Encuentros de los Papas con Legisladores
- Discurso del Papa León XIV a los Miembros del Intergrupo de demografía del Parlamento Europeo: 25 de mayo de 2026, en: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/speeches/2026/may/documents/20260525-intergruppo-demografia.html
- Discurso del S. P. León XIV en el Viaje apostólico a España durante su Encuentro con los Miembros del Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados (Madrid), el lunes, 8 de junio de 2026
1. Discurso del Papa León XIV a los Miembros del Intergrupo de demografía del Parlamento Europeo25 de mayo de 2026
En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La
paz sea con ustedes.
¡Buenos
días a todos y bienvenidos!
Me
complace dar la bienvenida a los miembros del Intergrupo de Demografía del
Parlamento Europeo, junto con el Comisario Europeo para el Mediterráneo, el
Ministro italiano de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades y el
Representante Especial de la OSCE sobre Cambio Demográfico y Seguridad, con
motivo de su Conferencia sobre la familia y la demografía.
Como
representantes de sus respectivos pueblos, que reflejan la pluralidad de
opiniones políticas dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, su
enfoque en la cuestión demográfica del continente es sin duda oportuno, pues
este tema representa un desafío urgente con implicaciones prácticas para
millones de personas y sus familias en «lo que se está convirtiendo en el
“viejo continente”, ya no por su gloriosa historia, sino por su avanzada edad»,
como a menudo enfatizó el Papa Francisco (Discurso ante la Asamblea General de
los Estados de Nacimiento, 14 de mayo de 2021). Los problemas derivados del
estancamiento demográfico son numerosos y complejos, e incluyen, entre otros,
la pandemia de la soledad. Además, los datos demográficos no son meras estadísticas,
sino que hablan de paternidad, maternidad e hijos. ¡Y los niños son el futuro!
Sin embargo, hablar del futuro apunta a un desarrollo integral y sostenible,
que se ve seriamente obstaculizado sin solidaridad intergeneracional (cf.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 195). Lamentablemente, dicha
solidaridad requiere un equilibrio intergeneracional del que actualmente carece
Europa. Además, en las últimas décadas, observamos que el rechazo a la
inspiración cristiana de los padres fundadores de las instituciones de la UE ha
derivado en una época de esterilidad extrema, no solo porque a demasiadas
personas se les ha privado del derecho a nacer, sino también porque no se han
transmitido las herramientas materiales y culturales que los jóvenes necesitan
para afrontar el futuro (cf. Papa Francisco, cis., Discurso a los participantes
en el Diálogo «(Re)pensar Europa: Una contribución cristiana al futuro del
proyecto europeo», 28 de octubre de 2017). En consecuencia, con frecuencia nos
encontramos ante las afirmaciones contradictorias de políticas supuestamente
favorables a la familia, que al mismo tiempo promueven la discriminación contra
la maternidad, exaltan el aborto como un derecho y socavan el fundamento mismo
del deseo de formar una familia. Afortunadamente, ¡hoy contamos con
maravillosas excepciones!
Por
lo tanto, es urgente que todas estas cuestiones sean estudiadas y abordadas de
manera coordinada por un amplio abanico de organismos académicos, políticos y
sociales. El reto demográfico constituye un punto de inflexión crucial para el
futuro antropológico, social y económico de Europa. De hecho, su participación,
con la representación de todos los partidos, puede desempeñar un papel
fundamental y representa un foro ideal para explorar maneras de generar ideas
innovadoras, tan necesarias para Europa y el mundo. Este diálogo debe incluir
no solo a las diversas instituciones y gobiernos europeos, sino también a todos
los sectores de la sociedad civil, de la cual los cristianos forman parte
integral.
En
el centro de estos apremiantes desafíos, y en la clave para encontrar
soluciones, reside la dignidad fundamental de todas las personas y el papel de
la familia en la sociedad. Como nos recordó san Juan Pablo II, la familia es
«la primera e insustituible escuela de la vida social» (Familiaris Consortio,
43) y se fundamenta en el matrimonio entre un hombre y una mujer, una realidad
que une las dimensiones personal y pública. En este contexto, sus debates
también tienen la misión de fomentar la responsabilidad compartida y el papel
activo de las familias en la vida social, política y cultural (véase el
Discurso a los participantes en la reunión promovida por el CELAM, la Academia
Pontificia para la Vida y el Instituto Juan Pablo II, 19 de septiembre de 2025).
Solo respetando y promoviendo este lugar central de la familia, y aplicando el
principio de subsidiariedad, es posible evitar los dos extremos de la excesiva
intervención estatal y el individualismo.
Finalmente,
este enfoque no consiste en volver a modelos sociales del pasado, sino en
proporcionar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo los principios
inmutables que sin duda les guiarán para responder a las preguntas
fundamentales que se plantean en cada época: ¿Cuál es el sentido y el valor de
la vida humana?; ¿Qué es una auténtica sociedad humana?; y ¿Qué tipo de mundo
queremos legar a las futuras generaciones? En este sentido, es necesario
desarrollar y formular políticas nacionales y de la UE en colaboración con la
sociedad civil. En este sentido, quisiera señalar que la cooperación del
Intergrupo con la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa
(FAFCE) y con la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea
(COMECE) ofrece un excelente ejemplo de cómo diferentes entidades —cada una con
su propia área de competencia— pueden trabajar juntas para lograr un cambio
efectivo que mejore la calidad de vida.
Con estas reflexiones, ruego que continúen sus valiosos esfuerzos para promover la familia y la dignidad de todas las personas. Les envío mis más sinceros mejores deseos e invoco sobre ustedes y sus seres queridos las abundantes bendiciones de Dios Todopoderoso. Gracias.
ADDRESS OF POPE LEO XIVTO MEMBERS OF THE DEMOGRAPHY INTERGROUPOF THE EUROPEAN PARLIAMENT
In the
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Peace be
with you.
Good
morning everyone and welcome!
I am
pleased to welcome the Members of the European Parliament’s Demography
Intergroup, together with the European Commissioner for the Mediterranean,
the Italian Minister for Family, Natality and Equal Opportunities, and the OSCE
Special Representative on Demographic Change and Security, on the occasion of
your Conference on the family and demographics.
As
representatives of your respective peoples, reflecting a plurality of political
opinion within the Member States of the European Union, your focus on the
Continent’s demographic question is certainly timely, for this issue signifies
an urgent challenge with practical implications for millions of people and
their families across “what is becoming the ‘old continent’ — no longer because
of its glorious history, but because of its advancing age,” as Pope Francis often
emphasized (Address
to the General States of Birth Assembly, 14 May 2021). The
problems resulting from zero-growth demographics are many and complex, and
include, not least, the pandemic of loneliness. Moreover, demographic data are
not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children. And
children are the future! Yet, speaking of the future points to an integral and
sustainable development, which is seriously impeded without solidarity between
generations (cf. Compendium
of the Social Doctrine of the Church, 195). Sadly, such solidarity
requires an intergenerational balance that is currently lacking in Europe.
Furthermore,
over recent decades, we can see that a rejection of the Christian inspiration
of the founding fathers of the EU institutions has led to a time of drastic
sterility, not only because too many have been deprived of the right to be
born, but also because there has been a failure to pass on the material and
cultural tools that young people need to face the future (cf. Pope
Francis, cis, Address
to Participants in the Dialogue “(Re)Thinking Europe: A Christian contribution
to the future of the European Project”, 28 October 2017). As a
result, we are not infrequently faced with the contradictory claims of
purportedly family-friendly policies, which simultaneously promote
discrimination against motherhood, exalt abortion as a right, and undermine the
very foundation of the desire to start a family. Happily, there are wonderful
exceptions with us today!
All of
these issues, therefore, urgently need to be studied and addressed in a
coordinated way by a wide range of academic, political and societal agencies.
The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological,
social and economic future of Europe. Indeed, your involvement, with its
cross-party membership, can play a vital role, and is an ideal forum for
exploring ways to generate innovative ideas, which Europe and the world so
desperately need. Such dialogue must include not only the various European
institutions and Governments, but also the full cross-section of civil society,
of which Christians are an integral part.
At the
heart of these pressing challenges, and the key to providing solutions, lie the
fundamental dignity of all persons and the role of the family in society.
As Saint
John Paul II reminded us, the family is “the first and irreplaceable
school of social life” (Familiaris
Consortio, 43) and is founded on marriage between a man and a woman, a
reality that unites the personal and public dimensions. In light of this, your
discussions are also tasked with fostering the shared responsibility and active
role of families in social, political, and cultural life (cf. Address
to Participants in the meeting promoted by CELAM, the Pontifical Academy for
Life and the John Paul II Institute, 19 September 2025).
For only by respecting and promoting this central place of the family, and
applying the principle of subsidiarity, is it possible to avoid the two
extremes of excessive State intervention and individualism.
Finally,
this approach is not a matter of returning to social models of the past, but of
providing the men and women of our time with the unchanging principles that can
surely guide them in answering the fundamental questions asked in every age:
What is the meaning and value of human life; what is an authentic human
society; and what kind of world do we want to hand on to future generations. In
this regard, national and EU policies need to be developed and formulated in
partnership with civil society. Here, I would note that the Intergroup’s
cooperation with the Federation of Catholic Family Associations in Europe
(FAFCE) and with the Commission of the Bishops’ Conferences of the European
Union (COMECE) offers an excellent example of how different entities — each
with its own area of competence — can work together to secure effective change
that will enhance the quality of life for all. This is the impetus Christians
are bringing to the European project, so that policies look to human persons in
their entirety and always promote the dignity of human beings. In this way, a
genuinely human path can be opened for resolving the demographic crisis,
oriented toward the common good, and the wellbeing of future generations.
Indeed, only a fresh springtide for the family can transform the winter chill
of our ageing populations!
So with
these reflections, I pray that you will continue your vital efforts to promote
families and the dignity of all people. Offering each of you my heartfelt good
wishes, I invoke upon you and your loved ones an abundance of Almighty God’s
blessings. Thank you.
El Congreso de los Diputados del Reino de España durante la visita del S. P. León XIV a su sede el 8 de junio de 2026
Imagen tomada de El País, en: https://elpais.com/espana/2026-06-08/el-tercer-dia-de-la-visita-de-leon-xiv-a-madrid-en-imagenes.html
2. Discurso del S. P. León XIV en el Viaje apostólico a España durante su Encuentro con los Miembros del Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados (Madrid), el lunes, 8 de junio de 2026
Presidente del
Gobierno,
Presidenta del Congreso de los Diputados,
Presidente del Senado,
Presidente del Tribunal Constitucional,
Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Miembros del Congreso de los Diputados y del Senado,
Señoras y señores:
Agradezco a la Señora
Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica
ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de
acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente
de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo
ante todos ustedes como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica,
consciente de que la misión confiada al Sucesor del apóstol Pedro como
principio y fundamento de unidad de los Obispos y de los fieles (cf. Lumen
gentium, 23) coloca a la Santa Sede, de modo peculiar, en diálogo con
los pueblos y con los Estados.
Mi presencia entre
ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua
cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La
Iglesia “camina con la humanidad”, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha
los interrogantes de cada época y se deja interpelar “por todo lo que concierne
a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy”. Por eso, cuando se dirige
a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y
la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar.
Reconoce “la autonomía de las realidades terrenas” y “la distinción entre
comunidad eclesial y comunidad política”; y, precisamente desde esa conciencia,
aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar
aquello que hace verdaderamente humana la convivencia (cf. Magnífica
humánitas, 18-19).
En este hemiciclo se
da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se
ordenan y, cuando es posible, se convierten en decisión compartida. Por eso,
más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba
encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana
inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes.
Ante esta cuestión,
España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y
política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón,
el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse
fecundamente. En sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en
sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva
una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la
justicia y ordenar la vida común.
Desde las páginas
universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que «la libertad
[…] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos» (Don
Quijote de la Mancha, II, 58), hasta la hondura espiritual de santa Teresa
de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud
metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre «no se resigna a morir del
todo» (Del sentimiento trágico de la vida, I), España ha sabido mirar al
ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político:
lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida
por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir; en una
palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio
está sujeta la acción legislativa.
Por eso, al hablar hoy
de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al
pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los Reyes
Isabel y Fernando, remite a aquel momento en que España quedó situada ante
responsabilidades históricas de alcance universal; pocos años después,
Salamanca habría de asumir, con singular lucidez, la reflexión moral y jurídica
que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace quinientos
años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones
entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser
invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban
como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta
por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder.
Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la
altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana.
Sin embargo, aquel
interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio
momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad
humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la
existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la
reflexión de la Escuela de Salamanca —y de manera particular fray Francisco de
Vitoria, junto con otros dominicos y jesuitas— contribuyó a formar una
conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre
consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como
sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la
dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones
sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Ésta es una de las
grandes herencias de España: haber unido la acción histórica con la lucidez de
la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió
las aulas y las bibliotecas, y llegó a formar parte de una conciencia más amplia,
compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo
construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición
de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el
legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea
verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes
que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede
legítimamente vulnerar.
La pregunta salmantina
sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos
mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas: se despliegan
en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital,
donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida
personal y social.
El progreso ofrece
posibilidades admirables, y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de
la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi
reciente Encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el
rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza (cf. Magnífica
humánitas, 9); por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo,
nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en
nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del
trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común.
Este discernimiento
comienza por una afirmación primera: toda sociedad auténticamente justa se
edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana.
Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a
consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento
(cf. Benedicto
XVI, Discurso
ante el Parlamento Federal alemán, 22 septiembre 2011). Pertenece a
todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo
ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la
Revelación; la razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la
verdad del hombre (cf. ibíd.).
Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de
todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares.
Sobre este fundamento,
me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la
grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta
convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces
advirtió el Papa
Francisco (cf. Discurso
a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, 27 septiembre
2021). En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor
fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse
plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al
anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente
del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión
parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización. Toda vida
humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso
natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se
oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su
significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso, la
grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de
acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad.
El bien común es, en
cierto modo, “la forma social de la dignidad humana” (cf. Magnífica
humánitas, 59). No consiste en la mera suma de intereses particulares,
sino en «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la
propia perfección» (Gaudium
et spes, 26). Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la
acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales,
incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos.
En este contexto,
reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento
natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se
transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí
donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y
social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad
en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental
de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y
pertenecer.
También las
instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las
nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, a cuestionarse
sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos
padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu
crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas,
como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre
el «derecho primario e inalienable» de los padres a «elegir el tipo de
educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias
convicciones morales, culturales y religiosas» (cf. Magnífica
humánitas, 143; cf. Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, art. 18.4).
La afirmación de la
dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven
obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el
trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el
fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se
ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus
comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad
rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una
cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada
por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición
económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual
dignidad de todos los seres humanos.
La situación de los
migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las
causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales,
una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al
mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que
nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones
dignas de vida, por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis
climática (cf. Magnífica
humánitas, 81).
En los últimos años,
las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta
realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo
presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación.
Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las
víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral.
Ninguna nación puede
afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable
una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección,
acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta
institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser
lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable
de la dignidad humana.
Señorías:
El mundo atraviesa una
profunda crisis espiritual y cultural, que se manifiesta en múltiples formas de
violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se
presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia
moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto,
instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que
busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la
amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia.
En el plano
internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una
visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la
obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos
pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en
última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de
aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia
entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca
podrán edificar una paz auténtica y duradera.
Por eso, preocupa que,
en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el
rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario
internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del
diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz
de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician
de la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la
inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética
rigurosa, para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean
descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la
persona humana (cf. Discurso
en la Universidad “La Sapienza”, 14 mayo 2026).
La comunidad
internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo
como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto
a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad
sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y
la esperanza.
Como recuerda el lema
de la Unión Europea, In varietate concordia, la unidad verdadera no
uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas,
sensibilidades y tradiciones una ocasión de enriquecimiento mutuo.
Asimismo, dentro de
las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La
pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del
adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse
en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha
y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las
capacidades de todos.
Pero la paz no es
solamente una realidad política o institucional. Nace también en la conciencia,
allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la
reconciliación. Por eso, se instaura y se protege también a través del
lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la
realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una
responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar
la palabra para «desarmar el lenguaje» (Mensaje
para la Cuaresma de 2026, 13 febrero 2026). La firmeza no exige
desprecio; la discrepancia no conlleva humillación.
De este respeto al
otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus
convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito
interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad
verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión, derecho fundamental que tutela el ámbito más íntimo de las personas.
La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica,
reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela
jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la
sociedad en la que vive por causa de su fe.
Sin confundir el plano
jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una
comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente estar libre de
coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder
reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad
efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público,
de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las
asociaciones no sea indebidamente restringida (cf. Dignitátis
humánae, 1). Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden
temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso.
La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo,
tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida
pública.
En este contexto, el
sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la
Iglesia católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa,
que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización
y disciplina interna (cf. Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa, Acta Final de Helsinki, 1 agosto 1975, Principio VII).
Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones,
significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente
puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen
también las normas internacionales (cf. Corte Penal Internacional, Reglas
de Procedimiento y Prueba, Regla 73.3).
Señoras y Señores:
Permitan que me
detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta Cámara. En este Salón
de Sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz
que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una
medida que la precede y la supera.
También las pinturas
que evocan, en la parte superior del muro principal, la recepción del Evangelio
y del Decálogo recuerdan algo esencial. Sin confundir el orden político con el
religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido
preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente
marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos
aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a
la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen
plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su
dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía.
Una ley no alcanza su
verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la
alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la
dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse.
Les invito a alzar,
pues, la mirada: no para alejarse de la realidad, sino para
recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y
hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la
altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está
en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y
las reformas legales, hace falta también una renovación moral.
España puede ofrecer
mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes; una tradición
cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón,
derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también
el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia
pacífica y justa.
Que esta noble nación
jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que
España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de
esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las
convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio.
Que Dios conceda paz a
todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las
conciencias. Y que, sobre el Reino de España, marcado por la huella apostólica
de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días
de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias.
El vídeo puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=gaGR7ZglHuU
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