producción y la comercialización. Como lo señalaremos más adelante, estas serán posteriormente las dos fuentes de penetración de los narcotraficantes que pretendieron (y hasta cierto punto lo lograron) constituirse en actor significativo del sistema político colombiano : bajo el esquema clientelar, en el que ellos actuaron como elemento superior en la relación asimétrica, realizaron transacciones de muy alto calado en el Congreso, en el Ejecutivo y en parte de los sectores gremiales más representativos.
LA INERCIA ESTATAL EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
"...La mayor parte de los gobiernos frentenacionalistas, quizá con la excepción del de Lleras Restrepo y de las administraciones López y Turbay, estuvieron caracterizados por la inercia y la inmovilidad de la gestión estatal. Liberales y conservadores se resignaban a acordar, por medio de consensos, las políticas económicas y sociales y a repartirse milimétricamente la burocaracia del gobierno" (nota 29).
En medio de la tensión que implicaba la recomposición del sistema de poder, el Congreso de la República se fue quedando como una corporación que representaba los intereses terratenientes y regionales, al tiempo que el Ejecutivo recibía fuertes presiones de parte de los gremios, en torno a las más gruesas decisiones económicas: esto impondría paulatinamente la costumbre de la negociación de los gobiernos con los poderosos entes privados, más allá de los mecanismos y canales formalmente establecidos.
"La intervención del Estado en la economía se hizo palpable en especial con relación al sector externo: racionamiento de las divisas, estricto control de cambios, listas de prohibida importación y licencia previa, aranceles altos, supervisión de endeudamiento privado externo, etc." (nota 30). Se dispuso el fomento a la industria y a la agricultura, abaratando los créditos mediante una reforma bancaria: "Ahora, en 1963, se ampliaron la prerrogativas del gobierno en el control de los recursos del crédito al desplazar las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, dominada por los intereses de la Banca Privada, a la Junta Monetaria, en donde estaban representados el ministro de Hacienda, el de Desarrollo y el gerente del Banco de la República, más dos técnicos sin voto, y sin ningún vocero de la banca privada" (nota 31). En tanto, respecto al sector productivo, el Estado priorizó la construcción de la infraestructura para que aquél fuera posible según la iniciativa privada, como bien lo demuestra la participación estatal en la formación bruta de capital y en el ingreso nacional, cuya cifra más alta se alcanzó durante la administración de Lleras Restrepo, con un 20%, índice muy bajo comparándolo con otros países latinoamericanos como México, Brasil y Venezuela que oscilaban alrededor del 35%.
Como estrategia de pacificación, el débil Estado colombiano intentó una nueva Reforma Agraria con la promulgación de la Ley 135 de 1961. Su diseño exigía muy poco sacrificio a los terratenientes y un gran esfuerzo al conjunto de la población, que se vio obligada a aumentar sus contribuciones con el alza del impuesto a las ventas para financiar el crecimiento del gasto público. De forma complementaria, los gobiernos nacionales fueron recurriendo mayormente al endeudamiento externo, según las necesidades fiscales y según las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), dentro de las políticas de la Alianza para el Progreso; en 1968 la deuda externa de Colombia representaba el 4.3% del PIB, contra un 1% de los años cincuentas y contra un 30% en 1970.
Durante la administración de Lleras Restrepo, el gobierno introdujo dos reformas de envergadura: la Ley 444, con la cual entró a funcionar la tasa flexible de cambio o devaluación lenta, favoreciendo así el capital exportador; además, la misma Ley impuso límites a las remisiones de los capitales extranjeros de un 10% sobre el capital invertido, con el fin de impedir el drenaje de divisas que se venía dando hacia el exterior.
De otra parte, se hizo la Reforma Constitucional de 1968 mediante la cual el Congreso "entregó al Ejecutivo toda iniciativa en materia de presupuesto y gasto públicos sin ningún contrapeso en las otras instancias del Estado y más lejos que nunca del constituyente primario. El régimen político evolucionó de esta manera hacia una dictadura presidencial" (nota 32). En esta Reforma se creó el situado fiscal, las transferencias del 15% del presupuesto nacional hacia los Fondos Educativos Regionales y los servicios seccionales de salud y el establecimiento de múltiples entes nacionales a través de los cuales se propugnaba la prestación de diferentes servicios públicos en las regiones. De esta manera, tras la apariencia de una dinámica descentralizadora se concentró toda la acción oficial en el Estado Nacional, produciendo un efecto sobrecentralizador.
En suma, las principales medidas económicas tomadas desde 1961 hasta 1968, estaban orientadas a que la agricultura comercial (primordialmente el café) y la industria nacional ganaran competitividad en el mercado internacional. La dirección de las políticas económicas que se fueron imponiendo sobre la marcha, logró que los gremios que representaban estos dos sectores (Fedecafé y Andi) crecieran durante estos años, en detrimento de los sectores campesino, de empleados y obreros quienes irían recurriendo al paro cívico y a la huelga en demanda de mejores servicios públicos y de condiciones laborales estables, y pondrían en evidencia las crónicas ineficiencia e incapacidad del Estado para resolver sus necesidades básicas.
Adicionalmente, desde 1970 se introduce en el sistema financiero colombiano las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPACs) con la pretensión de ensanchar el mercado de la construcción y convertirlo en punta de lanza para el desarrollo de otros sectores productivos. Si bien en los primeros años este plan no logró dicha meta estratégica, servirá de base para otro fin, como es el de la ampliación del sistema financiero y del mercado especulativo de valores en la década siguiente.
EL FUNDAMENTO MILITAR DEL PODER POLÍTICO
Las características intrínsecamente distorsionantes del sistema político establecido y la búsqueda tortuosa de un modelo económico al servicio de intereses minoritarios, exigió el crecimiento y la consolidación de un aparato represivo que fuera funcional a los objetivos fijados y permitiera el manejo de situaciones recurrentemente explosivas, provocadas por la difícil situación de numerosos sectores inconformes. Este proceso ocurrió sin estar exento también de divergencias entre los grupos élites y particularmente entre quienes asumirían la tarea del control social y del orden público.
En 1960 se forma el Consejo Superior de Defensa Nacional y empiezan a salir las Revistas de las Fuerzas Armadas y del Ejército, que revelan un esfuerzo sistemático no sólo por comprender la guerra sino las sociedades modernas y sus problemas.
La nueva mentalidad introduce la tesis de la Seguridad Nacional, aplicada en el Plan Lazo y fortalecida bajo influencia foránea en el marco de la iniciativa continental de dicha Doctrina, complementaria de la Alianza para el Progreso. La idea central del "enemigo interno", infiltrado o instigado por fuerzas extrañas y foráneas y con el claro norte de instaurar el comunismo, va haciendo carrera dentro de la institución y en la opinión pública nacional. A partir de aquí se va interpretar por un sector de la Fuerzas Armadas los acontecimientos del 9 de Abril de 1948 como una clara intromisión del comunismo soviético (nota 33).
En 1962 se inicia una nueva época en las Fuerzas Armadas y en el Ejército colombiano en particular, con la designación del General Alberto Ruíz Novoa como ministro de Guerra. El nuevo ministro trae la influencia de la concepción de guerra revolucionaria del argentino Osiris Troiani, quien había transferido para su país las propuestas elaboradas en Francia por un grupo de coroneles a partir de las experiencias bélicas de Indochina y Argelia. Las nuevas nociones, que ya se trasmitían en las escuelas del Canal de Panamá, se aplicaron en el Plan Lazo, el cual "contenía elementos nuevos para enfocar la lucha contra la violencia y se basaba en el reconocimiento de las causas políticas, sociales y económicas del fenómeno y, en consecuencia, buscaba luchar contra esas causas" (nota 34). En términos precisos esto significaba orientar la guerra como una lucha antisubversiva : "El guerrillero es como el pez en el agua -decía el General- ; hay que quitarle el agua (nota 35). Esta es la tarea de la acción cívico militar y de la guerra psicológica".
La nueva visión hará estallar una crisis interna en el Ejército en 1965, que obliga a la renuncia de Ruíz Novoa y que hace evidente la presencia de dos escuelas dentro del mismo (nota 36): la tradicional, subordinada al poder político y económico, y la nueva que "tiende a romper la tradicional supeditación del ejército a las fuerzas económicamente dominantes", como finalmente se interpretó la conducta del ministro de Guerra frente a su despacho.
Aunque la segunda posición tuvo que abandonar temporalmente la dirección de las Fuerzas Armadas, su política continuó expandiéndose a través de las acciones cívico-militares, la creación de la Junta de Inteligencia Militar con los servicios de la Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del DAS y con la decisión de los oficiales ruiznovoístas de irse a combatir al campo (Valencia Tovar al mando de la V Brigada y Landazábal Reyes al frente del Batallón Palacé). Todo esto coadyuvará a que el Ejército vaya ganando una presencia jamás adquirida en la vida nacional y en la dinámica del Estado y vaya obteniendo más autonomía en sus propias decisiones.
SECTORES DE LA OPOSICIÓN SE ARMAN
Paralelo a la consolidación de un bloque de poder tan exclusivo surgió un factor armado de oposición con dirección y orientación ideológica autónomas, respecto a las clases dominantes. En estos años se va a pasar, entonces, de una violencia dentro del sistema a una violencia contra el sistema.
Este fenómeno tuvo sus causas específicamente colombianas : "En el período de la Violencia el aplastamiento de las organizaciones campesinas y sindicales, su desvertebramiento, tuvo un impacto tremendo en el futuro del país : la ausencia de un polo popular como actor con capacidad para incidir en las decisiones nacionales. A lo cual debe añadirse el cerramiento del Frente Nacional debido al monopolio bipartidista y la temprana "militarización" del proyecto de izquierda, que impidieron la gestación de un polo de izquierda legal y de masas, es decir, un proyecto de oposición revolucionaria que pudiese disputar a los partidos tradicionales su hegemonía en la sociedad civil.... El efecto fue contundente : la total desinstitucionalización del país, ya que el cerramiento del sistema político y la criminalización de dos vías, del Estado hacia toda forma de protesta social y de la izquierda hacia el régimen político y sus representantes, llevaron a que el polo popular se expresara en forma fundamental en las vías alternas a los canales definidos en los marcos institucionales. La marcha campesina, la huelga ilegal, el paro cívico y la guerrilla son la resultante que cerró los canales y los espacios para las fuerzas diferentes de las tradicionales y, a su vez, de las modalidades que asumió la oposición en Colombia" (nota 37).
Sin duda alguna hubo también un ambiente internacional, corroborado más de cerca por el triunfo de la revolución cubana en 1959, que alentó la alternativa de la lucha armada, aprovechando el reciente legado de la Violencia en Colombia. Ese contexto robusteció por lo menos tres ideas : 1) Las fuerzas populares sí pueden ganar una guerra ; 2) el foco insurreccional puede crear las condiciones que faltan para desplegar la guerra y, 3) la lucha armada se organiza desde el campo.
De esta manera surgen los principales grupos guerrilleros de este período : en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo la influencia del Partido Comunista Colombiano (PCC) (que ya proclamaba desde entonces la necesidad de "combinar todas las formas de lucha" para la toma del poder) y como evolución de las autodefensas campesinas del sur del país, llamadas por Alvaro Gómez Hurtado, "Repúblicas Independientes". Por otro lado, en el mismo año aparece el Ejército de Liberación Nacional en Santander (ELN), liderado por universitarios de la Unión Nacional de Estudiantes que se habían formado en Cuba y que asimilaron más literalmente la teoría del foco y la bandera de la construcción socialista. Finalmente, a raíz del conflicto chino-soviético, en 1965 se desprende del Partido Comunista una tendencia "marxista-leninista" que funda al Ejército Popular de Liberación (EPL), con raigambre en las regiones campesinas del Sinú y San Jorge.
La marca que dejará este fenómeno de "enguerrilleramiento" en la sensibilidad y la conciencia de muchos colombianos es la identificación de enemigos concretos, mutuamente estigmatizados como "antisociales" o delincuentes o como adversarios "de clase", a quienes se debe eliminar y destruir el proyecto institucional o potencial que representan. Sin embargo, por lo menos para estos años, el movimiento guerrillero no alcanzó mayor auge entre las capas de obreros y campesinos, al enfatizar desmesuradamente el uso legítimo de la violencia política y renunciando, al igual que las élites de poder, a una real representatividad social.
A consecuencia de lo anterior, en muy buena medida las organizaciones guerrilleras sufrieron rudos golpes que casi las lleva a su total extinción : entre 1967 y 1969 el EPL fue objeto de cercos militares, quedando con un solo destacamento ; entre 1973-1974 el ELN fue derrotado en la "Operación Anorí", siendo reducido a no más de 80 hombres ; y por los mismos años, las FARC fueron casi aniquiladas en la región cafetera. Complementariamente, en el seno de todas las organizaciones hubo serias diferencias ideológicas que, de conjunto, las confinó a la marginalidad política y a agudas crisis durante varios años posteriores.
3a. FASE : El ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL (1974-1982)
A su modo, algunos sectores dominantes se muestran dispuestos a embarcarse en la aventura del librecambio económico que empieza a estar en boga en el campo internacional. Todavía no están persuadidos todos los sectores dominantes para semejante empresa y el afán de instaurarlo con rapidez exige dos condiciones : el control represivo de los sectores sociales descontentos y la sustentación de capital, combinando para ello varias formas de acumulación (el endeudamiento externo, la suerte del crecimiento de algunas exportaciones tradicionales y la tolerancia con las exportaciones ilícitas).
El rasgo distintivo que dejarán las dos administraciones liberales en esta fase, será el de la libre competencia económica, con el consiguiente fraccionamiento de la sociedad colombiana en todos los ámbitos. En el juego del poder se impondrá nuevamente la lógica de las normas ilegales que, incluso, tratará de acomodar el orden jurídico a sus necesidades.
LA TRANSICIÓN DEL VIRAJE HACIA EL NEOLIBERALISMO
La economía colombiana, durante la década de los setentas, sufrirá un cambio sustancial respecto al sector principal de acumulación. Ya no será la industria manufacturera que había sido apoyada por el Estado y que venía en alza, sino fundamentará sus utilidades en las nuevas divisas que ingresan al país:
"La recesión de 1974 a 1976 no fue muy profunda y la economía continuó ampliándose pero a un ritmo menor. La bonanza cafetera que se inició a fines de 1976 contribuyó a sacar a la economía de la recesión, aunque en forma irregular y nuevamente inflacionaria en 1977. A partir de este año se multiplicó la entrada de divisas, provenientes no sólo de las exportaciones legales sino de las de marihuana, que se convirtió en uno de los principales rubros de las "no tradicionales". La economía subterránea del tráfico ilícito se amplió con demasiada rapidez y arrastró a sectores importantes de clase alta, media y baja. Se desarrollaron profesiones nuevas, como las del "lavador de dólares", el guardaespaldas, los reducidores y muchos otros... En tales circunstancias se fueron soltando las amarras de la férrea disciplina proteccionista aprendida en los años sesentas y se impuso en su lugar la nueva filosofía del consumo de lujo importado, la economía ilegal, la vista gorda, la corrupción, la búsqueda de la eficiencia por medio de la competencia externa y muchas otras cosas que en nada mejoraban la situación pero que también fueron introducidas por la política neoliberal" (nota 38)
Durante los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala empezará a hacer carrera el espíritu neoliberal con sus políticas monetaristas. El comercio exterior colombiano fue liberado considerablemente mediante la baja de aranceles de un 70% en promedio en 1970 a un 33% en 1978, ocasionando un aumento de las importaciones que entraron a participar de un 5% del trabajo nacional a partir de 1975, precisamente porque el exceso de dólares permitió el aumento del contrabando. El efecto nocivo fue el de la desindustrialización -primordialmente en el renglón más importante de los bienes intermedios- para el consumo interno (la industria nacional no había hecho reconversión tecnológica para competir con la oferta importada) y para el mercado externo (Venezuela, dada su crisis, dejó de demandar nuestros productos, otros países más desarrollados aplicaban medidas proteccionistas en su comercio y los llamados 'Tigres Asiáticos' tenían mayor capacidad competitiva).
La política económica entró a privilegiar al sistema financiero: "Después de la experiencia bastante exitosa del sistema UPAC, la administración López generalizó esta experiencia al resto del sistema financiero por medio de certificados de cambio y Títulos de Participación del Banco de la República. El tipo de interés fue elevándose en la medida en que se liberalizaba el mercado y escaseaba el dinero. Quizá sea este el elemento clave la política monetarista: hacer el dinero lo más escaso posible, caminando sobre el filo de la navaja del receso económico. Esta filosofía iluminó la administración López y la de Turbay Ayala" (nota 39).
La anterior orientación se hizo, como siempre lo explica el monetarismo, so pretexto de atajar la inflación (lo cual no siempre se logra) y en la práctica significó el traslado del ahorro hacia los bancos y las corporaciones financieras, el que antes reposaba en las arcas de las industrias o en manos de los simples ahorradores.
Así se favoreció a los grandes capitalistas en la medida en que a ellos no se les aumentó sus obligaciones tributarias. Y paradójicamente, el PIB no se elevó sino en un 1.5% en 5 años, mientras que la industria - la actividad productiva por excelencia- terminó pagando más por concepto de intereses que recogiendo utilidades: "en 1982, por primera vez en la historia después de la gran depresión de los treintas, los ingresos pagados por la industria superaron las utilidades recibidas por su propietarios: $55mil millones contra $52.1 mil millones" (nota 40).
La tendencia no intervencionista del Estado en la actividad económica permitió iniciar la formación de los grandes grupos económicos mediante el impulso de los Fondos de Inversiones, dándole vía libre a las supuestas fuerzas invisibles del mercado. "La liberalización del mercado de dinero significa también un crecimiento de los márgenes de intermediación, justamente el factor que permitió una mejora tan sustancial de las utilidades de los bancos y las financieras. La privatización de la intermediación facilitó el acceso de los grupos industrial-financieros al gran dinero, despejando el camino a la centralización del capital, a la adquisición de empresas con los préstamos que ellas mismas manejan y a la toma de las juntas directivas de aquellas sociedades demasiado endeudadas con las fuentes de créditos que ellas controlan" (nota 41). El primer ejemplo que vimos en el país lo hizo Jaime Michelsen Uribe y será duramente perseguido al sobrevenir la crisis financiera durante la administración de Belisario Betancur, lo que no ocurrirá con los otros cuatro conglomerados (Santodomingo, Ardila Lulle y Sarmiento Angulo y el "Sindicato antioqueño").
EL RÉGIMEN POLÍTICO ES CONDUCIDO POR EL FACTOR MILITAR
Aunque tardíamente en el concierto latinoamericano, en 1972 aparece por primera vez en la Revista de las Fuerzas Armadas (abril-mayo-junio No. 68) un artículo elaborado por el Brigadier General Hernando Castro, bajo el título de Doctrina de Seguridad Continental, que introduce de manera definitiva esta teoría dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.
A fines de ese año, los diez coroneles que hacen el curso de ascenso estudian la tendencia más radical de esta teoría, la cual propone no solamente un mayor protagonismo de la acción cívico-militar sino una conducción militar del Estado, en el entendido en que se acepta la existencia de una serie de indicios que significan la amenaza completa al orden democrático por parte del "sistema totalitario comunista".
En este ambiente cada vez más intenso dentro del Ejército, se suscitó de nuevo una crisis institucional que llevó a la separación en 1976 del General Valencia Tovar de su cargo como ministro de Defensa, durante el gobierno de López Michelsen, al hacerse público un desacuerdo entre los dos sobre la manera de abordar el fenómeno subversivo: mientras el primero veía cercana una victoria militar sobre el enemigo -dada su evidente debilidad- el Presidente proponía adelantar alguna negociación política. La crisis se prolongó hasta finales de ese gobierno que se vio obligado a nombrar ministros de Defensa por sucesión jerárquica, correspondiéndoles asumir a los de la tendencia "autonomista" o de Seguridad Nacional quienes, sin embargo, encontrarían condiciones más propicias en la siguiente administración para darle curso a su proyecto.
En efecto, en 1978 Turbay Ayala cede a las presiones de los militares, encabezadas por el General Luis Carlos Camacho Leyva, y promulga el Estatuto de Seguridad. La política seguida en adelante la describe así Jorge Orlando Melo :
"Un punto crucial en la lucha antiguerrillera tuvo lugar durante el gobierno de Julio César Turbay, cuando el Ejército logró el respaldo del ejecutivo para una lucha antiguerrillera que no estuviera obstaculizada por consideraciones legales tradicionales. En efecto, además de expedirse un Estatuto de Seguridad que daba a los militares funciones judiciales (Decreto 1923 de septiembre 8 de 1978), lo que resultaba una indicación de una crisis cada vez mayor del sistema judicial, congestionado, formalista e ineficiente, se toleró la utilización masiva de la tortura por parte de los investigadores militares, se autorizó la retención de ciudadanos por pura sospecha de las autoridades militares -sin que, aparentemente, se hubieran cumplido los requisitos exigidos por la Constitución para hacer tales retenciones- y se realizaron detenciones masivas de presuntos guerrilleros o simpatizantes ; entre agosto de 1978 y julio de 1979, las autoridades colombianas detuvieron a más de 60.000 personas, según informe del ministro de Defensa de entonces" (nota 42).
Dicha legislación extraordinaria, que se volvió común mediante la incorporación progresiva al régimen jurídico de las normas expedidas en tiempos excepcionales, garantizó la autonomía de las fuerzas militares y permitió a sus miembros extralimitarse contra guerrilleros y contra población civil presuntamente solidaria con aquellos. Todo esto en gracia a que no había ningún poder público que cuestionara o colocara límites a las iniciativas de un aparato del Estado que ahora le apostaba todos sus esfuerzos a la seguridad interna, olvidándose de la defensa de fronteras.
La estrategia, en consecuencia, coartó los derechos de expresión y movilización de las organizaciones sociales que en 1977 habían protestado contra las directrices económicas gubernamentales y habían exigido mejores condiciones de vida a través del paro nacional dirigido por las centrales obreras. Permitió, además, asestar algunos golpes contra el movimiento guerrillero, principalmente contra la organización más joven -el M- 19- ; pero de ninguna manera ayudó a frenar el crecimiento insurgente y menos su popularidad en medio de la opinión pública. Así, la guerrilla, a través del M-19 alcanzó una conquista política sin precedentes : colocar en el debate nacional la bandera de la paz y de la libertad lo que, a su vez, ilegitimaba el modo de proceder del régimen.
LA REACTIVACIÓN DEL MOVIMIENTO INSURGENTE
A grandes rasgos, hoy día se acepta que las trabas coercitivas que se le colocaron a las organizaciones sociales durante estos años, dieron pie a la proliferación de las opciones armadas como camino casi exclusivo de oposición política en Colombia. De esta manera, el hecho guerrillero pasará de ser un fenómeno marginal a constituirse en una opción más cercana de poder para significativos sectores de la población. Pizarro Leongómez describe así el fenómeno :
"El año 1979 marca el inicio de una etapa de auge y reactivación del movimiento guerrillero colombiano, que había vivido a lo largo de la década de los setenta, como hemos visto, un languidecer casi total. Las FARC pasan de 9 a 18 frentes y en su Séptima Conferencia en 1983 les añade a su sigla un significativo EP (Ejército del Pueblo) ; el M-19 concentra sus efectivos en el activo Frente Sur (Caquetá, Putumayo, y Huila) ; el EPL acrecienta su actividad en el Urabá y el nordeste antioqueños, y el ELN se reconstruye y se convierte en el grupo de más rápida expansión territorial. Además, en estos años emergen nuevos proyectos guerrilleros, como el grupo indigenista Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR Patria Libre)" (nota 43).
Lo significativo en este momento es que, desde la perspectiva insurgente, los grupos armados de la "segunda generación" introducen cambios en el estilo de la confrontación política, logrando configurarse como reales actores políticos y sobre lo cual podrán lanzar iniciativas hacia los sectores sociales para confluir en movimientos o frentes políticos amplios tales como La Unión Patriótica (UP), A Luchar (AL) y el Frente Popular (FP). En este sentido, hay un esfuerzo consciente por superar el aislamiento social en el que habían caído los primeros grupos guerrilleros.
Un vistazo general de los años que nos ocupan nos permite concluir que el país entra en un proceso de desinstitucionalización, pues todos los actores que más inciden en la lucha por el poder, de cualquier modo, se desajustan a las reglas del juego constitucionales o del Estado de Derecho. Buena parte de la economía estaba descansando en actividades ilícitas o en otras de tipo especulativo que escapaban al control oficial y que terminaron por ser toleradas, y el uso de la fuerza dejaba de estar bajo el monopolio del Estado y se diseminaba en múltiples sectores sociales y lugares de nuestra geografía. Los referentes institucionales que históricamente habían querido construirse (partidos, iglesia, hacienda o modernización...) quedaban expuestos a su resquebrajamiento, mientras se abría espacio la iniciativa particular y la más disímil feria de intereses encontrados.
4a FASE : CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y FRAGMENTACIÓN DEL PODER SOCIAL, POLÍTICO Y MILITAR (1982-...).
Desde hace dos décadas la sociedad colombiana empezó a tomar un marcado rumbo hacia su fragmentación, inducido por factores internos de desestabilización y por la influencia de las políticas aperturistas del último capitalismo. En ese camino el poder también se ha diseminado en múltiples expresiones y tendencias, con el agravante de que algunas de ellas han asumido métodos conspirativos e impositivos para prevalecer, provenientes de la lógica ilegal y mafiosa, y con el más abierto desprecio contra elementales principios de la democracia. He aquí los hechos y actores que han incrementado el caos en Colombia.
EL NARCOTRÁFICO
La década de los ochentas significa en Colombia la consolidación del poder del narcotráfico. Esta actividad logra estructurarse como un sistema de mercado, con sus propios recursos y mecanismos de expansión, con un complejo mapa organizativo de redes clandestinas y con un nivel de injerencia dentro de nuestra sociedad en todos los campos (económico, político y social) que la modifica culturalmente de manera significativa (nota 44).
Como mercado, el narcotráfico vinculó desde la base a cientos de miles de campesinos de manera permanente al cultivo de marihuana, coca y amapola y a su comercialización primaria, alterando grandemente los costos de vida en las zonas donde esto ocurrió. Pero, además, fue levantando poderosos oligopolios encargados del procesamiento, exportación y distribución, a gran escala, de los productos para consumir en Estados Unidos y en Europa, diseñando verdaderos truts conocidos con el nombre de carteles.
Estos mercados fundamentalmente clandestinos, dadas las proporciones que alcanzaron, han afectado muchos sectores del mercado legal, empezando por el régimen de propiedad de la tierra y el horizontal, siguiendo por el sector financiero, hasta tocar al mismo sector industrial. Aún más, la macroeconomía en Colombia se ha visto sustentada, desde el auge del negocio, por los dólares provenientes de dicho mercado, sobre todo en momentos en que los ingresos de divisas de las exportaciones legales se han visto reducidos por diversas causas (nota 45).
En suma, el narcotráfico ha tenido la capacidad de penetrar la estructura económica de nuestro país hasta tal punto que introdujo la noción de la ganancia fácil en todas las capas de la sociedad colombiana, es decir, extendió la idea de que es posible obtener grandes utilidades en el corto plazo y con el menor esfuerzo, simplemente haciendo uso de una gran dosis de audacia y riesgo.
Lo importante, para nuestro caso, es preguntarnos ¿qué hizo posible que el mercado de drogas prosperara tanto en Colombia y alcanzara la proyección internacional que efectivamente logró ? La respuesta a este interrogante no puede limitarse al argumento manido del "ingenio de los colombianos" y más bien nos debe remitir nuevamente a examinar el problema de cómo opera el poder en nuestra sociedad.
Dicen Krauthausen y Sarmiento : "El accionar de las empresas ilegales en gran parte es determinado por la naturaleza sui géneris de los factores y las condiciones ilegales de producción. Para que éstos puedan desenvolverse, tres bienes y servicios fundamentales tienen que estar disponibles : capital, violencia y la no actuación de la Policía y los juzgados" (nota 46).
Una contestación satisfactoria a nuestra inquietud nos lleva a pensar que esos factores sui géneris del mercado ilegal ya estaban presentes en la sociedad y en el Estado colombianos y estos, precisamente, hicieron posible el avance del narcotráfico. Estamos afirmando que el soborno y la corrupción ya eran un hecho en las estructuras públicas y privadas de nuestra sociedad para dar vía libre a cualquier proyecto económico de envergadura, así como la violencia contaba con suficientes raíces y tradición histórica como para ponerla al servicio de este nuevo objetivo de enriquecimiento ilícito (nota 47). Y también pensamos que el sistema clientelista, montado sobre las viejas relaciones gamonales, sirvió de base para consolidar hacia dentro las relaciones clandestinas de lealtad y subordinación de los carteles y hacia afuera para crear las relaciones de compromiso mutuo con las instancias de fiscalización y decisión del Estado.
La actividad del narcotráfico instauró, entonces, un poder enorme que se mueve dentro de la lógica de la mafia. Al tratarse de una actividad ilegal entran en contradicción los intereses económicos y el orden jurídico. "Se podría decir que el mercado ilegal es una "radicalización" de esa lógica capitalista que no soporta contradictores y oposiciones para la realización de sus fines : se derriban los posibles obstáculos que dificulten la consecución de los fines" (nota 48). Así, para el logro de esos fines, hay una dialéctica que va desde la confianza hasta la violencia : participan en la dinámica personas amigas o familiares entre quienes se presumen las virtudes de lealtad y fidelidad, pero en caso de violar las normas establecidas, como no existe un sistema jurídico que sancione o al cual se pueda apelar, los conflictos se dirimen por medio de la violencia.
Estos presupuestos del poder de mafia parecen haber permeado el funcionamiento político y económico de las élites colombianas. Así lo demuestran los conflictos que se desencadenaron entre los dirigentes políticos vinculados con el llamado Proceso 8mil, que investiga la entrada de dineros provenientes del narcotráfico a la Campaña Presidencial de Ernesto Samper Pizano : lo que hemos visto es un espectáculo público de mutuas recriminaciones, acusaciones y traiciones que pusieron al centro del escenario, como virtud principal del político, la lealtad entre los individuos, independientemente del contenido de la causa que se defiende ; a esa lealtad unos fueron fieles, mientras otros defeccionaron ; por la deslealtad se sabe mucho de lo que allí sucedió, por la lealtad aún se desconocen más hechos e implicados.
Y, en el mismo sentido, se llegó al punto de postular como ejemplo a seguir el espíritu empresarial del narcotráfico : "El país no puede darse el lujo de tener un sector real que tan sólo crece 2.5 por ciento al año. Esto tiene que acabarse y la mejor manera de hacerlo es exportando, tal como lo han conseguido con ingenio y malicia los narcos" (Carlos Arturo Marulanda, ministro de Desarrollo, el 17 de Agosto de 1989) (nota 49).
Con respecto a la violencia, el narcotráfico extendió e intensificó el conflicto bélico en el país. De un lado, proliferó la justicia privada a través de la contratación de sicarios o asesinos alquilados con el fin de cumplir tareas específicas de eliminación de enemigos ; muchos de estos jóvenes se fueron acostumbrando a su oficio y luego integrarían bandas o pandillas para amedrentar, subsistir o, en algunos casos, intentar proyectos políticos de control zonal en los barrios marginales de ciudades grandes o intermedias. De otra parte, en las áreas rurales los narcotraficantes también montaron grupos privados para su seguridad personal y la de sus propiedades, y participaron en una alianza con terratenientes y la fuerza pública para conformar los primeros grupos paramilitares con el propósito doble de controlar tierras destinadas al cultivo de alucinógenos y erradicar la presencia guerrillera en los territorios que iban comprando.
Con estos instrumentos los narcotraficantes dieron rienda suelta a modalidades de violencia sistemáticas tales como el asesinato selectivo y la masacre, bien para hacer ajuste de cuentas entre ellos y sancionar a transgresores del negocio o para controlar territorios y mercados, o bien para participar de los planes antisubversivos trazados por sus aliados estatales. A la postre, esta mezcla de tareas a cumplir, sentó la pauta para desmanes y desbordamientos más allá de lo planeado, que se hicieron manifiestos en contradicciones suscitadas entre los carteles de Medellín y Cali y, en consecuencia, entre los grupos paramilitares ; aunque la información aún hoy en día es difícil de precisar, sí es claro que muchos de estos grupos ganaron su capacidad de acción autónoma, desobedeciendo orientaciones de sus fundadores y erigiéndose, así, en un nuevo factor de violencia (de los más crueles) y de poder regional.
EL PARAMILITARISMO
Una confesión rendida en la cárcel de Villavicencio a principios de 1995, hecha por un paramilitar de Víctor Carranza, decía : "Las autodefensas o el comando de éstas informan a la Policía y al Ejército sobre qué clase de trabajo se va a realizar, todo detalladamente, entonces el día y a la hora acordada los uniformados se acuartelan ; cuando se va a realizar un trabajo en otra localidad... entonces viene un oficial de la Policía y se va delante de los vehículos de las autodefensas y va con el número de las placas de estos carros y en los retenes no hay ningún problema para transitar ; en los carros de las autodefensas, se entiende, van las armas" (nota 50).
Testimonios como el anterior llenan folios extensos que reposan en diversas dependencias del Estado colombiano, trátese de organismos de seguridad o de despachos judiciales. Todos ellos tienen varios aspectos en común : señalan la existencia indiscutible de grupos paramilitares en muy diversas regiones del territorio nacional; afirman que en su conformación y accionar han tenido que ver las Fuerzas Armadas y que para su aparición han contado con la financiación de los narcotraficantes, ganaderos, empresarios nacionales y empresas extranjeras ; también tienen de común que no han pasado de ahí, esto es, de ser escalofriantes testimonios de los cuales no se abren procesos judiciales y, si se abren, los casos se cierran "por falta de pruebas".
El paramilitarismo ha tenido en Colombia un sustento jurídico. Mediante el Decreto 3398 de 1965 que luego se convirtió en legislación ordinaria con la Ley 48 de 1968, se habilitó a las Fuerzas Armadas para amparar el uso privado de armamento y al Gobierno Nacional para utilizar a la población civil "en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad". En adelante todas las fuerzas de seguridad del Estado quedarían subordinadas a las definiciones de objetivos y actividades que determinaran las Fuerzas Militares ; por ejemplo, la Resolución 005 del 9 de Abril de 1969, en su No. 183 orienta "organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate". Y, efectivamente, estas definiciones no quedaron sólo en el papel.
Según se deduce de las denuncias formuladas por dos desertores militares, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano se desprendió el nacimiento del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) en Cali, rápidamente extendido hacia el Magdalena Medio y el Caquetá. Luego surgió el proyecto de Puerto Boyacá en el que se cambiaba el nombre de MAS por el de autodefensas, se comprometía a otros sectores económicos (ganaderos) y políticos (líderes regionales con respaldo de dirigentes nacionales) y, desde el punto de vista de seguridad, se hacía un viraje importante : "hasta comienzos de 1989 los contactos (de las autodefensas) se hacían con el Estado Mayor del Ejército y actualmente se utilizan intermediarios" (nota 51) para evitar cualquier comprometimiento de altos oficiales en las operaciones, pues la contratación de mercenarios extranjeros que llegaron en 1983 de Inglaterra e Israel, a entrenar paramilitares en la región, dejó muchos rastros.
Desde este momento el proyecto paramilitar despegó en firme en Colombia. Fue más ofensivo, bajo la consideración de que la guerrilla se había multiplicado a partir del proceso de paz promovido por el Presidente Betancur y frente al cual el sector dominante de las Fuerzas Armadas no ocultaba sus desacuerdos. La cúpula militar parecía haber definido como estrategia de combate contrainsurgente el impulso del proyecto paramilitar que, en lo que quedaba de la década, logró extenderse a regiones como Urabá, San Vicente de Chucurí, El Catatumbo, Cesar, Boyacá, Meta, Vichada, Guaninía, Casanare, Putumayo y el Valle del Cauca (nota 52).
En la actualidad el paramilitarismo ya se ha enraizado como un proyecto con pretensiones de poder : a nivel local quiere acumular la fuerza necesaria que le permita el control territorial y lo habilite como un posible actor político en el ámbito nacional, con asiento en una mesa de negociaciones al lado de la insurgencia y de las Fuerzas Armadas del Estado. Su identidad política, en todo caso, no deja de tener serias ambivalencias : no luchan contra el Estado ni contra el régimen político pero quieren mostrar una distancia frente a él ; de un discurso radicalmente anticomunista se muestran ahora como salvaguardas patrióticos ; desconocen el Derecho Internacional Humanitario en ocasiones y en otras quieren dar señales de que lo respetan.
Orgánicamente han pasado de ser grupos dispersos a tratar de constituir una sola fuerza en torno a un mismo mando, bajo la sigla de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como tales ya han realizado tres Cumbres Nacionales y han definido un programa político del cual poco se conoce.
Lo llamativo es que después de un década de avance paramilitar en el país, a través de sistemáticas acciones que se salen de cualquier elemental principio de guerra moderna (como la masacre, el genocidio, el ataque a población civil) el Estado no haya librado ni un solo combate contra estos grupos y menos haya trazado algún tipo de estrategia para neutralizarlos o eliminarlos (nota 53). Entonces el fenómeno paramilitar requiere de una comprensión más exacta no sólo en aras de una precisión teórica sino en función de su abordaje práctico. En general, decimos junto con Medina y Téllez que "La violencia parainstitucional la definimos como aquella que no tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino, el de "garantizar", complementar y suplementar su adecuado funcionamiento cuando "el Estado no está en condiciones de hacerlo" por las limitaciones que tiene en todos los órdenes. Parainstitucional en la medida en que es afín a los objetivos del ordenamiento existente y se compromete con el auxilio de la organización institucional ; por esto, existe una gran aproximación entre lo estatal y lo parainstitucional, y por lo general lo segundo deviene de las iniciativas de lo primero" (nota 54).
La ambigüedad se corrobora con más fuerza, cuando la administración Samper, con el ánimo de diferenciar a las Fuerzas Armadas de los paramilitares, alentó la proliferación de las Convivir (Cooperativas de seguridad ciudadana), que habían sido creadas mediante el Decreto 356 de 1994 (nota 55), reviviendo con ello el permiso legal de armar a la población civil, derogado por el Decreto 1194 de 1989, en el gobierno de Virgilio Barco. Bajo el techo de las normas que permiten su existencia, este tipo de agrupaciones se han expandido y armado fuertemente : "en 1996 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada otorgó a 60 Convivir permisos para adquirir 1.144 armas de largo y corto alcance. Esto significa que, en promedio, hay 19 armas por cada Convivir. Si en el país existen legalmente 507 Convivir (como lo afirmaba el superintendente Arias Carrizosa), podría haber 9.633 armas y la misma cantidad de hombres disparándolas" (nota 56).
Tan sólo a fines de 1997 estos organismos empiezan a tener una limitación jurídica para el uso de armas de largo alcance, según la sentencia de la Corte Constitucional. En todo caso, en muchas circunstancias no se logra establecer una clara diferencia entre las acciones de las Convivir y los grupos paramilitares o una oposición en sus objetivos.
Todo esta situación es la que ha llevado a que el Estado colombiano tenga que afrontar formalmente desde 1996, acusaciones ante las Comisiones de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), como responsable de violaciones graves de los derechos humanos. Si bien sólo ha recibido una condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (adscrita a la segunda organización intergubernamental) en el caso de la masacre de Trujillo, Valle - 1988, el Estado es objeto de investigación continua por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y es acusado en otras instancias de Terrorista. Esta acusación sindica al Estado como impulsor de una política violatoria de los derechos humanos universalmente reconocidos, mediante un sistema de impunidad que atenta contra la vida y la condición humana de los colombianos.
Las consecuencias más graves de la acción paramilitar se expresan en el hecho de que los sectores poblacionales más débiles -que son la mayoría- no tienen la opción de organizarse para constituirse en sociedad civil y muchos de ellos, además, están condenados al desplazamiento, lo que significa el desarraigo territorial y cultural de sus orígenes como grupos humanos. Asistimos, así, a la fase dramática de la descomposición y la destrucción del tejido social.
LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA
En medio de niveles crecientes de violencia protagonizada, entre otros, por los actores que acabamos de mencionar, y junto al ascenso del mercado oligopólico de la droga, se consolidaron en la década de los ochentas los cuatro oligopolios o grupos económicos que concentran ingresos 16 veces por encima de los ingresos de los más pobres, quienes constituyen el 80% de la población : el llamado Sindicato antioqueño, el Grupo Empresarial Bavaria -más conocido como Grupo Santodomingo-, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y la Organización Ardila Lülle.
El auge decisivo de estos grupos tuvo como antecedente un primer intento en el mismo sentido por parte del banquero Jaime Michelsen Uribe, cabeza principal del Grupo Grancolombiano. El conglomerado venía creciendo desde la década de los 70s, sobre la base de una serie de operaciones al amparo de los fondos mutuos de inversión, cuya creación fue autorizada por el gobierno nacional en los años sesentas. "Ayer, como ahora, los fondos eran unos portafolios de acciones donde los particulares adquirían un derecho común, pero se dejaba en manos de sus administradores la representación ante las asambleas respectivas. En el transcurso de pocos años, casi imperceptiblemente, Crecinco, Colseguros, Seguros Bolívar y los fondos Grancolombiano y Bolivariano fueron haciéndose al control decisorio de por lo menos 50 empresas Premium" (nota 57).
Los fondos Grancolombiano y Bolivariano atrajeron masivamente a millares de ahorradores ; hacia 1980 empezó una grave crisis patrimonial de los mismos que culminó en 1985 con la nacionalización del Banco de Colombia, pues la Superintendencia Nacional de Valores empezó a impedirles el traspaso de acciones de empresas industriales como Nacional de Chocolates S .A ., Cementos Argos S.A., Siderúrgica de Medellín S.A. e Industrias Alimenticias Noel S.A. para el cubrimiento de su déficit.
Estas operaciones, conocidas como "autopréstamos", generaron un gran conflicto político, pues ocurría una intervención estatal directa a través del gobierno nacional, colocándose al lado de una de las partes : en este caso, de los ahorradores y sobre todo de los dueños de las acciones, quienes fueron los que realmente presionaron la medida. La legalidad o no de las operaciones es todavía y hasta hoy objeto de discusión ; lo cierto es que la firme decisión del gobierno de Betancur le cerró definitivamente el camino a Jaime Michelsen para fortificar el primer gran emporio económico de Colombia. La oportunidad fue para otros cuatro que, en cambio, sí contaron con mayor favorabilidad política de los gobiernos de turno respecto al tipo de operaciones financieras de sus empresas.
Los cuatro grupos del momento producen el 75% de los bienes y servicios que se consumen actualmente en Colombia. En 1996 reportaron utilidades en el orden de 1.4 billones de pesos, esto es, 1.879 millones de dólares, en un año en que el crecimiento económico del país fue apenas ligeramente superior al 2%.
"Los cuatro grandes conglomerados han llegado en no más de diez años a la cima del poder con un dinamismo que no tiene par. Su modelo es la sinergia, consistente en la asociación de grupos de empresas amparadas por matrices o holding, invento del padre de los monopolios, el primer Rockefeller, y exactamente lo que Michelsen hizo, pero que ahora es legal" (nota 58). El Sindicato antioqueño surgió en 1978 de una alianza de 12 empresarios y encuentra su fortaleza en la producción de alimentos, en el sector financiero y en la industria de cementos. Las otras organizaciones se caracterizan por haberse desarrollado bajo la égida de un magnate : Luis Carlos Sarmiento, quien controla la mayor parte del sector financiero ; Carlos Ardila Lülle, quien disputa en las empresas cerveceras y de bebidas, en el sector de empaques, en el sector azucarero y en las comunicaciones ; y Julio Mario Santodomingo, quien se ha hecho fuerte en el sector bebidas, en el de comunicaciones y en el áereo.
Estos grupos, por tanto, han pasado a ocupar el lugar que en décadas anteriores se reservaban gremios como la Federación Nacional de Cafeteros y la Andi, ejerciendo un peso, no sólo económico, sino también político en la vida nacional. Varios ejemplos encontramos en este sentido : su abierta participación en la financiación de las campañas presidenciales ; la presión directa y a través de sus medios de comunicación en las decisiones que el Congreso toma con respecto a medidas que atañen a sus empresas ; más recientemente, el apoyo que todos los conglomerados dieron al Presidente Samper en la crisis del proceso 8mil (así el Sindicato Antioqueño haya tenido una posición dividida) ; y, finalmente, el papel que empiezan a jugar en la política de paz, asumiendo un interés que nunca antes habían mostrado con respecto al tema, al atender en 1997 la invitación del presidente de Costa Rica, José Figueres, para analizar la situación del conflicto armado en Colombia.
La perspectiva de todos ellos es su expansión internacional, partiendo del hecho de que ya hacen presencia en otros países, son competitivos y han establecido alianzas con capitales foráneos. Así, su existencia muy probablemente será como verdaderas multinacionales y no sólo como conglomerados locales : de ahí que no colocaron demasiada resistencia para el proceso de apertura económica en el que se embarcó el país desde el gobierno de César Gaviria.
LA NUEVA CONSTITUCION DE 1991
La aguda crisis en todos los órdenes por la que atravesaba el país, obligó al gobierno de César Gaviria a sobreponer los obstáculos jurídicos que imperaban para reformar la Constitución de 1886 y, de ese modo, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991.
A ella concurrieron muy diversos sectores sociales y políticos, aunque realmente no estuvieron representados con suficiencia los sectores campesinos, obreros, estudiantiles y populares, así se haya afirmado lo contrario en un principio. Pero tampoco participaron las más viejas guerrillas (FARC, ELN y un sector del EPL) al no ceder a las condiciones de desarme y desmovilización que exigía el gobierno. Cualesquiera sean los argumentos que se esgriman para explicar esas ausencias, lo cierto es que las consecuencias han sido graves en la medida en que buena parte del conflicto social, político y militar no tuvo un real tratamiento en ese escenario.
Al acceder a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente las élites del país pretendían, además del restablecimiento del orden público, un reordenamiento institucional que le otorgara la estabilidad al sistema político, realmente inalcanzado por el acuerdo del Frente Nacional. Esta posible distensión social permitiría un camino más expedito para llevar adelante el modelo económico aperturista.
Más que hacer un balance de los aspectos positivos y negativos de la nueva Constitución allí redactada, lo cual iría más allá de los objetivos de este trabajo, queremos señalar las tendencias fundamentales presentes en el texto constitucional y sus consecuencias para el funcionamiento de la sociedad y del Estado.
Como escribió el investigador Jorge Child, "la nueva Constitución política y económica de 1991 apunta hacia un modelo de descentralización, participación democrática, y privatización e internacionalización de la economía con el concepto de eficacia para redefinir la función social de las empresas y de la propiedad. Paralelamente a la libertad de empresas se compromete el Estado en la administración y prestación de los nuevos derechos sociales consagrados en este texto constitucional" (nota 59). Este modelo concibe "los derechos como poderes en cabeza de individuos" -al decir de César Gaviria-, o, como mejor afirma Child, se inscribe en "la filosofía postmodernista que juega con la contingencia, con la micrología y con la deslegitimación de movimientos unificadores en busca de una totalidad con destino histórico" (nota 60).
A esta perspectiva se recurre en un contexto de competencia abierta en que, como veíamos en un apartado más arriba, el tejido social colombiano se ha vulnerado y destruido en su base y se levanta la falsa ilusión de que los individuos, por el hecho de serlo, tienen todo el poder en sus manos para hacer valer sus aspiraciones. Sin embargo, "los individuos necesitan el respaldo de organizaciones gremiales, sindicales y políticas para validar sus derechos" (nota 61).
Se propone, entonces, que el individuo, con su accionar y su participación, sea la fuente de creación de la equidad social. Sin discutir pormenores, esta podría ser una hipotética opción en una sociedad industrializada donde, además de las élites, existan unas clases medias relativamente fuertes con capacidad de consumo y con ciertos niveles de decisión en lo social y lo político. Pero de ninguna manera resulta viable en una sociedad tan fracturada como la nuestra, con desequilibrios como los que anotábamos en relación con los ingresos laborales y en donde no se ha delimitado diáfanamente las fronteras entre lo público y lo privado y las relgas del juego de sus interacciones, o donde se quieren incorporar relaciones capitalistas con un importante agregado tecnológico mientras la mayor parte del mapa social se mueve en un entorno rural semifeudal o, en el mejor de los casos, en medio de relaciones industriales premodernas.
En este orden de ideas encontramos una insistencia muy fuerte en la participación ciudadana en el terreno político, mediante mecanismos individuales como el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato, la consulta popular, el cabildo abierto y la elección de gobernantes (Art. 103, Constitución Nacional) que, en el marco de nuestra tradicional cultura clientelista, no ofrecen la alternativa de una real transformación de las costumbres políticas sino, más bien, el traslado del viejo esquema nacional a los ámbitos regional y local. De aquí la preocupación de Jorge Child quien veía que "frente a la opción de una reglobalización de la política, la nueva Constitución nos propone con mayor énfasis la atomización de los grandes partidos y movimientos políticos en círculos de amigos y vecinos dentro de un pragmatismo de grupo y de taller...Claro que esta microutopía vendrá a consolidar la realidad de los grandes poderes multinacionales dominantes anónimos, los cuales son los que en realidad moldean la sociedad y desempeñan el papel de persuasores escondidos de su opinión pública" (nota 62).
De la misma manera hay que transitar largos caminos y por muchos años para pensar la efectiva participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo (Art.341, Constitución Nacional) cuando la tendencia cada vez mayor es a que éstos se formulen mediante los mecanismos impersonales de la informática en la sociedad internacionalizada.
Concluimos con Child : "En economías subdesarrolladas, sin infraestructuras básicas y permanentes de producción, la intervención del Estado en la construcción económica nacional debe prevalecer sobre cualquier aventura coyuntural del mercado. Pero el espíritu y la letra de la Constitución de 1991 está más del lado del mercado que de la intervención directiva del Estado en el desarrollo económico nacional" (nota 63).
La fuerza de los hechos, pasado el fulgor de 1991, es contundente : crece la distancia económica y social entre ricos y pobres, mientras que en el sistema político se imponen los escándalos de corrupción a la renovación de la maquinaria clientelista ; lo que salta a la vista de todos es el crecimiento vertiginoso de la violencia, como mecanismo primordial para conseguir cualquier objetivo por mano propia.
EL PODER DE LA INSURGENCIA EN COLOMBIA
El 5 de febrero de 1991, mientras era instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (nota 64) lanzó un crudo ataque en 6 departamentos del país, dejando un saldo de 12 atentados contra la red de oleoductos, 15 vehículos incendiados, 10 torres de energía voladas, 17 miembros de la Fuerzas Armadas muertos y 10 secuestrados. Algunas acciones fueron efectuadas en sitios cercanos a Bogotá e, incluso, en uno de ellos un noticiero de televisión logró una cómoda entrevista a guerrilleros de las FARC. Con estas acciones la guerrilla quería dos cosas : mostrar que su potencial bélico no podía ser ignorado ni por el gobierno ni por la sociedad en su conjunto y ganar una iniciativa política propia de cara a la propuesta de diálogo, un tanto más flexible, que había hecho el gobierno de César Gaviria.
A lo largo de las sesiones de la ANC, de manera paralela la insurgencia hizo pronunciamientos tratando de persuadir a la opinión pública, al gobierno y a la misma Asamblea de la necesidad de participar de algún modo en ella, pero sin desarmarse. Al no habilitarse esa opción, durante los meses de trabajo de la Constituyente, se siguió un forcejeo político permanente entre el gobierno y la guerrilla, que culminó con el inicio de los diálogos entre ambos, en Caracas, el 3 de Junio del mismo año. Allá en Venezuela, se celebraron 4 rondas de conversaciones cada una aproximadamente de 15 días, hasta el dos de octubre.
Los elementos mencionados nos dan cuenta de una nueva situación respecto al conflicto armado con la insurgencia : 1) Por vez primera se iniciaban diálogos sin la necesaria precondición del cese al fuego ; 2) se admitía sus celebración en un país extranjero, lo cual implicaba el involucramiento, de algún modo, de actores internacionales en el conflicto colombiano ; 3) en el diálogo mismo se buscaban fórmulas nuevas de cese al fuego, reconociendo con ello otras dimensiones de las guerrillas con las que se conversaba ; 4) participaban de la mesa de conversaciones personalidades, gremios y organizaciones sociales y políticas y, 5) en la agenda de conversaciones se introducían una serie de temas centrales de la realidad nacional que le abrían espacio al protagonismo político de la Coordinadora, en condiciones nunca antes vistos en ese escenario (nota 65).
A partir de estos diálogos y de los de Tlaxcala, México, que se llevaron a cabo al año siguiente ( y en ninguno de los cuales las partes llegaron a algún tipo de acuerdo), se pudo esclarecer respecto a la insurgencia nuevos elementos.
La CGSB congregaba a tres agrupaciones diferenciadas que, en conjunto, no representaban un proyecto unificado, aunque eventualmente podían existir coincidencias tácticas y estratégicas y acuerdos políticos y militares de tipo coyuntural. La Coordinadora era eso, una coordinación, pero no un mismo frente de lucha como sí alcanzaron a configurarlo los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por ejemplo. Es muy diciente, en esa dirección, que después de los diálogos de Tlaxcala haya predominado el accionar autónomo de cada grupo y los pronunciamientos públicos conjuntos sólo eran efectivos entre el ELN y el EPL, firmados por sus direcciones desde que se encuentran encarcelados algunos de sus miembros.
La discusión sobre las alternativas de cese al fuego y la posible localización de los frentes guerrilleros permitió saber :
Para 1997 las FARC contaban con 62 frentes rurales y 4 urbanos y entre 13 y 15 mil hombres. Lo frentes se agrupaban por bloques (6 en total) con un criterio estratégico militar. Cada bloque posee una estructura de mando vertical, representada por un individuo en la cima. El máximo mando lo integra el Secretariado General, compuesto por 7 personas. Este tipo de estructura le ofrece un cierto margen de maniobra autónoma a cada bloque y a cada frente, en las operaciones militares y en la política de consecución de recursos financieros. Aunque están localizadas en muchas regiones del país, su influencia mayor la ejercen en el sur.
El ELN, por su parte, para llevar adelante su proyecto, se estructura por frentes de guerra sobre la base de unos criterios estratégicos militares y de desarrollo socioeconómico. En cada Frente de Guerra (5 por todos) hay frentes guerrilleros rurales (32), frentes suburbanos (3) y frentes urbanos (10). Cuenta en la actualidad con alrededor de 5mil hombres. En su estructura cada frente urbano y rural y cada frente de guerra tiene una dirección que depende de la dirección nacional y específicamente del Comando Central (COCE), integrado por 5 miembros. Se orientan por planes nacionales definidos colectivamente desde la cúpula. Su poder se encuentra sobre todo en el norte del país.
El EPL es una organización de la que en estos momentos no se cuenta con información precisa, pues el sector que se negó a desmovilizarse es muy reducido en su número y se aglutinan en no más de 3 ó 4 frentes guerrilleros. Su porvenir se debate entre su reestructuración y reactivación o su extinción total.
Respecto al poder que representan, cada organización logra su máxima fortaleza principalmente en las zonas rurales. Sus estrategias no les han permitido hacer una presencia política y social en las áreas urbanas, aunque sí se lo han propuesto a través del impulso de grupos milicianos que operan dentro de las ciudades con criterios guerrilleros y en incursiones esporádicas en zonas de la capital de la República. En consecuencia, su poder real es de tipo regional y bastante distanciado de la opinión pública urbana que representa el 70% en el país. Su larga historia en las áreas de influencia donde se han establecido, les ha permitido asimilar y resignificar las características culturales de muchas regiones, con lo cual se cierran hacia adentro y se separan de las demás franjas de la población colombiana. El drama de la insurgencia está en que no ha encontrado los caminos para superar su marginalidad social (nota 66).
De ahí también su insistencia de recurrir irrestrictamente al recurso de la violencia armada para tratar de dar a conocer sus puntos de vista como de imponer sus criterios en las zonas de más o menos control. Pero esta conducta se convierte en su mayor debilidad dentro de la opinión ciudadana, máxime si reconocemos el progresivo divorcio entre la vida rural y urbana de un país que se fragmenta y rompe muchos circuitos tradicionales de interacción de estos dos ámbitos.
Paradójicamente, los grupos guerrilleros encuentran mayor audiencia, en el presente, en los escenarios internacionales desde los cuales se dirigen al país, aunque no necesariamente encuentren absoluta receptividad a sus planteamientos sino más bien expectativas de diferentes sectores que aspiran a jugar un papel en la resolución del conflicto armado de nuestro país. Complementariamente, las FARC, después de tomar distancia del PCC que en buena medida le dio origen como guerrilla revolucionaria, se propone construir un partido clandestino y un Movimiento Político Bolivariano de carácter amplio y democrático, cuyos resultados no logran ser visibles por el momento.
Amén del cierto control territorial que alcanzan los grupos guerrilleros, las FARC han dado muestra de un serio avance en su capacidad militar, realizando operaciones ofensivas exitosas contra fuerza fija del ejército, aniquilando cuarteles y reteniendo soldados a quienes ha dado un tratamiento dentro de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). De otro lado, tanto las FARC como el ELN ostentan un significativo poder económico que les permite mantener sus respectivos proyectos y se convierte en una enorme ventaja comparativa en el evento de una posible negociación política.
Este panorama nos permite sostener que el fenómeno guerrillero en Colombia tiene sus características autóctonas y obedece a factores históricos del país que trascienden la pretendida interpretación de que se trataba de un hecho conducido por el comunismo internacional. De tal suerte sus perspectivas de superación harían parte de una ineludible transformación de las estructuras del sistema imperante que no puede ser sino un programa de largo plazo y de largo alcance. Por ahora, el comportamiento insurgente demuestra que sus planes se orientan sobre todo a seguir consolidando su capacidad militar para tratar de llevar la guerra a otros niveles de confrontación y colocarla a su favor.
LOS ACTORES FORÁNEOSPara completar el marco de comprensión de los factores de poder que actúan en Colombia, debemos hacer un obligada mención a la importancia que ha cobrado la presencia del gobierno norteamericano en nuestro país, especialmente durante la administración de Ernesto Samper.
Realmente su conducta, de cara a nuestro país, viene siendo más permanente y profunda de lo usual: más allá de una tradicional cooperación militar o logística y de los condicionamientos en política económica para los préstamos internacionales, la Embajada norteamericana, el Departamento de Estado y sectores del Congreso estadinense opinan, presionan y exigen acerca de la política antinarcóticos de nuestro país, en materia de derechos humanos y sobre el desarrollo político interno que ha tenido que ver con el Proceso 8mil.
A partir del problema del narcotráfico el gobierno de Washington se ha propuesto una política de Estado con Colombia que incluye aspectos antidrogas, asuntos comerciales y elementos de seguridad en control marítimo, territorial y aéreo, tal y como se dejó ver de manera explícita en el memorando que el embajador Frechette envió a su gobierno (y cuya síntesis publicó el periódico Washington Post en el segundo semestre de 1996) con una serie de sugerentes medidas de presión que se han venido poniendo en práctica contra Colombia. Todo parece tener que ver con el mercado de las drogas -lo cual es cierto- pero también tiene repercusiones que trasvasan ese fenómeno. Por eso sus intereses son más de fondo.
Los hechos han ido creando una situación que Vicente Torrijos describe así: "Washington está creando el clima propicio para justificar el desarrollo de un enconado modelo de sanciones contra Bogotá si es que el Palacio de Nariño no se decide de una vez por todas a readaptarse al sistema de seguridad hemisférica" (El Tiempo, 14-VII-96, p 13A).
Aquí encontramos el principal interés de los Estados Unidos en nuestro país: garantizar que el sistema político colombiano -en particular del Estado- no obstaculice el control estratégico y geopolítico del área y del subcontinente por parte de los norteamericanos (sistema de seguridad hemisférica). La situación geográfica de Colombia es privilegiada para tal objetivo, así como las riquezas en recursos naturales y en biodiversidad. Allí se pretende llegar a largo plazo, una vez se superen los escollos actuales que vienen a constituir los intereses inmediatos de los norteamericanos.Uno de ellos es, no tanto adelantar una lucha global antinarcóticos, sino eliminar a los carteles que han dominado más directamente el negocio a nivel internacional, a juzgar por el énfasis de combatir el fenómeno hacia afuera y no tanto hacia dentro de su país, hasta el punto que alguna investigación de periodistas franceses denuncia cómo el propio Estado Norteamericano ha participado en el impulso del negocio ilícito. Siendo así, el destino del narcotráfico tiene distintas posibilidades, incluida su legalización, una vez Estados Unidos controle el mercado y así lo defina.
De otra parte se propone desprestigiar al sistema político colombiano, creando un clima nacional e internacional de ilegitimidad que obligue a la clase política dirigente a promover cambios sobre todo en el sistema de justicia, más acorde con el espíritu coercitivo que se ha venido implementando en varios países del área andina como Perú y Bolivia, desde el año de 1990.
En caso de que los requerimientos de esta política no se pongan en práctica en nuestro país, el gobierno estadinense habría adelantado un trabajo que justificaría posteriormente cualquier acción intimidatoria o intervencionista dentro de Colombia. Por eso el excanciller Rodrigo Pardo ve que, al continuar las relaciones como vienen entre los dos países, el escenario posible es la "quiebra de la democracia colombiana" (El Tiempo, 14-VII-96, p6A). Podemos decir, la pérdida total o casi total de autonomía para decidir el rumbo de nuestra sociedad en muchas materias.
En tal sentido, hemos entrado en una dinámica interna -resultado de las presiones de los gobiernos de norteamericanos y de sus políticas de Estado de largo plazo- que nos conducen a cambios estructurales de nuestro sistema político y a una relación bilateral con los Estados Unidos donde son ellos los que colocarían los términos y la agenda de la misma. De este modo se entiende la advertencia del ex-embajador Frechette en el sentido de que el problema del narcotráfico -precisamente el que ha dado motivo a la injerencia recurrente de los gringos en Colombia- es un tema que va estar presente en la relación bilateral por lo menos los próximos 20 años.
Lo anterior ha entrado a imponer, para quienes disputen el poder político en Colombia, la inclusión de las alianzas con los sectores norteamericanos, como condición necesaria para hacerse al control gubernamental (nota 67).
Pero, de otra parte, el gobierno colombiano ha venido recibiendo distintas presiones del propio Congreso norteamericano y, aún más, de la Unión Europea, alrededor del tema de los derechos humanos. Los continuos informes de entidades y actores internacionales se condensan en la condena que hace la Comisión de DDHH de la ONU a nuestro país, dirigida principalmente al gobierno de Samper, aunque también están mencionados los paramilitares y la guerrilla.
Las dimensiones que ha venido tomando este tema, por lo pronto han ido abriendo las puertas para una participación política de actores extranjeros en una parte neurálgica del conflicto político y social interno, pero en su discurrir se pueden crear condiciones para una intervención política de gobiernos con intereses aquí, bajo la consideración de que no hay fuerzas legítimas que en Colombia reviertan el fenómeno de las violaciones a la dignidad humana de la población.
Los acontecimientos ocurridos a finales de 1996 y los del presente año, lentamente van creando un nuevo escenario en la vida colombiana para el mediano y largo plazo. Este escenario se caracteriza por la globalización de nuestra problemática en la que las decisiones sobre la vida política, económica y militar de nuestra sociedad se vienen internacionalizando (intervención de Estados y organismos intergubernamentales) y transnacionalizando (intervención de agentes económicos y sociales como las multinacionales y ONGs) de manera más incisiva a como venía sucediendo en períodos anteriores. Así, pues, se marca una tendencia que nos revela cómo los conflictos internos de Colombia deben contar, de cualquier modo, con el concurso de actores foráneos que, de acuerdo con sus intereses específicos, quieren tomar partido por lo que aquí suceda.
Pero hacer parte de la realidad colombiana, desde cualquier perspectiva, significa asumir una postura frente al conflicto armado y a las expresiones de violencia y guerra que atraviesan a nuestra sociedad y a nuestra geografía nacional. Esto hace que nuestro particular proceso de globalización sea especialmente complejo, con un alto costo en vidas humanas y en destructividad social, mientras se reconocen los actores con su intereses encontrados.
¿CUÁL ES EL PODER REAL QUE REPRESENTA EL ESTADO COLOMBIANO ?
Después de esta lectura del período histórico que hemos delimitado, podemos llegar a algunas conclusiones acerca del tipo de poder que ejerce el Estado colombiano para, luego, abordar nuestra preocupación sobre sus posibilidades como garante de los derechos humanos en el país.
1. En Colombia el poder aparece diseminado en múltiples factores de carácter político, económico y militar, defendiendo cada cual intereses particulares y opuestos entre sí, aunque pretendan manifestarse como representantes del interés general de toda la sociedad. Adicionalmente, todos ellos, en mayor o menor medida, para constituirse en cuanto tales han utilizado mecanismos y recursos que se encuentran más allá de la legalidad formalmente establecida.
2. Lo anterior quiere decir que en nuestro país el Estado no ha conseguido establecerse en regente del orden social ni en regulador de los conflictos que aparecen al interior de la convivencia entre ciudadanos. En cuanto supuesta instancia referencial de los distintos sujetos que interactúan en la sociedad, en no pocas ocasiones el Estado ha sido objeto de utilización por parte de actores poderosos para obtener objetivos económicos de acumulación privada y para ejercer el control público sobre las franjas de población victimizadas que se rebelan contra las medidas que los afectan negativamente. En otros momentos el Estado ha tenido que actuar conforme a las presiones de actores nacionales y extranjeros que, con mayores recursos de poder, le han impuesto las reglas del juego en los campos económico, político y social. Y finalmente, si se trata de la definición de políticas oficiales, en la mayoría de los casos éstas han tenido que ver con iniciativas de tipo económico o coercitivo que favorecen los intereses de las élites, mientras que los proyectos sociales en favor de las mayorías se quedan a mitad de camino por la escasa destinación de recursos para los mismos. En resumen, el Estado es tan débil que no pasa de ser un actor más al lado de otros con capacidad de ejercer mayor poder en diversas circunstancias.
3. En consecuencia, nos encontramos con un Estado que no ha tomado forma, estructuralmente desequilibrado, con instituciones que no perfilan una capacidad de incidencia significativa en la vida nacional. Cuando hubo un intento en esa dirección por parte de sectores dirigentes a mitad del presente siglo, el proyecto sucumbió en una cruda Violencia desde arriba durante más de una década y en un acuerdo, también desde arriba, de asirse al poder para defender intereses de fracciones durante el período del Frente Nacional. La propuesta de recomposición del Estado en la Asamblea Constituyente de 1991, antes que abrir espacios a grupos subalternos ha dejado las puertas abiertas para que actúen y se expandan los grandes agentes económicos nacionales y multinacionales en detrimento del Estado y de los organismos sociales de base.
El funcionamiento de los aparatos del Estado se centralizó, en este período, en las instancias de control económico (Junta Monetaria, Junta Directiva del Banco de la República) y de fuerza (Consejo Nacional de Seguridad, Comandancia de las Fuerzas Armadas) donde políticamente el ejecutivo nacional concentra sus esfuerzos y su poder .
Por las primeras, la acción cada vez se reduce más a la toma de medidas macroeconómicas que obedecen a directrices de organismos internacionales como el FMI y el BM, y a las presiones de empresas multinacionales que invierten en Colombia o a las de los 4 grandes grupos económicos. A la postre, el "interés público" quedó reducido a sus dimensiones técnicas, es decir, a la eficiencia mensurable de las metas macroeconómicas y de las políticas sectoriales consignadas en "planes de desarrollo"...El Frente Nacional acentuó la necesidad de crear consensos entre los distintos sectores de las élites empresariales y sociales (los terratenientes tradicionales, por ejemplo) en torno a un modelo de desarrollo económico que privilegió al empresario buscador de rentas. Fuerte concentración del ingreso, consumo conspicuo de los grupos de ingresos medios y altos, bajas tasas de inversión y ahorro, índices bajísimos de fiscalidad, fuga de capitales, han caracterizado dicho modelo" (nota 68).
De lo cual deducimos que el poder económico de los principales agentes en Colombia ha llevado al debilitamiento del sector agropecuario e incluso de la misma industria nacional, y al favorecimiento del renglón financiero y de la práctica especulativa dentro de él, así como al impulso de mercados ilegales de estupefacientes y de productos para el consumo inmediato. Así, nos quedamos con el cuadro de un sistema económico que, en rigor, no ha completado el objetivo de la modernización de una infraestructura mínima para la producción o, en otras palabras, no ha conseguido la acumulación originaria de capital y se encuentra en una enorme desventaja comparativa para entrar al libre juego de fuerzas de mercado que, contra viento y marea, introduce el proyecto aperturista. Nuevos actores seguirán entrando al país, claro, exigiendo condiciones todavía más flexibles para sus utilidades.
Las segundas, como bien lo analizamos en este capítulo, significan la consolidación de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones, no tanto en defensa de la soberanía nacional, sino del control interno del orden público, es decir, en una dirección que va de arriba hacia abajo, a favor de las élites y en detrimento de los grupos subalternos. Por esto, las estructuras del Estado se desarticulan horizontalmente por sectores y verticalmente entre lo nacional y lo regional, dando lugar a la fragmentación del poder oficial en favor de la gestión corporativa, de la gestión privada y, en los últimos 15 años, de la acción delictiva.
4. Este vistazo nos permite concluir, así mismo, que la pérdida casi que absoluta desde 1948 de una ideología de regulación estatal, ha llevado al hecho cultural de carecer de elementos reales de integración nacional, en torno a los cuales nos identifiquemos como colombianos. Cuando los dirigentes políticos apelan, sobre todo en coyunturas ligeramente más críticas, al discurso de defensa de la instituciones, de la Constitución y de las leyes, no consiguen una defensa ciudadana del orden establecido sino una resignación -por la impotencia que se experimenta- a aceptar el orden de cosas dado. Pero si aún persisten la inconformidad, la resistencia y la rebeldía en la base social, se impone por antonomasia el discurso de la Seguridad Nacional, esto es, el del terror sicológico, el gerrerista, el dictatorial. Con esta ideología muy pocos colombianos se pueden identificar : o se amedrentan, o exaltan su ánimos desafiantes, y entonces el rigor de la violencia se sigue reproduciendo.
5. Entonces, ¿ qué nos queda de Estado ? ¿Cuál es el poder real que representa el Estado colombiano ? Por un lado, sustenta su poder en los aparatos coercitivos -los militares y los judiciales- a los que dedica, año tras año, la mayor parte del presupuesto nacional. De otro lado, trata de obtener su legitimidad mediante el contaminado recurso del clientelismo : la transacción impuesta, acompañada de chantaje y de soborno, la negociación oscura de la mayoría de agentes públicos que deciden sobre los recursos, en últimas, el sistema legitimado de la corrupción que derrota la alternativa de la concertación diáfana, democrática y honesta.
Nos encontramos, pues, con un difícil entronque de un Estado colombiano, lleno de avatares y distorsiones, con el proyecto modernizador diseñado para otros contextos de occidente y adaptado a las expectativas espurias de los sectores de poder en Colombia. De él se han asimilado sus tendencias modernistas, que contradicen el espíritu transformador de la modernidad y el progresista de la "modernización como aventura" de la que hablábamos en el capítulo introductorio. Por ese modernismo se ha instalado la idea de que el progreso es aumentar la capacidad de consumo y para ello sólo basta hacer más rentable el dinero y generalizar la técnica en las relaciones sociales. Marco Palacios lo sintetiza muy bien : "La trama histórica de muchos pueblos, entre ellos el colombiano, puede enunciarse así : las modernizaciones, es decir, los recursos y métodos disponibles para alcanzar los tres atributos modernos (independencia política nacional, expansión de la ciudadanía e industrialización) suelen ser contradictorias entre sí y hasta ahora tales contradicciones no parecen resolverse dentro de los moldes de la institucionalidad liberal, y en algunos casos inducen o bien el autoritarismo, o bien la violencia endémica" (nota 69).
Más adelante, propone el profesor Palacios :
El problema central del Estado colombiano es antes político que administrativo o técnico. Si las estructuras institucionales implican estabilidad y predictibilidad, el mandato popular significa dinamismo y negociación. Un gobierno gana parcelas de legitimidad desplazándose razonablemente en el plano de estas dos coordenadas. Por ello, debe permitir que se movilicen partidos y organizaciones partidistas, asociaciones cívicas, gremios, sindicatos, en defensa de sus intereses y aspiraciones. Para canalizar los conflictos que de allí surjan, debe crear y fortalecer instituciones idóneas, eficientes, transparentes, cuyos gestores rindan cuentas. Esto requiere saber repartir costos y beneficios entre grupos sociales, regiones, sectores de la economía. Es decir, el Estado debe rescatar las funciones de gobierno justo...tarea mucho más ardua y compleja que los ejercicios rutinarios y despóticos del ajuste macroeconómico y del diseño de políticas sectoriales" (nota 70).
Mientras un plan estratégico de esta especie no se ponga en marcha en nuestro país seguiremos abocados a la fragmentación social y política, alimentadas por las rígidas dinámicas internas y por la tendencia globalizadora del actual capitalismo. Dejaremos que el curso de la sociedad colombiana sea el que impere bajo el dominio de la violencia ciega. Y sobre todo, renunciaríamos a la ineludible misión de un Estado que sea real : la construcción de organismos sociales o sujetos activos de los derechos humanos.
Con esta perspectiva seguiremos nuestra reflexión : ¿Cómo, con quiénes y desde dónde construir sujetos auténticos, garantes de los derechos humanos, es decir, sujetos que salvaguarden la condición humana en Colombia ? Y, ¿qué papel debe y puede jugar el Estado en esta tarea decisiva para el futuro de nuestra Patria ?





NOTAS.
Nota 01 (volver): Gallardo, Helio. Fundamentos para una reflexión sobre el Estado Latinoamericano actual. Material policopiado, Junio de 1997.
Nota 02 (volver): "Téngase en cuenta, por otro lado, que el poder consiste en una relación entre personas -- relación por cierto desigual y tensionante. Pues el poder, lo mismo que la influencia, no existe sino en el momento en que, a instancias de A, modifica B sus ideas, sentimientos y comportamientos. El poder, entonces, no es algo sustancial que se pueda almacenar, como quien deposita barras de oro en una caja fuerte. No se tiene el poder, se le ejerce. Lo que se tiene son los recursos (vgr. dinero o un cargo oficial destacado), los cuales se emplean para ejercer el poder. Rodrigo Losada, Los conceptos de influencia y poder, policopiado, Universidad Javeriana, abril de 1985, pp 4-5.
Nota 03 (volver): Ibid. p. 9.
Nota 04 (volver): Al respecto sugiero leer el artículo de Malcom Deas, Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia, en Sánchez, G. y Peñaranda, R., Pasado y Presente de la violencia en Colombia, IEPRI y CEREC, Santafé de Bogotá, 1995, pp. 84-89. El autor sostiene que, antes que asegurar la continuidad entre uno y otro momento, hay que tener en cuenta el peso de las discontinuidades : 1) En las guerras del siglo pasado sobresale un liderazgo de las élites (no necesariamente representando a las clases dominantes), mientras que en la actualidad no ; 2) Anteriormente los ejércitos intervenían desde el comienzo de la guerra, en La Violencia actuó tardíamente ; 3) La duración de la actual violencia supera en mucho la más larga de la etapa anterior (La guerra de los mil días) ; 4) En las guerras civiles hay dirección estratégica mientras que La Violencia carece de ella ; 5) En consecuencia, en la primera hubo grandes batallas, no así en la segunda ; 6) Las formas de violencia de La Violencia fueron más salvajes que las de las guerras civiles ; 7) Además, dejó una secuela grande de bandoleros y bandidos ; y 8) La intervención de la policía fue más clara en la Violencia que en las guerras civiles. Aunque algunos de estos argumentos también son susceptibles de discusión y se exige un análisis estructural para mostrar o no la conexidad interna entre la violencia del siglo pasado y la actual, sí nos revelan que no es el momento de sacar conclusiones definitivas para explicarnos lo que sucede ahora, recurriendo a los antecedentes históricos más lejanos.
Nota 05 (volver): Ibid., pp 20-21
Nota 06 (volver): Pécaut, D. De las violencias a la violencia. Ibid., pp 262-264
Nota 07 (volver): Braun, H. Los mundos del 9 de abril, o la historia vista desde la culata.. Ibid., p.241
Nota 08 (volver): Ibid., p.242
Nota 09 (volver): Ibid., p.261
Nota 10 (volver): Pécaut, D. Ibid., p 265
Nota 11 (volver): Kalmanovitz, S. Economía y Nación, Una breve historia de Colombia. Cinep, Universidad Nacional, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1988, p 342.
Nota 12 (volver): Ibídem, p 344
Nota 13 (volver): Ibídem, p 341
Nota 14 (volver): Ibídem, p 368
Nota 15 (volver): Ibídem, pp 368-369
Nota 16 (volver): Rojas Pinilla se propuso controlar los medios de pago sobre un tope del 10%, lo cual afectaba a industriales y agricultores ; mantuvo la libertad en las importaciones, que derivó en déficit comercial muy alto para 1957 y en una grave afectación para los agricultores quienes no podían competir con el mercado de alimentos importados ; para cubrir parte del déficit fiscal impuestó a los cafeteros pero al poco tiempo le tocó retractarse ; mantuvo la libre inversión de capital extranjero pero al tiempo vendía barato divisas a los industriales, mediante la emisión de dinero, a fin de facilitarles la importación de bienes de capital...
Nota 17 (volver): Sánchez, G., op. cit., p34.
Nota 18 (volver): Afirma el investigador Leal Buitrago: "El más importante cambio político de este siglo fue la implantación del régimen del Frente Nacional en 1958. Este régimen compartido entre las dos colectividades tradicionales fue una respuesta a las necesidades políticas de un sociedad civil con mayor organicidad. Se había diversificado a través de organizaciones nacionales adicionales al bipartidismo, como un débil sindicalismo y unos gremios de la producción y la comercialización económicas, entre los que sobresalía el de los cafeteros. Sin embargo, el bipartidismo continuaba como la expresión política y social que permeaba y buscaba moldear a todas las demás". Leal Buitrago, F. Estructura y Coyuntura de la crisis política, en Leal B. y Zamosc L, Al Filo del Caos, Tercer Mundo Editores e IEPRI, Santafé de Bogotá, 1990, p 30.
Nota 19 (volver): Sigo aquí el estudio de Sánchez, G., Guerra y Política en la sociedad colombiana, El Áncora Editores, Bogotá, 1991, pp. 68-85.
Nota 20 (volver): Idem., p. 74.
Nota 21 (volver): Hoskin, G. Los partidos tradicionales : ¿Hasta dónde son responsables de la crisis política ?. En Leal B. y Zasmoc, L., op. cit., p. 165.
Nota 22 (volver): Ibid., p. 18
Nota 23 (volver): En efecto, como bien lo reseña David Bushnell, en Colombia se desarrolló una política partidista nacional antes que economía o cultura nacionales. Este partidismo se expresó como una permanente pugna por los puestos burocráticos, por las exiguas arcas públicas o simplemente por el status, en tanto que nadie se destacaba en la actividad económica privada.
Así mismo, la pugna era provocada y protagonizada por las élites recién llegadas al poder, en tiempos sobre todo de elecciones que, aunque ampliaban el margen de participación política, todavía lo dejaban en el estrecho círculo de las facciones dominantes. Política y partidos en el siglo XIX, en Sánchez, G. y Peñaranda R., op cit, pp 75-83.
Nota 24 (volver): Fijándonos solamente en la participación electoral, mecanismo exclusivo de la democracia bipartidista, encontramos estos datos : tasas de participación de 33.4% en 1978 y 36.9% en 1964, como las más bajas ; y de 72.7% en 1986 y 68.9% como de las más altas. El promedio de votación entre 1945 y 1988 es de 51.74%, apenas un poco más de la mitad de la población electoral, según datos del DANE.
Nota 25 (volver): El clientelismo, en todo caso, habiendo trascendido en la actualidad la maquinaria partidista, sigue siendo la caracterísitca primordial del sistema político colombiano que subsiste a las crisis de atomización y divisiones internas de los partidos. El antecedente más claro de este fenómeno lo encontramos, después de la implantación del Frente Nacional, en la reforma constitucional de 1968 cuando los partidos enajenaron su poder de decisión política estatal en el Congreso, entregándole amplios poderes legislativos al Presidente de la República (emergencia económica y estado de sitio) a cambio del control directo sobre los recursos presupuestales (auxilios parlamentarios) con los cuales era posible hacer política.
Nota 26 (volver): Leal Buitrago, F. El sistema político del clientelismo. En Revista Análisis Político No. 8, Septiembre-Diciembre, 1989, p. 9
Nota 27 (volver): Ibid., p 13
Nota 28 (volver): "...que implica una larga amistad instrumental en la cual un individuo de más status socioeconómico (patrón) usa su propia influencia y recursos para proporcionar protección y/o beneficios a una persona de menos status (cliente) quien, a su vez, corresponde ofreciendo apoyo y asistencia general, que incluye servicios personales al patrón" opera a tres niveles : entre dos personas, como conexión de agregados de personas y patronos o burócratas, y entre comunidades enteras y la sociedad. Ibid., p 9
Nota 29 (volver): Kalmanovitz, S., op. cit. P.415.
Nota 30 (volver): Ibid., p. 418
Nota 31 (volver): Ibid., p. 429
Nota 32 (volver): Ibid., p 442
Nota 33 (volver): Pierre Gilhodés hace un excelente seguimiento de los planteamientos que durante estos años formulan los oficiales en la revistas mencionadas : El ejército colombiano analiza la violencia. En Sánchez, G. y Peñaranda R., op. cit., pp 344-371.
Nota 34 (volver): Ruíz Novoa, Alberto. Una ambición que nunca tuve. En Lecturas Dominicales de El Tiempo, 28 de septiembre de 1997, p.6
Nota 35 (volver): "Quitarle el agua" : léase, "atacar las causas sociales, políticas y económicas".
Nota 36 (volver): En el mismo artículo citado, Ruíz Novoa afirma : "Como constancia histórica es de anotar que el Plan no fue totalmente comprendido y aceptado en sus aspectos novedosos por algunos de los Altos Oficiales, que tenían reservas sobre la aplicación de la Acción Cívica Militar, la Acción Sicológica, la transformación de todo el Ejército en una fuerza antiguerrillera. Esta incomprensión es posible que haya sido determinante en la actitud de los generales que intervinieron directamente en la crisis de enero de 1965".
Nota 37 (volver): Pizarro Leongómez, E. La insurgenica armada, raíces y perspectivas. En Sánchez, G y Peñaranda, R., op. cit., pp 393-394.
Nota 38 (volver): Kalmanovitz, S. Op. cit., p459
Nota 39 (volver): Ibid., p. 475
Nota 40 (volver): Ibid., p. 486
Nota 41 (volver): Ibid., pp. 489-490
Nota 42 (volver): Melo, Jorge O. Los paramilitares y su impacto sobre la política. En Leal Buitrago, Fracturas y Zasmoc L., op. cit., p.485
Nota 43 (volver): Pizarro Leongómez, E. Op., cit., p. 399
Nota 44 (volver): "El narcotráfico ha penetrado hasta los últimos resquicios de la sociedad, de la política, de la economía e incluso de la cultura y del deporte. Cientos de millones de dólares provenientes del negocio de la cocaína han pasado por las manos de industriales, obispos, colonos, militares, congresistas, guerrilleros y mercenarios. Han posibilitado, de la noche a la mañana, el auge de una nueva burguesía rica, poderosa y violenta. Han potenciado todos los conflictos políticos, económicos y sociales acumulados en largas y tortuosas décadas de historia republicana. Han desatado guerras. Y han cambiado la posición geopolítica de Colombia, que dejó de ser el "Tibet suramericano" para convertirse en la "MegaSicilia", el principal campo de batalla de la "guerra mundial de las drogas". Krauthausen, C. y Sarmiento, LF. Cocaína &Co., Tercer Mundo Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Santafé de Bogotá, 1993, p.18.
Nota 45 (volver): " Si agregamos todos los usos de las divisas que los agentes particulares aparentemente emplearon pero no adquirieron del Banco de la República, obtendremos el monto aproximado de las exportaciones provistas por la economía subterránea... En 1985 este agregado alcanza una proporción máxima del PIB cercana al 11% del mismo, y en promedio supera el 7% del PIB en los 17 años (1975-1991) que incluye el período analizado. Entre los usos más frecuentes está la adquisición de divisas con qué financiar la fuga de capitales o el cambio de activos en pesos por denominados en dólares, que podían ser transacciones entre un narcotraficante que adquiría una finca y su vendedor, quien recibía un giro en su cuenta en dólares en Miami... Sin los ingresos por divisas de la economía subterránea, y dentro de ésta la del narcotráfico, el balance en cuenta corriente hubiera podido desequilibrarse en grado sumo durante varios períodos... Con tal devaluación, la inflación interna tendría que ser mucho mayor de lo que fue y hubiéramos entrado en la espiral de hiperdevaluación, hiperinflación que azotó a la mayor parte del continente y que lo hizo pasar por la década perdida". Kalmanovitz, S. Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía colombiana. En Vargas R., Drogas poder y región en Colombia. Cinep, Santafé de Bogotá, 1994, pp 34-37.
Nota 46 (volver): Krauthausen y Sarmiento, op. cit., p 61
Nota 47 (volver): "Buscando maximizar sus ganancias, los grandes oligopolios legales por lo general sobrepasan la mera gestión económica al sobornar empleados estatales y constituir grupos de presión política para favorecer sus propios intereses...Al tratar de influir ya sea en la rama ejecutiva, legislativa o judicial la empresa oligopólica legal en ocasiones no se limita a la mera acción preventiva en cuanto a posibles disposiciones estatales futuras que puedan afectar al oligopolio, sino también puede tratar de evitar que una acción ilegal pueda ser sancionada... En Colombia, uno de los ejemplos más recientes de esta conducta oligopólica ha sido la manera como en mayo de 1990 el "Grupo Santodomingo" a través de presiones políticas logró revocar una sanción de la Superintendencia de Control de Cambios por manejo ilegal de divisas en 1982...Aunque no de una manera tan constante como en el sector oligopólico ilegal, también para los oligopolios legales el "no actuar de la Policía y de los juzgados" puede ser entonces un factor para tener en cuenta".
Y de forma particular " no se trata tan sólo de que el contrabando, el comercio de las esmeraldas y el mercado de la marihuana fueron posibilitando una acumulación de capital, la adquisición de experiencia "técnica" ilegal, el forjamiento de una infraestructura y el establecimiento de redes nacionales e internacionales. Estos mercados ayudaron también a forjar una serie de actitudes, tipos de relaciones y códigos sociales específicos de la ilegalidad" Ibid., p62 y p148.
Nota 48 (volver): Ibid. P 194
Nota 49 (volver): Ibid., epígrafe.
Nota 50 (volver): El paramilitarismo, una criminal política de Estado que devora al país, en Boletín informativo Justicia y Paz, Volumen 8, No2, Abril-Junio 1995, p 23.
Nota 51 (volver): Ibid., p 15
Nota 52 (volver): César Gaviria, ministro de Gobierno en 1987, denunció la existencia de 140 grupos paramilitares actuando en todo el país, aunque muchos de ellos eran sólo nombres distintos para las mismas organizaciones.
Nota 53 (volver): Tan sólo desde finales de 1997 el gobierno de Samper comienza a sacar avisos publicitarios ofreciendo recompensas por los supuestos principales cabecillas paramilitares. Con esta medida, en términos de imagen, por vez primera el Estado los define como antisociales ; en todo caso, al no haber ninguna estrategia de fondo para su persecución, la señal no pasa de ser sino una buena artimaña de manejo público, distinta a una voluntad real de confrontación.
Nota 54 (volver): Medina, C y Téllez M. La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Santafé de Bogotá, 1994, p. 45.
Nota 55 (volver): Se les atribuye como fin el que presten "Servicios especiales de Seguridad Privada". El artículo 39 del mismo Decreto define un "Servicio Especial" como "aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad. Parágrafo: Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos a los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional". El propio Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Herman Arias Gaviria, ratificó este carácter mediante la Resolución 368 de 1995, que lleva su firma, al especificar que están regidas por los artículos 39, 40 y 41 del decreto citado.
Nota 56 (volver): Convivir, embuchado de largo alcance. En Revista Alternativa, No8, marzo-abril, 1997.
Nota 57 (volver): Nieto Bernal, J. Compañía ilimitada, reportaje a los grandes grupos económicos. Planeta Colombiana Editorial, Santafé de Bogotá, 1997, p. 20
Nota 58 (volver): Ibid. p. 42
Nota 59 (volver): Child, J. El fin del Estado. Desestabilización política, caos constitucional. Editorial Grijalbo, Santafé de Bogotá, 1994, p25
Nota 60 (volver): Ibid., p8
Nota 61 (volver): Ibid., p 30
Nota 62 (volver): Ibid., p 47-48
Nota 63 (volver): Ibid., p 65
Nota 64 (volver): Para este momento la CGSB la integraban las FARC, la UC-ELN y el sector del EPL que no se desmovilizó. Habían salido de ella el M-19, el PRT, el MIR-Patria Libre y el Quintín Lame que se desmovilizaron y se reinsertaron a la vida civil. Sin embargo, hay que anotar que las organizaciones no desmovilizadas constituían, en conjunto, la mayor fuerza militar de la CGSB, tanto en número como en capacidad de acción.
Nota 65 (volver): La agenda definida incluía : Fórmula de cese al fuego ; relaciones de ese proceso de conversaciones con la ANC y demás corporaciones públicas ; paramilitarismo e impunidad ; Estado, democracia y favorabilidad política ; recursos naturales y soberanía nacional ; política económica y social ; veeduría del proceso de paz ; metodología, procedimientos y reglamentaciones de las negociaciones y de los acuerdos.
Nota 66 (volver): La distancia con las masas fue una situación que trataron de superar las organizaciones guerrilleras impulsando Frentes Políticos durante la década del 80 : Las FARC promovieron la propuesta de la Unión Patriótica ; el ELN la de A Luchar y el EPL al Frente Popular. La capacidad de movilización que alcanzaron se vio frustrada por dos situaciones : por el despliegue de la llamada guerra sucia o persecución paramilitar a los dirigentes de estas organizaciones que cobró la vida de por lo menos 4mil de la UP y otros muchos de AL y del FP; y por el excesivo control que ejercieron las guerrillas sobre "sus" masas, bajo un espíritu férreamente vanguardista, que le restó capacidad de acción autónoma a los actores sociales.
Nota 67 (volver): Una de las razones primordiales que confesó el General Rosso José Serrano, Comandante de la Policía Nacional, para desistir de su posible candidatura a la Vicepresidencia de la República, es que varios personajes que se han distinguido en Estados Unidos en la lucha antinarcóticos, desde organismos de seguridad o desde el Congreso de ese país, le aconsejaron no hacerlo.
Nota 68 (volver): Palacios, M. Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales. En Revista Análisis Político, No. 23, septiembre-diciembre, 1994, p14.
Nota 69 (volver): Ibid., p.8
Nota 70 (volver): Ibid., p.26
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